La situación real es que hay una legalidad vigente y una banda de asesinos que la infringe constantemente, arrogándose el derecho sobre la vida de los demás. El Estado tiene el inexcusable deber de defender y amparar a las víctimas y el de perseguir y acosar, hasta su total erradicación, a los asesinos y a sus cómplices, tanto civiles como políticos, funcionarios e instituciones, en el nivel en que se encuentren.
Si los responsables del Estado omiten sus deberes y responsabilidades, los servicios judiciales deben actuar de oficio, puenteando a las fiscalias y a los políticos. Si los servicios judiciales no gozan de la debida independencia como para hacerlo, sin ser represaliados, esta obligación recae sobre las FSE, especialmente sobre las que ostentan la responsabilidad de las garantias constitucionales y lindes territoriales. El delito no puede quedar impune por miedo a romper la jerarquización en la cadena de mando. Especialmente cuando se urde, fragua y promueve desde dentro del Estado.
Si el Estado no tiene o no puede articular y activar mecanismos para poder defenderse incluso de sí mismo, que dejen de mentir y se anuncie públicamente que abandonamos el sistema que ampara el estado de derecho y nos sometemos al régimen radical y personal del Sr. Zapatero. Las dos cosas son totalmente incompatibles, como se puede apreciar con total claridad. Al menos que sepamos todos a que atenernos.
No hay absolutamente nada que justifique una sola reivindicación del terror. No hay paz que negociar con los que la perturban mediante el peor de los delitos. No tienen ningún derecho sobre la paz, ni para negociarla ni para disfrutarla.
Esa es la realidad que se combate. El que en la manifestación hubiera mil, cinco mil o tres millones, no va a mejorar o empeorar la triste y bochornosa actuación de los gestores del Estado que utilizan a éste para golpear a la Nación y omiten sus debebres y responsabilidades sobre el cumplimiento de la legalidad y el respeto al estado de derecho y contra los que no la cumplen. Acabar con el terrorismo y el radicalismo fascista del nacionalismo, sí. Venderse a él poniendo a España a su merced, en absoluto.
Clandestino
Si los responsables del Estado omiten sus deberes y responsabilidades, los servicios judiciales deben actuar de oficio, puenteando a las fiscalias y a los políticos. Si los servicios judiciales no gozan de la debida independencia como para hacerlo, sin ser represaliados, esta obligación recae sobre las FSE, especialmente sobre las que ostentan la responsabilidad de las garantias constitucionales y lindes territoriales. El delito no puede quedar impune por miedo a romper la jerarquización en la cadena de mando. Especialmente cuando se urde, fragua y promueve desde dentro del Estado.
Si el Estado no tiene o no puede articular y activar mecanismos para poder defenderse incluso de sí mismo, que dejen de mentir y se anuncie públicamente que abandonamos el sistema que ampara el estado de derecho y nos sometemos al régimen radical y personal del Sr. Zapatero. Las dos cosas son totalmente incompatibles, como se puede apreciar con total claridad. Al menos que sepamos todos a que atenernos.
No hay absolutamente nada que justifique una sola reivindicación del terror. No hay paz que negociar con los que la perturban mediante el peor de los delitos. No tienen ningún derecho sobre la paz, ni para negociarla ni para disfrutarla.
Esa es la realidad que se combate. El que en la manifestación hubiera mil, cinco mil o tres millones, no va a mejorar o empeorar la triste y bochornosa actuación de los gestores del Estado que utilizan a éste para golpear a la Nación y omiten sus debebres y responsabilidades sobre el cumplimiento de la legalidad y el respeto al estado de derecho y contra los que no la cumplen. Acabar con el terrorismo y el radicalismo fascista del nacionalismo, sí. Venderse a él poniendo a España a su merced, en absoluto.
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