Los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro país ponen de relieve que nuestro modelo de convivencia se tambalea de forma ostensible, e ignorar tal cuestión o negarla no impide que realmente esté sucediendo.
La actuación del Gobierno en el "affaire" con los controladores aéreos ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema configurado en el año 78, y cuyo desarrollo nunca se llevó a cabo. En este sistema, nuestro sistema democráticamente elegido, el Gobierno –Poder Ejecutivo- ostenta un poder cuasi omnímodo mucho mayor que el que por derecho le corresponde de tal modo que puede inclusive modificar derechos y libertades fundamentales del individuo sin ni siquiera pasar por el Parlamento, como por ejemplo ha hecho en esta ocasión en el asunto antes aludido.
Esto es consecuencia de algo que ya se vislumbraba desde hace mucho tiempo, que todos los constitucionalistas sabían y saben, y que desde el año 78 no ha dejado de ser una mera aspiración programática de nuestro modelo de Estado: la inexistencia de una verdadera y real división de poderes, por mor de la cual casi todo queda sometido al poder decisorio del Ejecutivo.
Lo peor de todo es que los ciudadanos hemos quedado absolutamente desprotegidos ante tal situación, pues al parecer y según se observa de un tiempo a esta parte, no contamos ya ni con el mero paraguas
protector de la prensa quien en una flagrante dejación de sus obligaciones y de su trascendental papel dentro de un sistema democrático, obvia con mayor frecuencia de la que sería aconsejable informarnos –esto es, contar objetivamente las cosas- y se viene limitando a dar versiones más o menos partidistas de esto u aquello y a veces ni eso, conformándose con dar el placet al Gobierno –o al partido de turno- en un ejemplo palmario de reverencia y miedo al poder.
Esta vez todo lo dicho anteriormente ha alcanzado su cenit. El Ejecutivo en una muestra más que evidente de su incompetencia, ha arrollado sin piedad los derechos fundamentales de un colectivo bajo la bandera de la defensa y protección del interés nacional, y los medios de comunicación en bloque en una actitud incomprensible y hasta cierto punto cómplice del Gobierno, ha dado cobertura a tamaña mentira sin poner de manifiesto al común del pueblo la verdad de lo realmente acontecido, lanzando ambos con ello, una carga de profundidad al Estado de Derecho cuyos daños están aún por evaluar.
La cuestión que está en juego ahora mismo mucho más allá de si nos quedamos varados en un aeropuerto o del sueldo de un determinado colectivo, es si estamos los españoles dispuestos a permitir que el Estado de Derecho salte por los aires al socaire de lo que le convenga a un determinado grupo de gobernantes por muy legítimos que sean.
Y esa es la cuestión pues el actual Gobierno de la Nación ante un grave problema como es el de la regulación de la navegación aérea ha optado por llevar a cabo una actuación en la que los límites marcados por el estado de Derecho han quedado eliminados. El Gobierno en una actuación sin precedentes en nuestra historia, en un solo año –este año- ha emprendido una frenética actividad legislativa para intentar “atornillar a este colectivo” que ha dado como resultado la aprobación en menos de 10 meses de tres Reales Decretos y una Ley cuyo denominador común además del trasfondo antes mencionado, es que modifican derechos fundamentales de este colectivo y entre otras cuestiones establecieron que los controladores aéreos debían realizar un Máximo –y digo máximo- de 1750 horas laborables anuales de las cuales 1670 eran ordinarias y obligatorias, y 80 extraordinarias.
Esto quedó aprobado en febrero de 2010 a través del Real Decreto Ley 1/2010 de 5 de febrero siendo posteriormente ratificado por la Ley 9/2010 y por el RD 1001/2010 de 5 de agosto.
Se hace preciso aclarar, que este número máximo de horas, no fue fijado por el Gobierno de forma caprichosa sino con base al número máximo de horas que los controladores de tránsito aéreo pueden
realizar sin poner en peligro la navegación aérea (superar ese número de horas o el modo en el que las realizan implican riesgos en la navegación aérea así como en la propia salud de los controladores lo cual viene fijado con carácter supranacional para este colectivo EUROCONTROL).
