El desahucio es, probablemente, la mayor injusticia cometida por la impresentable casta política española. Arrebatarle su casa a una familia y dejarla sin hogar es una flagrante violación del derechos a una vivienda digna, garantizado a los españoles por nuestra Constitución. A pesar de esa garantía constitucional, cientos de miles de familias españolas están siendo expulsadas de sus hogares sólo porque están en el paro y no pueden pagar sus viviendas. El gobierno los arruina con su mala política y, además, los aplasta y los arroja al pozo de la pobreza extrema. Algunos de esos desahucios, televisados por los noticieros y programas efectistas, causan en los ciudadanos un profundo rechazo a los políticos y a los banqueros. El desahucio, cuando afecta a familias con niños pequeños, es de una crudeza impresionante y desacredita por si mismo a los políticos, a la Justicia, a la Banca y al mismo sistema.
El gobierno podría haber evitado ese drama pactando con la banca años de carencia para los desempleados, pero no lo ha hecho. Ni siquiera los dos grandes partidos políticos han aceptado que la entrega del piso (dación por pago) sirva para liquidar la deuda bancaria, apoyando la injusticia sangrante que representa el que una familia, tras ser expulsada del piso que habita, siga siendo deudora y tenga embargados sus ingresos futuros, hasta que termine de pagar.
Los ciudadanos solidarios, algunas ONGs, los vecinos y los indignados han intentado muchas veces frenar los desahucios, pero la intervención de las contundentes fuerzas policiales antidisturbios han neutralizado esa noble reacción de la ciudadanía.
Sin embargo, existe un fórmula para frustrar el embargo y es la siguiente:
Intervienen los antidisturbios y aseguran un perímetro para que los agentes judiciales puedan actuar; la familia coge las cuatro cosas más importantes que tenían en casa, mientras que el vecindario no para de gritar consignas contra los bancos, la policía y la justicia; el cerrajero, que ha venido a instancias de la policía, cambia el pomo de la puerta. Los agentes judiciales, finalmente, levantan acta de desahucio y la familia, en medio de la más profunda tristeza, se encuentra en la calle. La policía empieza a retirarse y se dan las más sentidas muestras de solidaridad entre los vecinos, muchos de los cuales piensan que tal vez ellos serán los siguientes.
Una vez las cosas se calman, todos se van yendo: cerrajero, agentes judiciales, antidisturbios, policías, vecinos y hasta la familia desahuciada. En apariencia, todo se ha termiando. Pero no es así. La familia que ha sido desahuciada, que continúa considerando que aquella es su casa, regresa al domicilio que le han arrebatado, en el que penetra por el sencillo método de la patada en la puerta. El padre, que es un manitas, vuelve a cambiar la cerradura.
El lío jurídico que se ha organizado es de campanillas, porque no se les puede volver a desahuciar. El desahucio ya se practicó y el expediente judicial se tiene que dar por terminado. Ahora ya no son unos propietarios que no pagan su hipoteca, sino unos simples ocupas. Y si el propietario lo quiere echar, tendrá que comenzar un nuevo y diferente procedimiento judicial.
El método ha sido descubierto en Cataluña, probablemente aconsejado por un abogado experto en viricuetos y trucos legales.
El gobierno podría haber evitado ese drama pactando con la banca años de carencia para los desempleados, pero no lo ha hecho. Ni siquiera los dos grandes partidos políticos han aceptado que la entrega del piso (dación por pago) sirva para liquidar la deuda bancaria, apoyando la injusticia sangrante que representa el que una familia, tras ser expulsada del piso que habita, siga siendo deudora y tenga embargados sus ingresos futuros, hasta que termine de pagar.
Los ciudadanos solidarios, algunas ONGs, los vecinos y los indignados han intentado muchas veces frenar los desahucios, pero la intervención de las contundentes fuerzas policiales antidisturbios han neutralizado esa noble reacción de la ciudadanía.
Sin embargo, existe un fórmula para frustrar el embargo y es la siguiente:
Intervienen los antidisturbios y aseguran un perímetro para que los agentes judiciales puedan actuar; la familia coge las cuatro cosas más importantes que tenían en casa, mientras que el vecindario no para de gritar consignas contra los bancos, la policía y la justicia; el cerrajero, que ha venido a instancias de la policía, cambia el pomo de la puerta. Los agentes judiciales, finalmente, levantan acta de desahucio y la familia, en medio de la más profunda tristeza, se encuentra en la calle. La policía empieza a retirarse y se dan las más sentidas muestras de solidaridad entre los vecinos, muchos de los cuales piensan que tal vez ellos serán los siguientes.
Una vez las cosas se calman, todos se van yendo: cerrajero, agentes judiciales, antidisturbios, policías, vecinos y hasta la familia desahuciada. En apariencia, todo se ha termiando. Pero no es así. La familia que ha sido desahuciada, que continúa considerando que aquella es su casa, regresa al domicilio que le han arrebatado, en el que penetra por el sencillo método de la patada en la puerta. El padre, que es un manitas, vuelve a cambiar la cerradura.
El lío jurídico que se ha organizado es de campanillas, porque no se les puede volver a desahuciar. El desahucio ya se practicó y el expediente judicial se tiene que dar por terminado. Ahora ya no son unos propietarios que no pagan su hipoteca, sino unos simples ocupas. Y si el propietario lo quiere echar, tendrá que comenzar un nuevo y diferente procedimiento judicial.
El método ha sido descubierto en Cataluña, probablemente aconsejado por un abogado experto en viricuetos y trucos legales.
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