¿Por qué el PP debería recurrir al Parlamento y a la Justicia europea?

Aunque nos temenos que no se atreverá, el Partido Popular debería denunciar la persecución que padece en España ante el Parlamento Europeo y también ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, porque la democracia española no reune garantías suficientes para el libre juego entre gobierno y oposición y porque existen indicios más que suficientes para sospechar que la Justicia española está politizada, no es lo bastante independiente y, al igual que algunos sectores de las fuerzas de seguridad, podría estar bajo control del gobierno y de otros grandes poderes.

El PP no está libre de pecado y arrastra un prufundo déficit ético y democrático que desconcierta a sus votantes casi le equipara a su contrincante socialista, pero las prioridades mandan y la violación de los derechos humanos siguen estando en la cúspide del Estado y de la convivencia ciudadana. Hay un axioma político indiscutible que es aplicable a la España de Zapatero, según el cual cuando la oposición acosa al gobierno, entonces existe democracia, pero cuando es el gobierno el que acosa a la oposición, es porque existe tiranía.

Probablemente, el PP no pueda presentar pruebas de que está siendo espiado por las fuerzas de seguridad españolas dependientes del Ministerio del Interior, pero sí puede presentar indicios suficientes. Esos "indicios", que están siendo recopilados por Soraya Saéz de Santamaría y su equipo, constatan que conversaciones entre dirigentes del PP que no tenáin causas judiciales pendientes aparecieron publicadas por la prensa o plasmadas en sumarios. Esos "indicios" son más que suficientes para presentar una denuncia ante la Justicia, sobre todo si existe el precedente de que el mismo partido acusado, el PSOE, ya fue condenado en la década de los ochenta por espiar ilegalmente los teléfonos de muchos españoles, entre ellos los del mismo rey Juan Carlos.

No es cierto, como afirman los dirigentes del PSOE, que una denuncia tenga que llegar a los tribanales acompañadas de pruebas. Son los tribunales, con el valioso apoyo de la Policía Judicial, quienes deben buscar las pruebas, mientras que al cuasador le bastan las sospechas fundadas y los indicios.

El otro gran escándalo del verano, vinculado al de las escuchas telefónicas porque ambos suponen violaciones insoportables de los derechos humanos y de la Constitución, es el del trato policial vejatorio y discriminatorio que sufren los sospechosos del PP, en comparación con el trato blando y respetuoso que sufren los detenidos del PSOE. En este asunto hay indicios y pruebas de que la policía discrimina y aplasta a la oposición para presentar al PP ante los españoles como un partido de delincuentes, el máximo objetivo de Zapatero y su gran recurso para ganar las próximas elecciones, a pesar de sus fracasos como estadista y de su pésimo gobierno. Las vejaciones policiales a dirigentes del PPfueron contempladas en vivo y en directo por España entera.

Otra de las grandes acusaciones que ponen de rodillas a la democracia española es la del trato diferente que la Fiscalía otorga a los sospechosos de la derecha y de la izquierda. Mientras que los presuntos delitos de la derecha son investigados y perseguidos, los de la izquierda suelen archivarse deantemano y quedar, en muchos casos, impunes.

Pero lo peor de todas estas acusaciones no es que sean o no verdad. Lo grave es que en España son perfectamente creíbles, lo que revela que los ciudadanos desconfian de sus políticos, que la calidad de la democracia española es muy escasa y que el deterioro no sólo afecta al gobierno sino también a la política y a los políticos como casta dirigente y privilegiada.