Por tanto, la solución a priori era bien sencilla, incrementar el número de controladores. Y digo a priori porque es sabido que Aena tiene un “agujero” de aprox. 13.000 millones de euros, deuda por cierto inexistente hasta la llegada al poder del actual Gobierno y producto de obras faraónicas e innecesarias – por ejemplo y entre otras la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, ciudad que ya cuenta con AVE-, y además gran parte de esa deuda la tiene con bancos extranjeros, siendo por tanto su capacidad de maniobra muy limitada por no decir nula.
El Gobierno a primeros de año y en otro ejemplo más de su incalificable gestión en este asunto, a pesar de que la plantilla de controladores es a todas luces insuficiente y que su ampliación no es sencilla por la elevada cualificación que requiere, estableció como edad de jubilación obligatoria de los controladores la de 57 años. Los controladores ya advirtieron entonces a Aena y al Gobierno que esa medida afectaría a 31 de los 155 controladores que había en Barajas los cuales pasarían a dicha situación y que con ello se pondría en riesgo la sostenibilidad del servicio.
A mayor abundamiento si cabe, tras el verano los controladores venían advirtiendo a Aena y al Gobierno que antes de fin de año la mayoría de ellos habrían alcanzado el máximo de horas laborales impuesto por la Ley y que o solucionaba esto el Gobierno o iba a haber problemas, pues si la Ley establece que debían cumplir un máximo legal es evidente que una vez cumplidas no podrían hacer más horas y en consecuencia el servicio quedaría desatendido, como así finalmente ha sucedido.
Así pues, el Gobierno, a pesar de saber desde verano que los Controladores antes de fin de año iban a cumplir a rajatabla con la propia normativa creada y aprobada por el Sr. Blanco, no hizo nada, simplemente urdió un plan, que se ha puesto de manifiesto con la aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, por el cual el mismo día de inicio del puente de la Constitución, fecha en la cual los controladores –la gran mayoría- ya tenían cumplidas sus obligaciones laborales (1750 horas), establece que en el cómputo de horas no pueden incluirse por ejemplo los permisos por maternidad ni las guardias (tal y como lo oyen) y por tanto tienen que permanecer en sus puestos de trabajo, lo que provoca la marcha de estos y con ello la reacción del Gobierno quien bajo la excusa del argumento de que tal conducta implicaba una huelga salvaje –nadie hace huelga salvaje cuando ha cumplido sus obligaciones laborales y se va a su casa-, dictan otro decreto que de forma urgentísima militariza el tránsito aéreo, pasando los controladores a estar sometidos a legislación militar, maniobra esta bien calculada por razones que espero con un poco de reflexión a nadie escaparan.
Expuesto lo anterior, no se si hacen falta más explicaciones. Piensen por un momento todas aquellas que lean esto y que hayan sido madres y hayan estado disfrutando de permiso por maternidad o por ejemplo aquellos médicos o bomberos o policías que hayan hecho guardias este año, que el Gobierno les dijera de buenas a primeras y a golpe de decretazo que esas horas no son laborables, que por tanto no les sirven de cómputo como tales, que además tienen que trabajarlas para cumplir con la jornada legal obligatoria, y que además tienen que hacerlo con el mismo sueldo y antes de que finalice el año y si no lo hacen se presentará la policía o el ejercito en sus casas y las conducirá hasta su trabajo bajo amenaza de detención y embargo de sus bienes.
Si extrapolamos eso a los Controladores aéreos la cuestión si cabe, es aún mucho más grave, pues el exceso de horas o en el modo de realizarlas, implica riesgo para la navegación aérea y por ende para
los pasajeros.
¿De verdad estamos dispuestos a subirnos a un avión que puede estrellarse por que el Gobierno no haya solucionado el problema de una plantilla corta y obligue a los controladores a realizar su trabajo contraviniendo las indicaciones internacionales en materia de navegación aérea? ¿Que importa más perder la vida o las vacaciones o que llegar a cualquier sitio? ¿Si se estrella un avión quien será el
responsable, también los controladores?.
