La ministra Celaá tiene propiedades inmobiliarias que los técnicos valoran en mucho más de dos millones de euros, pero que ella ha valorado en 195.408 euros, cometiendo un presunto delito de estafa a los ciudadanos y de violación de la ley de transparencia. Lo sorprendente es que el gobierno de Sánchez permita que uno de sus miembros falsee su declaración patrimonial y viole las leyes, dando así en pésimo ejemplo a los ciudadanos y destrozando la necesaria confianza ciudadana en la solvencia ética y ejemplaridad de sus gobernantes. Se trata de una deleznable violación de las leyes y costumbres que obligan a los cargos públicos en democracia, cuyas consecuencias en la ciudadanía suelen ser muy peligrosa.
El comportamiento de la ministra es acorde al del presidente de su gobierno, Pedro Sánchez, que también violó gravemente las normas de la democracia presentar una tesis doctoral escrita por otros y al hacer cuando gobierna lo contrario de lo que prometió en campaña electoral, estafando de ese modo a sus electores y a la ciudadanía española en general, un comportamiento prohibido y delictivo en las democracias de muchos países avanzados, pero que en la España podrida e impune para los poderosos es legal.
Cuando los ciudadanos son conscientes de que sus gobernantes son corruptos y se saltan las leyes se producen efectos muy nocivos para el sistema y para la convivencia: se elude el pago de impuestos por desconfianza en el recaudador, se burlan las leyes, siguiendo el ejemplo de los que mandan y se incrementa la desconfianza y hasta el odio a los que gobiernan, a los que una parte importante de la sociedad considera delincuentes que infectan el Estado.
La primera conclusión del pueblo ante la permisividad del gobierno con estos delitos y transgresiones es que "los políticos son impunes y todo se les permite". En países como Alemania, Francia, Suecia, Holanda, Gran Bretaña y muchos otros de Europa, la ministra Celaá habría tenido que dimitir y estará sometida a juicio. Esa indecente tolerancia de España con los que tienen poder es la que pone en cuestión nuestra democracia ante el resto del mundo y la que hace perder a España prestigio respeto y peso en el concierto mundial.
La sensación de que estamos gobernados por depredadores impunes, que aplastan al ciudadano con impuestos abusivos y acosos a las libertades y derechos, mientras ellos engañan, abusan y prevarican, se convierte en natural y lógica si el gobierno de Pedro Sánchez no fulmina instantáneamente a la estafadora y la expulsa del Consejo de Ministros de España.
Celaá declaró 195.408 euros como suma total de sus bienes inmuebles. OKDIARIO detectó primero el inmenso y lujoso chalé de más de 700 metros cuadrados y 4.500 metros cuadrados de parcela en Berango –una de las zonas más caras cercanas a Bilbao– valorado en más de 1,5 millones. Más tarde, este diario encontró otro inmueble que, según la ministra de Educación, seguía entrando sin problema en esos 195.408 euros: un piso compartido con dos hermanos en pleno centro de Bilbao valorado en 250.000 euros. Mas tarde, el mismo medio detectó una nueva propiedad ocultada. Se trata de una finca compartida, de 17.405 metros cuadrados, de los que le corresponden a la portavoz del Gobierno 2.176 metros cuadrados. Es un terreno colindante a su chalé de lujo de Berango, donde se albergan instalaciones de servicio de su casa de lujo. Ya nadie sabe si hay más patrimonio ocultado, tanto a la opinión pública como al fisco.
Las consecuencias de esa sucia permisividad ética y legal en la cúspide del poder siempre son perniciosas. El ciudadano, ante el espectáculo nada edificante de los poderosos sumergidos en el delito y la sospecha, eluden con cierta lógica el pago de impuestos, sospechando con razón que ante la falta de ética de los recaudadores, su dinero entregado a Hacienda puede terminar en el bolsillo de cualquier corrupto con poder, en lugar de ser empleado para mejorar la vida de los débiles y para financiar servicios públicos necesarios.
Francisco Rubiales
(Visionen el vídeo que ilustra este artículo y descubrirán lo grande que es la estafa de la ministra, denunciada con claridad y valentía por una senadora de la oposición)
El comportamiento de la ministra es acorde al del presidente de su gobierno, Pedro Sánchez, que también violó gravemente las normas de la democracia presentar una tesis doctoral escrita por otros y al hacer cuando gobierna lo contrario de lo que prometió en campaña electoral, estafando de ese modo a sus electores y a la ciudadanía española en general, un comportamiento prohibido y delictivo en las democracias de muchos países avanzados, pero que en la España podrida e impune para los poderosos es legal.
Cuando los ciudadanos son conscientes de que sus gobernantes son corruptos y se saltan las leyes se producen efectos muy nocivos para el sistema y para la convivencia: se elude el pago de impuestos por desconfianza en el recaudador, se burlan las leyes, siguiendo el ejemplo de los que mandan y se incrementa la desconfianza y hasta el odio a los que gobiernan, a los que una parte importante de la sociedad considera delincuentes que infectan el Estado.
La primera conclusión del pueblo ante la permisividad del gobierno con estos delitos y transgresiones es que "los políticos son impunes y todo se les permite". En países como Alemania, Francia, Suecia, Holanda, Gran Bretaña y muchos otros de Europa, la ministra Celaá habría tenido que dimitir y estará sometida a juicio. Esa indecente tolerancia de España con los que tienen poder es la que pone en cuestión nuestra democracia ante el resto del mundo y la que hace perder a España prestigio respeto y peso en el concierto mundial.
La sensación de que estamos gobernados por depredadores impunes, que aplastan al ciudadano con impuestos abusivos y acosos a las libertades y derechos, mientras ellos engañan, abusan y prevarican, se convierte en natural y lógica si el gobierno de Pedro Sánchez no fulmina instantáneamente a la estafadora y la expulsa del Consejo de Ministros de España.
Celaá declaró 195.408 euros como suma total de sus bienes inmuebles. OKDIARIO detectó primero el inmenso y lujoso chalé de más de 700 metros cuadrados y 4.500 metros cuadrados de parcela en Berango –una de las zonas más caras cercanas a Bilbao– valorado en más de 1,5 millones. Más tarde, este diario encontró otro inmueble que, según la ministra de Educación, seguía entrando sin problema en esos 195.408 euros: un piso compartido con dos hermanos en pleno centro de Bilbao valorado en 250.000 euros. Mas tarde, el mismo medio detectó una nueva propiedad ocultada. Se trata de una finca compartida, de 17.405 metros cuadrados, de los que le corresponden a la portavoz del Gobierno 2.176 metros cuadrados. Es un terreno colindante a su chalé de lujo de Berango, donde se albergan instalaciones de servicio de su casa de lujo. Ya nadie sabe si hay más patrimonio ocultado, tanto a la opinión pública como al fisco.
Las consecuencias de esa sucia permisividad ética y legal en la cúspide del poder siempre son perniciosas. El ciudadano, ante el espectáculo nada edificante de los poderosos sumergidos en el delito y la sospecha, eluden con cierta lógica el pago de impuestos, sospechando con razón que ante la falta de ética de los recaudadores, su dinero entregado a Hacienda puede terminar en el bolsillo de cualquier corrupto con poder, en lugar de ser empleado para mejorar la vida de los débiles y para financiar servicios públicos necesarios.
Francisco Rubiales
(Visionen el vídeo que ilustra este artículo y descubrirán lo grande que es la estafa de la ministra, denunciada con claridad y valentía por una senadora de la oposición)
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