La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar –por la decisión unánime de seis jueces sobre la demanda presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas- al Estado Colombiano por las masacres sucedidas en Antioquia hacen ahora algo más de 9 años.
Los sucesos de La Granja y El Aro, dos corregimientos (poblaciones que no tienen estatus de municipios pero que dependen de estos) de Ituango, en Antioquia, tuvieron lugar el 11 de junio de 1997 y el 25 de octubre del mismo año y fueron perpetradas por las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), grupo paramilitar actualmente desmovilizado. En ellas 19 campesinos fueron asesinados. El actual presidente de Colombia, Alvaro Uribe era entonces Gobernador de Antioquia.
La sentencia del alto tribunal dice que, según informó el periódico “El Tiempo”, de Bogotá. “el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, de los vejámenes a que fueron sometidos los habitantes, debido a que no tomó las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la Fuerza Público y autoridades que hacían presencia en la región”.
En La Granja, veintidós paramilitares irrumpieron en el corregimiento, ordenaron el cierre de establecimientos públicos y asesinaron de manera colectiva a cuatro campesinos. La Corte explicó que las pruebas demostraron que los “paras” pasaron por la zona de Chapineros “luego de que un retén del Ejército fue levantado”.
En El Aro, los paramilitares atacaron el corregimiento, reunieron a los habitantes en el parque central y asesinaron a 15 de ellos.
La Presidencia de la República se apresuró –el mismo día de conocerse el fallo- a garantizar que “Colombia honrará sus obligaciones internacionales y acatará con respeto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El fallo también ordena el pago de una indemnización de cerca de 1.426.000 dólares a las familias de las víctimas, algo más de 3.500 millones de pesos colombianos. Igualmente, condena al Estado a poner en marcha un plan de vivienda para los damnificados de ambas poblaciones y les garantice un plan de retorno seguro a quienes tuvieron que huir después de las masacres y se convirtieron en desplazados. La Corte también insta, entre otras cuestiones, al Estado “a pedir perdón público por lo ocurrido y a publicar el pronunciamiento en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional”.
“Este es el conflicto más grande, más cruento y más antiguo de Occidente”, me explicaba estos días en Oviedo Javier Orozco Peñaranda, portavoz del Colectivo de Refugiados Colombianos en Asturias y que participaba en el Seminario regional de expertos sobre el “Proyecto de declaración universal del derecho humano a la paz”, organizado por la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).
Y subrayaba: “A pesar de las apariencias de un Estado formal, Colombia es un país en el que la Justicia no funciona y que padece una crisis generalizada de los derechos humanos, tal como lo han puesto de manifiesto personas tan cualificadas como Gabriel García Márquez. Este fallo, que no me sorprende, es buena prueba de ello, aunque se refiera a hechos sucedidos hace casi una década”.
Con esta sentencia parece que, una vez más, el Derecho Internacional cubre el hueco que, por diversos motivos, deja la inacción o desidia de la justicia nacional o interna, en este caso la colombiana. Un buen día, sin duda, para los Derechos Humanos y menos bueno para los que apuestan por el imperio de la impunidad.
eduardo caldarola de bello
Los sucesos de La Granja y El Aro, dos corregimientos (poblaciones que no tienen estatus de municipios pero que dependen de estos) de Ituango, en Antioquia, tuvieron lugar el 11 de junio de 1997 y el 25 de octubre del mismo año y fueron perpetradas por las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), grupo paramilitar actualmente desmovilizado. En ellas 19 campesinos fueron asesinados. El actual presidente de Colombia, Alvaro Uribe era entonces Gobernador de Antioquia.
La sentencia del alto tribunal dice que, según informó el periódico “El Tiempo”, de Bogotá. “el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, de los vejámenes a que fueron sometidos los habitantes, debido a que no tomó las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la Fuerza Público y autoridades que hacían presencia en la región”.
En La Granja, veintidós paramilitares irrumpieron en el corregimiento, ordenaron el cierre de establecimientos públicos y asesinaron de manera colectiva a cuatro campesinos. La Corte explicó que las pruebas demostraron que los “paras” pasaron por la zona de Chapineros “luego de que un retén del Ejército fue levantado”.
En El Aro, los paramilitares atacaron el corregimiento, reunieron a los habitantes en el parque central y asesinaron a 15 de ellos.
La Presidencia de la República se apresuró –el mismo día de conocerse el fallo- a garantizar que “Colombia honrará sus obligaciones internacionales y acatará con respeto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El fallo también ordena el pago de una indemnización de cerca de 1.426.000 dólares a las familias de las víctimas, algo más de 3.500 millones de pesos colombianos. Igualmente, condena al Estado a poner en marcha un plan de vivienda para los damnificados de ambas poblaciones y les garantice un plan de retorno seguro a quienes tuvieron que huir después de las masacres y se convirtieron en desplazados. La Corte también insta, entre otras cuestiones, al Estado “a pedir perdón público por lo ocurrido y a publicar el pronunciamiento en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional”.
“Este es el conflicto más grande, más cruento y más antiguo de Occidente”, me explicaba estos días en Oviedo Javier Orozco Peñaranda, portavoz del Colectivo de Refugiados Colombianos en Asturias y que participaba en el Seminario regional de expertos sobre el “Proyecto de declaración universal del derecho humano a la paz”, organizado por la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).
Y subrayaba: “A pesar de las apariencias de un Estado formal, Colombia es un país en el que la Justicia no funciona y que padece una crisis generalizada de los derechos humanos, tal como lo han puesto de manifiesto personas tan cualificadas como Gabriel García Márquez. Este fallo, que no me sorprende, es buena prueba de ello, aunque se refiera a hechos sucedidos hace casi una década”.
Con esta sentencia parece que, una vez más, el Derecho Internacional cubre el hueco que, por diversos motivos, deja la inacción o desidia de la justicia nacional o interna, en este caso la colombiana. Un buen día, sin duda, para los Derechos Humanos y menos bueno para los que apuestan por el imperio de la impunidad.
eduardo caldarola de bello
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