El Estatuto de los Trabajadores y la Negociación Colectiva son pilares básicos de nuestro sistema democrático, conquistas sociales que forman parte de nuestro Estado de Bienestar incluidos en el Título I de la Carta Magna junto con el resto de Derechos Fundamentales, que nos garantizan un status a todos, y estos no pueden ni deben ser objeto de conculcación por el Gobierno de este país sea cual fuere y menos a golpe de decretazo, (lo cual por cierto es contrario a derecho pues ello le está legalmente vedado a tal instrumento normativo), y más aún cuando lo que se pretende con ello es tapar la ineptitud de ese mismo Gobierno que no ha sabido solventar un problema cuyas consecuencias conocía desde hace tiempo, y que en lugar de ello ha adoptado una estrategia que ha provocado que miles de personas quedaran atrapadas en los aeropuertos y que ha puesto a los controladores a pies de los caballos.
Así pues, dejemos de buscar cabezas de turco. Quien tiene la competencia para gestionar el espacio aéreo español por ministerio de la Ley, es el Gobierno y quien cobra su sueldo para ello es el Ministro de Fomento, por tanto, el que miles de personas hayan quedado atrapadas en los aeropuertos y el que España haya perdido imagen a nivel internacional y haya sufrido un quebranto económico importante en un momento tan crítico como el que vivimos, ha sido exclusiva responsabilidad de un Gobierno que no ha sabido gestionar este problema y que para tapar su ineficacia emprende una campaña brutal contra un colectivo de trabajadores que resulta inadmisible en un Estado de Derecho pues vulnera los derechos fundamentales básicos de todos los trabajadores reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, así como en la legislación internacional de nuestro entorno.
Para terminar solamente quiero lanzar una reflexión final: Hoy fueron los Controladores, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, ¿estamos dispuestos a soportarlo y a callar porque ahora les ha tocado a otros? ¿Estamos dispuestos a seguir creyéndonos las campañas informativas manipuladas por la maquinaria propagandística y demagógica de este o de cualquier Gobierno por muy legítimo que sea, o de una vez por todas vamos a exigir responsabilidades al más alto nivel?.
Reflexionemos y tomemos una decisión antes de que el barco en el que todos viajamos llamado Democracia se hunda.
J.L Pereira.
La actuación del Gobierno en el "affaire" con los controladores aéreos ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema configurado en el año 78, y cuyo desarrollo nunca se llevó a cabo. En este sistema, nuestro sistema democráticamente elegido, el Gobierno –Poder Ejecutivo- ostenta un poder cuasi omnímodo mucho mayor que el que por derecho le corresponde de tal modo que puede inclusive modificar derechos y libertades fundamentales del individuo sin ni siquiera pasar por el Parlamento, como por ejemplo ha hecho en esta ocasión en el asunto antes aludido.
Esto es consecuencia de algo que ya se vislumbraba desde hace mucho tiempo, que todos los constitucionalistas sabían y saben, y que desde el año 78 no ha dejado de ser una mera aspiración programática de nuestro modelo de Estado: la inexistencia de una verdadera y real división de poderes, por mor de la cual casi todo queda sometido al poder decisorio del Ejecutivo.
Lo peor de todo es que los ciudadanos hemos quedado absolutamente desprotegidos ante tal situación, pues al parecer y según se observa de un tiempo a esta parte, no contamos ya ni con el mero paraguas
protector de la prensa quien en una flagrante dejación de sus obligaciones y de su trascendental papel dentro de un sistema democrático, obvia con mayor frecuencia de la que sería aconsejable informarnos –esto es, contar objetivamente las cosas- y se viene limitando a dar versiones más o menos partidistas de esto u aquello y a veces ni eso, conformándose con dar el placet al Gobierno –o al partido de turno- en un ejemplo palmario de reverencia y miedo al poder.
Esta vez todo lo dicho anteriormente ha alcanzado su cenit. El Ejecutivo en una muestra más que evidente de su incompetencia, ha arrollado sin piedad los derechos fundamentales de un colectivo bajo la bandera de la defensa y protección del interés nacional, y los medios de comunicación en bloque en una actitud incomprensible y hasta cierto punto cómplice del Gobierno, ha dado cobertura a tamaña mentira sin poner de manifiesto al común del pueblo la verdad de lo realmente acontecido, lanzando ambos con ello, una carga de profundidad al Estado de Derecho cuyos daños están aún por evaluar.
