El Banco Central Europeo (BCE) ha reclamado este jueves al Gobierno y al Congreso que realicen un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas" del 'impuesto' a la banca
El BCE cuestiona abiertamente el impuesto español a la banca y afirma que puede afectar al crédito y que debe trasladarse al cliente, algo que el gobierno de Sánchez quiere impedir por ley. En realidad, la advertencia del BCE equivale a un guantazo en pleno rostro del gobierno de Sánchez, marcado ya por una codicia fiscal que lo ha convertido en el que más impuestos cobra de toda Europa y el que más expolia a sus ciudadanos.
Lo que el gobierno de Sánchez teme, en vísperas de elecciones autonómicas, municipales y generales, es que los ciudadanos se den cuenta de que ese impuesto a la banca terminarán por pagarlo ellos, como siempre ocurre.
La indudable codicia fiscal de Pedro Sánchez está siendo presentada, con la ayuda de los medios de comunicación comprados, como preocupación por la redistribución y por las inversiones vitales en salud, educación y servicios sociales, cuando en verdad una parte importante de ese dinero se emplea en comprar votos y poder.
El Gobierno, tras recibir la advertencia, hace lo que mejor sabe hacer: disimula y miente sosteniendo que el banco central no se pronuncia "en contra" del gravamen y que ya "tuvo en cuenta" sus consideraciones al diseñarlo.
La codicia de Sánchez, que necesita mucho dinero para compensar y financiar a los partidos que le apoyan y comprar voluntades, medios de comunicación y votos, ha convertido a España en un infierno fiscal del que huyen los ricos y las empresas que pueden hacerlo. Esa codicia, quizás necesaria para pagar los lujos, despilfarros y la lluvia de subvenciones a los amigos y aliados que maneja el sanchismo, se ha convertido en el mayor lastre para el progreso y la prosperidad de España y en un escándalo permanente que genera rechazo en la ciudadanía.
España es el único país de Europa que aplica el impuesto del Patrimonio, otra monstruosidad fiscal, probablemente ilegal e indecente por su carácter confiscatorio y por doble imposición. En realidad, el impuesto del patrimonio cobra de nuevo por el dinero que ya ha pagado previamente impuestos y se ha ahorrado, lo que constituye un robo evidente y legalizado.
Pero, además del injusto y deleznable impuesto del patrimonio, el sanchismo aplica y quiere imponer en todo el territorio otros impuestos injustos, como el robo de herencias, el llamado Impuesto de Sucesiones, que está provocando un indetenible rio de renuncias a las herencias porque los herederos no pueden pagar las cantidades que les exige el gobierno.
La fiscalidad se ha convertido en el núcleo de la batalla entre izquierdas y derechas en España. La derecha baja los impuestos en las regiones que gobierna, mientras que las izquierdas los suben de manera irresponsable y desenfrenada, convirtiendo a España en el único país que ha subido los impuestos tras la crisis del COVID y la inflación galopante.
El gobierno de Sánchez, que también es campeón en comportamientos despóticos y abusos de poder, despliega toda su voracidad fiscal en contra de la voluntad popular. Una reciente encuesta desvelaba, por ejemplo, que en torno al 80 por ciento de los españoles quieren que el Impuesto de Sucesiones (robo de herencias) desaparezca, un grito al que el gobierno. ávido de dinero, no hace caso.
Los ciudadanos, al ser interrogados por los encuestadores, manifiestan masivamente que el cobro de impuestos abusivos, además de injusto y opresivo e indecente porque el gobierno, por su parte, no ha tenido ni un sólo gesto de austeridad y sigue siendo el más obeso, costoso y despilfarrador de Europa, con más políticos mantenidos que Francia, Alemania e Inglaterra juntos y con una irresponsable y desproporcionada masa de enchufados, funcionarios innecesarios y asesores, todos ordeñando un Estado que provoca miedo por sus derroches y abusos.
Francisco Rubiales
Lo que el gobierno de Sánchez teme, en vísperas de elecciones autonómicas, municipales y generales, es que los ciudadanos se den cuenta de que ese impuesto a la banca terminarán por pagarlo ellos, como siempre ocurre.
La indudable codicia fiscal de Pedro Sánchez está siendo presentada, con la ayuda de los medios de comunicación comprados, como preocupación por la redistribución y por las inversiones vitales en salud, educación y servicios sociales, cuando en verdad una parte importante de ese dinero se emplea en comprar votos y poder.
El Gobierno, tras recibir la advertencia, hace lo que mejor sabe hacer: disimula y miente sosteniendo que el banco central no se pronuncia "en contra" del gravamen y que ya "tuvo en cuenta" sus consideraciones al diseñarlo.
La codicia de Sánchez, que necesita mucho dinero para compensar y financiar a los partidos que le apoyan y comprar voluntades, medios de comunicación y votos, ha convertido a España en un infierno fiscal del que huyen los ricos y las empresas que pueden hacerlo. Esa codicia, quizás necesaria para pagar los lujos, despilfarros y la lluvia de subvenciones a los amigos y aliados que maneja el sanchismo, se ha convertido en el mayor lastre para el progreso y la prosperidad de España y en un escándalo permanente que genera rechazo en la ciudadanía.
España es el único país de Europa que aplica el impuesto del Patrimonio, otra monstruosidad fiscal, probablemente ilegal e indecente por su carácter confiscatorio y por doble imposición. En realidad, el impuesto del patrimonio cobra de nuevo por el dinero que ya ha pagado previamente impuestos y se ha ahorrado, lo que constituye un robo evidente y legalizado.
Pero, además del injusto y deleznable impuesto del patrimonio, el sanchismo aplica y quiere imponer en todo el territorio otros impuestos injustos, como el robo de herencias, el llamado Impuesto de Sucesiones, que está provocando un indetenible rio de renuncias a las herencias porque los herederos no pueden pagar las cantidades que les exige el gobierno.
La fiscalidad se ha convertido en el núcleo de la batalla entre izquierdas y derechas en España. La derecha baja los impuestos en las regiones que gobierna, mientras que las izquierdas los suben de manera irresponsable y desenfrenada, convirtiendo a España en el único país que ha subido los impuestos tras la crisis del COVID y la inflación galopante.
El gobierno de Sánchez, que también es campeón en comportamientos despóticos y abusos de poder, despliega toda su voracidad fiscal en contra de la voluntad popular. Una reciente encuesta desvelaba, por ejemplo, que en torno al 80 por ciento de los españoles quieren que el Impuesto de Sucesiones (robo de herencias) desaparezca, un grito al que el gobierno. ávido de dinero, no hace caso.
Los ciudadanos, al ser interrogados por los encuestadores, manifiestan masivamente que el cobro de impuestos abusivos, además de injusto y opresivo e indecente porque el gobierno, por su parte, no ha tenido ni un sólo gesto de austeridad y sigue siendo el más obeso, costoso y despilfarrador de Europa, con más políticos mantenidos que Francia, Alemania e Inglaterra juntos y con una irresponsable y desproporcionada masa de enchufados, funcionarios innecesarios y asesores, todos ordeñando un Estado que provoca miedo por sus derroches y abusos.
Francisco Rubiales
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