De Juana Chaos y la cobardía del Estado

Decía el abogado del Estado, Conde Pumpido, algo así: "Será mejor que cumpla su condena en su casa, con vigilancia policial y atención médica, a que se 'fugue', o muera". Razonamientos avalados, con total naturalidad, por otro componente del mismo clan, un tal chávez, y que casualmente coincide con la línea anti legal y anti nacional del talante, que no renuncia, ni renunciará, al triunfo de los asesinos sobre el Estado de Derecho.

Enternecedor, ¿o amenazante? ¿Quiso decir que "fugarlo" es el plan "B", si los jueces no lo sueltan? No sería la primera vez que el Estado defiende y ampara a los asesinos de las actuaciones de los jueces, llegando su degradación hasta utilizar a la propia policía para tan despreciable "deber".

Cuando criticamos al Estado sus actuaciones antinacionales y prodelictivas, solemos hacerlo desde una perspectiva que neutraliza el valor de dichas críticas por interpretar al Estado como un Ente abstracto y lejano. Como un demonio cuyas maldades solo Dios pudiera resolver. Como si nuestro subconsciente nos justificara a nosotros mismos ante nuestra propia cobardía y conformismo en el consentimiento de ser estafados por el Estado cada minuto de cada hora de cada día.

"Premeditadamente olvidamos" que el Estado es el conjunto de órganos de gobierno por el que se rige nuestra Nación. Que lo pagamos y lo mantenemos nosostros para que nos sirva fiel y lealmente, desde la más rigurosa observación de la legalidad democrática. Que esos individuos que pasan de nosotros como de comer mierda, los elegimos única y exclusivamente para eso. Ni un solo mvimiento más, especialmente contra nosostros. Que esos individuos que se endiosan usando nuestros medios contra nosotros y se fortalecen aliándose a delincuentes y asesinos, no son un ente abstracto ni ocultos en las nebulosas del infierno. Son delincuentes. Son de carne y hueso y tienen nombres y apellidos y ocupan nuestras instituciones prostituyendo o destruyendo las garantías de nuestra convivencia. Que desde el mismo momento que desprecian a la Nación que les paga para ser servida, se deslegitiman y desde ese mismo instante esta tiene derecho y sobre todo el deber, de expulsarlos de NUESTRO Estado. Por las bravas si es menester.

¿Si arremetemos contra el pescadero cuando le pagamos una merluza y nos sirve un jurel, porqué no lo hacemos con una montaña de sinvergüenzas que les pagamos democracia y omitiendo la ley nos entrega odio, enfrentamiento, humillación, vejación y expolio, a la par que acoge, en nuestros aposentos, al hampa criminal?

¿Tan bajo hemos caído y tan miserables hemos llegado a ser? ¿Será verdad que hemos llegado a merecer vivir bajo la hedionda alitosis de esa morralla?

¿Cuando va a demostrar la justicia su obligada independencia y va a interrogar al ESTADO sobre sus prácticas proterroristas y antidemocráticas, contra la Nación?

¿Y qué propones, Gundisalvo? ¿Has oído hablar de la ALCD?

Sr Nava: Yo voté No a la actual Constitución porque tuve la suerte de que me enseñasen sus futuras consecuencias; y todo quedó "redondo" con la Ley Electoral. Yo quero lo sencillo, el votante elige a sus representantes, no a las siglas. Los partidos políticos no pueden imponer la "disciplina del voto", y no hay Ley d'Hont. Por supuesto el Senado es Cámara Territorial, y el representante elegido tiene oficina en su distrito para escuchar a aquellos que le han votado.
Ya no hablemos de la independencia de poderes (incluida la prensa o los media como creo que ahora se llaman). Yo lo propongo, pero es obligación (si las propuestas son muchas) de los profesionales del Derecho y de la política realizarlo, se lo que quiero, pero no estoy capacitado para hacerlo. Es como si me fuese ha hacer una casa, se lo que quiero, pero llamo a un arquitecto...

Heralio.

El código penal está lleno a rebosar de leyes políticas fabricadas por esos políticos que se muestran tan tiernos con el hampa criminal nacionalista o llevan su cobardía a permitir y aceptar su existencia e incluso ceder ante sus exigencias, o peor aún, hacerlas suyas. Las leyes políticas salvan intereses políticos, nunca se fabrican para que puedan ser aplicadas a sus propios delitos. No hay mas que ver con qué facilidad se saltan sus leyes y se ufanan de ello, sabedores de su inmunidad. Sabedores de que sus leyes obstruyen o impiden la justicia, en la mayoría de sus casos políticos o perimetrales.

En un Estado de Derecho con la debida independencia entre poderes, los jueces no hacen una aplicación rigurosa del código penal, sino que imparten justicia, de forma rigurosa, por encima de este, incluso anulando o rehaciendo alguna de sus leyes. En un Estado de derecho, la ley la hace el juez, ajustándola a la justicia, mediante jurisprudencia, saltando por encima de leyes, malas, nulas o torpes para hacer justicia y solo válidas para desplazar el fiel hacia ciertas actuaciones de exclusivos intereses políticos.

Un juez de verdad, en una democracia de verdad, nunca aplicará la ley tal cual. La entenderá como un referente para impartir justicia, dando prioridad a esta por encima de cualquier código, y así debe ser, porque la justicia está muy por encima de la propia ley. Aplicar el código penal lo hace cualquiera. No hay que ser juez. Aplicar el código penal tal cual, llena las cárceles de menos culpables y las calles de muy culpables, espesando las penas sobre delitos menores y aligerando las de los mayores. Eso queda muy lejos de ser ni la sombra de la pretendida justicia.

Un Estado de Derecho se caracteriza porque nadie puede eludir esa justicia, ni siquiera mediante las truculentas leyes que permiten, a algunos, salir “redimidos” de sus cobardes orgías sangrientas, como las llevadas a cabo por asesinos degenerados como de Juana, tras cumplir ocho meses de condena por cada asesinato. Algunos tienen la bochornosa desfachatez de invocar al Estado de Derecho para legitimar esa injusticia legal, en lugar de invocarlo para lo contrario, es decir, para adaptar la ley a la medida del delito proporcionando debidamente las culpas y damnificaciones, de forma que en un Estado de Derecho nadie pueda eludir una justa sentencia por mucho que la ley lo permita, hasta incluso invitar al delito de alto nivel y cruentas consecuencias. En un Estado de Derecho los asesinos como de Juana se pudren en las mazmorras, en justa condena, diga lo que diga el código político-penal.

Atípicamente, doce jueces de la Audiencia Nacional han tenido la dignidad profesional y el valor personal, de, al menos por esta vez, no dejarse amedrentar por los poderes del Estado -más próximos al criminal que a la justicia- e impartir justicia mejorando la ley. Lo que deja claro y demuestra que sin independencia judicial, no puede haber ni justicia, ni democracia.

Nunca impartir justicia tuvo nada que ver con las venganzas como aspecto reservado a gentuza de arrabal, como los asesinos nacionalistas, sus simpatizantes y seguidores, o sus cómplices del Estado. Hablar de ello es demagogia de la más barata.