La cuestión que está en juego ahora mismo mucho más allá de si nos quedamos varados en un aeropuerto o del sueldo de un determinado colectivo, es si estamos los españoles dispuestos a permitir que el Estado de Derecho salte por los aires al socaire de lo que le convenga a un determinado grupo de gobernantes por muy legítimos que sean.
Y esa es la cuestión pues el actual Gobierno de la Nación ante un grave problema como es el de la regulación de la navegación aérea ha optado por llevar a cabo una actuación en la que los límites marcados por el estado de Derecho han quedado eliminados. El Gobierno en una actuación sin precedentes en nuestra historia, en un solo año –este año- ha emprendido una frenética actividad legislativa para intentar “atornillar a este colectivo” que ha dado como resultado la aprobación en menos de 10 meses de tres Reales Decretos y una Ley cuyo denominador común además del trasfondo antes mencionado, es que modifican derechos fundamentales de este colectivo y entre otras cuestiones establecieron que los controladores aéreos debían realizar un Máximo –y digo máximo- de 1750 horas laborables anuales de las cuales 1670 eran ordinarias y obligatorias, y 80 extraordinarias.
Esto quedó aprobado en febrero de 2010 a través del Real Decreto Ley 1/2010 de 5 de febrero siendo posteriormente ratificado por la Ley 9/2010 y por el RD 1001/2010 de 5 de agosto.
Se hace preciso aclarar, que este número máximo de horas, no fue fijado por el Gobierno de forma caprichosa sino con base al número máximo de horas que los controladores de tránsito aéreo pueden
realizar sin poner en peligro la navegación aérea (superar ese número de horas o el modo en el que las realizan implican riesgos en la navegación aérea así como en la propia salud de los controladores lo cual viene fijado con carácter supranacional para este colectivo EUROCONTROL).
Por tanto, la solución a priori era bien sencilla, incrementar el número de controladores. Y digo a priori porque es sabido que Aena tiene un “agujero” de aprox. 13.000 millones de euros, deuda por cierto inexistente hasta la llegada al poder del actual Gobierno y producto de obras faraónicas e innecesarias – por ejemplo y entre otras la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, ciudad que ya cuenta con AVE-, y además gran parte de esa deuda la tiene con bancos extranjeros, siendo por tanto su capacidad de maniobra muy limitada por no decir nula.
El Gobierno a primeros de año y en otro ejemplo más de su incalificable gestión en este asunto, a pesar de que la plantilla de controladores es a todas luces insuficiente y que su ampliación no es sencilla por la elevada cualificación que requiere, estableció como edad de jubilación obligatoria de los controladores la de 57 años. Los controladores ya advirtieron entonces a Aena y al Gobierno que esa medida afectaría a 31 de los 155 controladores que había en Barajas los cuales pasarían a dicha situación y que con ello se pondría en riesgo la sostenibilidad del servicio.
A mayor abundamiento si cabe, tras el verano los controladores venían advirtiendo a Aena y al Gobierno que antes de fin de año la mayoría de ellos habrían alcanzado el máximo de horas laborales impuesto por la Ley y que o solucionaba esto el Gobierno o iba a haber problemas, pues si la Ley establece que debían cumplir un máximo legal es evidente que una vez cumplidas no podrían hacer más horas y en consecuencia el servicio quedaría desatendido, como así finalmente ha sucedido.
Así pues, el Gobierno, a pesar de saber desde verano que los Controladores antes de fin de año iban a cumplir a rajatabla con la propia normativa creada y aprobada por el Sr. Blanco, no hizo nada, simplemente urdió un plan, que se ha puesto de manifiesto con la aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, por el cual el mismo día de inicio del puente de la Constitución, fecha en la cual los controladores –la gran mayoría- ya tenían cumplidas sus obligaciones laborales (1750 horas), establece que en el cómputo de horas no pueden incluirse por ejemplo los permisos por maternidad ni las guardias (tal y como lo oyen) y por tanto tienen que permanecer en sus puestos de trabajo, lo que provoca la marcha de estos y con ello la reacción del Gobierno quien bajo la excusa del argumento de que tal conducta implicaba una huelga salvaje –nadie hace huelga salvaje cuando ha cumplido sus obligaciones laborales y se va a su casa-, dictan otro decreto que de forma urgentísima militariza el tránsito aéreo, pasando los controladores a estar sometidos a legislación militar, maniobra esta bien calculada por razones que espero con un poco de reflexión a nadie escaparan.
