El Defensor del Pueblo, la institución más desvergonzada y corrupta del sistema

Todas las Autonomías tienen su propio Defensor del Pueblo, conectados con el Defensor del Pueblo a nivel nacional. Las decisiones y dictámenes que adoptan los defensores no son vinculantes y por lo tanto son papeles mojados, que no se tienen en cuenta. Son meros informes, recomendaciones y observancias, con los únicos objetivos de llamar la atención a los poderes públicos y políticos. Los defensores son elegidos por los partidos que conforman cada parlamento, sin participación alguna de los ciudadanos y su labor se despliega en la política, de espaldas a la sociedad civil.

Es otra falacia y mentira más de los políticos españoles, por cuanto supone, para los ciudadanos y contribuyentes, múltiples gastos inútiles y superfluos, despilfarros, y nidos de políticos fracasados y sin perspectivas. Ningún defensor del pueblo ha aportado nada positivo a la democracia en España. Operan con opacidad y falta de transparencias, lo que agrava su estafa a los ciudadanos. Son tan marginales, que ni siquiera los dictámenes que emiten tienen fuerza jurídica ni autoridad moral alguna y mucho menos pueden ser determinantes en las decisiones políticas. Es otra más de las muchas Instituciones públicas, creadas por los políticos que no sirven para nada. Son potencialmente geniales y necesarias en las democracias, pero en la práctica sólo son instituciones deficitarias, costosas, vacuas y pusilánimes para los nulos y deficientes resultados que obtienen.

El actual defensor del pueblo en España es Francisco Fernández Marugán, un socialista histórico de lealtad indiscutible a su partido. El andaluz es Jesús Maeztu, un antiguo sacerdote muy cercano al PSOE, pero su labor ha gustado tanto a la derecha, que ahora gobierna Andalucía, que lo ha reelegido. He preguntado a varios miembros del PP, en el gobierno, sobre por qué no se cambiaba al defensor del pueblo andaluz y la respuesta siempre fue la misma ¿Para qué cambiarlo si funciona?. Por supuesto nadie preguntó nunca al pueblo andaluz si su defensor funciona o no. Los políticos son los únicos amos del defensor.

Jesús Chamizo y llevaba casi dos décadas como Defensor del Pueblo Andaluz, demasiado tiempo en el cargo en democracia. Fue reelegido una y otra vez por la anterior administración socialista hasta que un día cometió el error de criticar a sus amos. Entonces, a pesar de que ese fue quizás el único día que cumplió con su deber, fue fulminantemente destituido. Si hubiera defendido de verdad a un pueblo como el andaluz, oprimido como pocos, atrasado y vejado por el clientelismo, la dependencia excesiva del poder y los abusos corruptos de gente que se llevó casi décadas mandando en Andalucía, los políticos le habrían echado del cargo muchos años antes. El dato es incuestionable.

El sistema es perverso, corrupto y está viciado en su origen porque el Defensor del Pueblo debería ser elegido por ese pueblo al que debe defender. Sin embargo, en España, un país sin ciudadanos donde la democracia fue asesinada cuando nació, son los políticos los que le eligen y destituyen. Es una aberración intolerable del sistema que permite que los defensores del pueblo, que deberían ser "fieras" incómodas en su defensa de los mil veces violados derechos ciudadanos, sean gente cómoda que en realidad defiende el poder. Todo un esperpento en democracia.

¿Qué defensor del pueblo ha alzado la voz para defender a los millones de vascos y catalanes que viven asustados y acosados por el nacionalismo feroz sólo porque quieren ser españoles? ¿Qué defensor del pueblo ha denunciado el robo de herencias que practican los gobiernos de izquierda en España y la vigencia de impuestos confiscatorios e indecentes, como el del Patrimonio, a pesar de que España es el único país de Europa que lo mantiene?.

En teoría los defensores del pueblo son independientes y los políticos deben respetar su independencia a la hora de defender a los humildes de los abusos e injusticias de las administraciones, pero esa independencia es inexistente y los defensores están, vergonzosamente, bajo estricto control de los políticos.

Hay muchos ejemplos de injusticias afrontadas por los defensores del pueblo con dejadez, falta de brío y traición, pero ninguna es tan elocuente y clara como lo ocurrido con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Las plataformas que luchan contra ese impuesto en Andalucía, Asturias, Aragón y otras regiones han inundado las oficinas de los defensores del pueblo con argumentos que reflejaban el dolor y la injusticia de ese tributo y con miles de firmas de protesta ciudadana sin obtener resultado alguno.

Son más de un millón las firmas recogidas contra ese impuesto ladrón de herencias, inconstitucional y abusivo, condenado por los expertos como una intolerable doble imposición confiscadora que sólo satisface la codicia de los políticos, pero esa marea de protestas, que incluye manifestaciones en decenas de ciudades, no han logrado conmover a los defensores del pueblo ni romper su indiferencia frente al dolor.

El defensor del pueblo nacional, al igual que los autonómicos, a pesar de que casi la mitad de las quejas que reciben son relativas al robo de herencias, se han limitado a lanzar palabras de aparente consuelo a las víctimas y a colocar el asunto en el circuito burocrático habitual, que consiste en preguntar a los ministerios y consejerías correspondientes sobre el asunto, trasladando después las respuestas a los denunciantes, todo un paripé que no arregla nada, ni representa condena alguna de ese impuesto abusivo y contrario a la Constitución, el más impopular entre los vigentes en España y causante de una oleada de dolor e injusticia a la que nadie se atreve a poner fin.

España es un país puntero en abuso de poder y corrupción, pero los defensores del pueblo son reelegidos una y otra vez por los mismos políticos a los que debe vigilar y fustigar por sus abusos. La lógica dice que si son reelegidos es porque su labor satisface a los políticos, que son los que les eligen y pagan. Su figura se utiliza generalmente para engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que alguien les defiende, toda una aberración que clama al cielo. La falsa democracia española está llena de timos, pero quizás el de los defensores del pueblo sea el más hiriente y doloroso

Los defensores, conscientes de que su puesto depende de los políticos, lógicamente deben trabajar para satisfacerlos, una especie de locura surrealista de las muchas que existen en la política española, sucia y podrida como ninguna otra en Europa.

Con los defensores de su parte, la Justicia sometida, la prensa comprada y los escudos policiales defendiendo su impunidad, los políticos en España son depredadores sin control que pueden actuar como fieras dedicadas a la caza de desgraciados sin protección.

Francisco Rubiales