La realidad es dura, pero los intereses de los españoles no coinciden con los intereses de los políticos. A los españoles, por el bien de su patria y para librarse de impuestos abusivos, divisiones y burocracias inútiles, costosas y lentas, les interesa suprimir estructuras prescindibles como las diputaciones y los gobiernos autonómicos, pero los políticos se resisten porque esos gobiernos representan para ellos puestos de trabajo bien pagados y espacios de poder. Cuando los intereses del gobierno se imponen a los del ciudadano, entonces no cabe duda de que el sistema es indecente, antidemocrático, injusto y digno de ser liquidado.
El pacto PSOE-Ciudadanos está desvelando una verdad tan hiriente como indecente: que los intereses de los políticos prevalecen sobre los del pueblo, algo tan grave que deslegitima e invalida el sistema.
Pero el escándalo de las diputaciones provinciales no es nada comparado con el de las autonomías, unas estructuras todavía mas costosas, más gigantescas, menos necesarias y mas dañinas para la nación y sus ciudadanos.
Las estructuras administrativas autonómicas se han convertido en monstruos irracionales, con demasiado poder, generadora de diferencias insoportables, muchas de ellas contrarias a la Constitución, y en paraísos del despilfarro y del poder que sólo benefician a la clase política, que encuentra en los gobiernos autonómicos y en los muchos chiringuitos públicos inútiles las plataformas que les permiten ganar poder, dinero y brillo social, todo a costa de exprimir a los ciudadanos con impuestos que, comparados con los europeos, son desproporcionados, sobre todo porque financian más el gasto de los políticos que los servicios de calidad que necesita la ciudadanía.
Con el tiempo, los gobiernos autonómicos se han convertido en monstruos capaces de devorar a España y a sus ciudadanos porque generan despilfarro, endeudamiento, gasto incontrolado y, lo que es mas grave, diferencias e injusticias que violan el principio constitucional de que los españoles son iguales.
Heredar en Andalucía cuesta casi cincuenta veces mas que heredar en Madrid y los servicios que recibe un madrileño suelen ser de mas calidad que los andaluces. La educación es distinta en cada región y los textos y asignaturas, también, como son diferentes, igualmente, los impuestos y los trámites burocráticos, como, por ejemplo, los que permiten abrir empresas y negocios. La sanidad, las prestaciones sociales y hasta las normas de tráfico urbano son distintas. El concepto de mercado único ha sido pulverizado por los gobiernos antonómicos, insaciables a la hora de exigir competencias y transferencias. El grueso del déficit público español se debe a los excesos de los gobiernos autonómicos, tan irresponsables que muchos de ellos tienen agotado el crédito y sus bonos calificados como basura.
Si se sometiera la estructura autonómica al criterio de los ciudadanos en referéndum, las autonomías serían barridas. Eso lo saben los políticos, pero a ellos, como falsos demócratas, les importa un bledo la opinión del pueblo.
Hay economistas que sostienen que la supresión de las autonomías y de sus corrupciones y abusos representarían para España un ahorro cercano al 20 por ciento del PIB y que el país, automáticamente, ganaría muchos puestos en el ranking mundial de las naciones ricas.
Las autonomías son, además, la principal fuente de disgregación, ruptura y conflictos. Los gobiernos autonómicos utilizan a sus ciudadanos como rehenes y como fuerza de choque para reivindicar más poder y privilegios, generando de ese modo una intolerable fuerza de ruptura de la unidad y de deterioro de la convivencia. El independentismo vasco y catalán, de escasa importancia hace tres décadas, ha sido claramente estimulado y financiado desde los gobiernos autonómicos, hasta convertirse hoy en un grave problema y hasta en un peligro para la paz.
La lista de aportaciones negativas de las autonomías es enorme y necesitaría, para ser expuesta y analizada, al menos un tesis doctoral, no un simple artículo de prensa. Resaltemos aquí una sola: las autonomías son las principales culpables de lacras españolas como las del gigantismo del Estado, que el país tenga más políticos mantenidos por el erario que Francia, Alemania e Inglaterra juntas y que el número de aforados en España sea superior al del resto de Europa unida.