Expuesto lo anterior, no se si hacen falta más explicaciones. Piensen por un momento todas aquellas que lean esto y que hayan sido madres y hayan estado disfrutando de permiso por maternidad o por ejemplo aquellos médicos o bomberos o policías que hayan hecho guardias este año, que el Gobierno les dijera de buenas a primeras y a golpe de decretazo que esas horas no son laborables, que por tanto no les sirven de cómputo como tales, que además tienen que trabajarlas para cumplir con la jornada legal obligatoria, y que además tienen que hacerlo con el mismo sueldo y antes de que finalice el año y si no lo hacen se presentará la policía o el ejercito en sus casas y las conducirá hasta su trabajo bajo amenaza de detención y embargo de sus bienes.
Si extrapolamos eso a los Controladores aéreos la cuestión si cabe, es aún mucho más grave, pues el exceso de horas o en el modo de realizarlas, implica riesgo para la navegación aérea y por ende para
los pasajeros.
¿De verdad estamos dispuestos a subirnos a un avión que puede estrellarse por que el Gobierno no haya solucionado el problema de una plantilla corta y obligue a los controladores a realizar su trabajo contraviniendo las indicaciones internacionales en materia de navegación aérea? ¿Que importa más perder la vida o las vacaciones o que llegar a cualquier sitio? ¿Si se estrella un avión quien será el
responsable, también los controladores?.
El Estatuto de los Trabajadores y la Negociación Colectiva son pilares básicos de nuestro sistema democrático, conquistas sociales que forman parte de nuestro Estado de Bienestar incluidos en el Título I de la Carta Magna junto con el resto de Derechos Fundamentales, que nos garantizan un status a todos, y estos no pueden ni deben ser objeto de conculcación por el Gobierno de este país sea cual fuere y menos a golpe de decretazo, (lo cual por cierto es contrario a derecho pues ello le está legalmente vedado a tal instrumento normativo), y más aún cuando lo que se pretende con ello es tapar la ineptitud de ese mismo Gobierno que no ha sabido solventar un problema cuyas consecuencias conocía desde hace tiempo, y que en lugar de ello ha adoptado una estrategia que ha provocado que miles de personas quedaran atrapadas en los aeropuertos y que ha puesto a los controladores a pies de los caballos.
Así pues, dejemos de buscar cabezas de turco. Quien tiene la competencia para gestionar el espacio aéreo español por ministerio de la Ley, es el Gobierno y quien cobra su sueldo para ello es el Ministro de Fomento, por tanto, el que miles de personas hayan quedado atrapadas en los aeropuertos y el que España haya perdido imagen a nivel internacional y haya sufrido un quebranto económico importante en un momento tan crítico como el que vivimos, ha sido exclusiva responsabilidad de un Gobierno que no ha sabido gestionar este problema y que para tapar su ineficacia emprende una campaña brutal contra un colectivo de trabajadores que resulta inadmisible en un Estado de Derecho pues vulnera los derechos fundamentales básicos de todos los trabajadores reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, así como en la legislación internacional de nuestro entorno.
Para terminar solamente quiero lanzar una reflexión final: Hoy fueron los Controladores, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, ¿estamos dispuestos a soportarlo y a callar porque ahora les ha tocado a otros? ¿Estamos dispuestos a seguir creyéndonos las campañas informativas manipuladas por la maquinaria propagandística y demagógica de este o de cualquier Gobierno por muy legítimo que sea, o de una vez por todas vamos a exigir responsabilidades al más alto nivel?.
Reflexionemos y tomemos una decisión antes de que el barco en el que todos viajamos llamado Democracia se hunda.
J.L Pereira.
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