Todos esos inconvenientes, gastos y aparato solo sirve para beneficiar a la casta política, en especial a unos partidos que ya están tan acostumbrados a traicionar a los ciudadanos y a anteponer sus intereses propios al bien común que ya son irrecuperables para la democracia y la decencia.
Francisco Rubiales
El pacto PSOE-Ciudadanos está desvelando una verdad tan hiriente como indecente: que los intereses de los políticos prevalecen sobre los del pueblo, algo tan grave que deslegitima e invalida el sistema.
Pero el escándalo de las diputaciones provinciales no es nada comparado con el de las autonomías, unas estructuras todavía mas costosas, más gigantescas, menos necesarias y mas dañinas para la nación y sus ciudadanos.
Las estructuras administrativas autonómicas se han convertido en monstruos irracionales, con demasiado poder, generadora de diferencias insoportables, muchas de ellas contrarias a la Constitución, y en paraísos del despilfarro y del poder que sólo benefician a la clase política, que encuentra en los gobiernos autonómicos y en los muchos chiringuitos públicos inútiles las plataformas que les permiten ganar poder, dinero y brillo social, todo a costa de exprimir a los ciudadanos con impuestos que, comparados con los europeos, son desproporcionados, sobre todo porque financian más el gasto de los políticos que los servicios de calidad que necesita la ciudadanía.
Con el tiempo, los gobiernos autonómicos se han convertido en monstruos capaces de devorar a España y a sus ciudadanos porque generan despilfarro, endeudamiento, gasto incontrolado y, lo que es mas grave, diferencias e injusticias que violan el principio constitucional de que los españoles son iguales.
Heredar en Andalucía cuesta casi cincuenta veces mas que heredar en Madrid y los servicios que recibe un madrileño suelen ser de mas calidad que los andaluces. La educación es distinta en cada región y los textos y asignaturas, también, como son diferentes, igualmente, los impuestos y los trámites burocráticos, como, por ejemplo, los que permiten abrir empresas y negocios. La sanidad, las prestaciones sociales y hasta las normas de tráfico urbano son distintas. El concepto de mercado único ha sido pulverizado por los gobiernos antonómicos, insaciables a la hora de exigir competencias y transferencias. El grueso del déficit público español se debe a los excesos de los gobiernos autonómicos, tan irresponsables que muchos de ellos tienen agotado el crédito y sus bonos calificados como basura.
Si se sometiera la estructura autonómica al criterio de los ciudadanos en referéndum, las autonomías serían barridas. Eso lo saben los políticos, pero a ellos, como falsos demócratas, les importa un bledo la opinión del pueblo.
Hay economistas que sostienen que la supresión de las autonomías y de sus corrupciones y abusos representarían para España un ahorro cercano al 20 por ciento del PIB y que el país, automáticamente, ganaría muchos puestos en el ranking mundial de las naciones ricas.
Las autonomías son, además, la principal fuente de disgregación, ruptura y conflictos. Los gobiernos autonómicos utilizan a sus ciudadanos como rehenes y como fuerza de choque para reivindicar más poder y privilegios, generando de ese modo una intolerable fuerza de ruptura de la unidad y de deterioro de la convivencia. El independentismo vasco y catalán, de escasa importancia hace tres décadas, ha sido claramente estimulado y financiado desde los gobiernos autonómicos, hasta convertirse hoy en un grave problema y hasta en un peligro para la paz.
La lista de aportaciones negativas de las autonomías es enorme y necesitaría, para ser expuesta y analizada, al menos un tesis doctoral, no un simple artículo de prensa. Resaltemos aquí una sola: las autonomías son las principales culpables de lacras españolas como las del gigantismo del Estado, que el país tenga más políticos mantenidos por el erario que Francia, Alemania e Inglaterra juntas y que el número de aforados en España sea superior al del resto de Europa unida.
Todos esos inconvenientes, gastos y aparato solo sirve para beneficiar a la casta política, en especial a unos partidos que ya están tan acostumbrados a traicionar a los ciudadanos y a anteponer sus intereses propios al bien común que ya son irrecuperables para la democracia y la decencia.
Francisco Rubiales
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