Uno de los peores lastres de la democracia española y uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política española ha sido la financiación de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales. Contrariamente a lo que ocurre en numerosos paises democráticos, donde los partidos y sindicatos tienen cuentas transparentes y se financian con las cuotas de sus afiliados, los partidos y sindicatos españoles no publican sus cuentas y se financian a través de tramas oscuras, nunca reveladas, donde el dinero público es la principal fuente, aunque no la única.
Los sindicatos y la patronal, tan dispuestos siempre a exigir transparencia a las empresas, a los organismos e instituciones, llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del erario público, que han convertido en millonarias y poderosas a esas organizaciones.
Los ciudadanos de España siempre han digerido mal que los partidos políticos y sindicatos se financien con sus impuestos y lo han considerado un abuso, pero lo han tolerado, como toleran otras muchas lacras del sucio sistema político español. Sin embargo, ahora, cuando los españoles pagan más impuestos que todos sus vecinos en Europa y están obligados a trabajar casi seis meses al año para pagar los costos del obeso y enfermo Estado que los políticos han construido, están al borde de la rebelión y rechazan con todas sus fuerzas la injusticia que representa que esos partidos políticos que han conducido a España hasta la ruina y el descrédito mundial sigan financiandose con dinero procedente del ingente esfuerzo de la ciudadanía.
La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan. La patronal, beneficiada por igual con fondos públicos, se ha desprestigiado por recibir dinero público en grandes proporciones, ha perdido libertad para negociar en algunos territorios, donde se ha aliado vergonzosamente con el poder político, y se ha hecho tan rica que ha creado tramas de empresas propias y asociadas, dotándose al mismo tiempo de edificios propios y de servicios que compiten a veces, con ventaja y practicando la competencia desleal, con los que prestan muchas empresas españolas.
El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros, destinados a la financiación basada en la representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado: actividades de carácter sindical. Hay una segunda partida de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790 euros.
Todo ello, sin introducirnos en las arenas movedizas de la financiación indirecta, mucho más cuantiosa, a través de una trama de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y otras instituciones pagan como compensación por servicios como la formación, muchas veces prestados con dudosa eficacia y escasa transparencia.
Con los dineros que han recibido los sindicatos durante el año 2010, podrían haberse financiado casi 30.000 pensiones, lo que permitiría que la agobiada caja de reservas se mantuviera holgadamente con números positivos.
El caso de los partidos políticos es todavía más escandaloso. Los partidos reciben numerosas partidas de erario público por diversos conceptos: por los votos cosechados en las elecciones, por los escaños ganados, por medio de subvenciones diversas, además de tramas indirectas que subvencionan actividades y servicios controlados por los partidos y sus propias fundaciones y organizaciones.
Pero los partidos, aunque lo nieguen, reciben donaciones opacas y poseen verdaderos ejercitos de recaudadores que derivan hacia las finanzas de los partidos dineros de dudosa y siempre oculta procedencia, casi siempre entregados de forma interesada, a cambio de favores, lo que constituye uno de los pilares más sólidos y nauseabundos de la corrupción española.
La regeneración de la democracia española y la necesaria erradicación de la corrupción a gran escala que infecta al país es imposible sin limpiar antes a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, verdaderos focos activos de la peor infección corrupta. Es necesario reformar las leyes para que los partidos y los sindicatos se financien únicamente por las cuotas de sus afiliados, por donaciones que tienen que ser publicadas y conocidas por la sociedad y por algunos servicios excepcionales, realmente necesarios y prestados a la sociedad, siempre que sean autorizados y controlados por poderes independientes y ajenos a los mismos partidos.
Los sindicatos y la patronal, tan dispuestos siempre a exigir transparencia a las empresas, a los organismos e instituciones, llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del erario público, que han convertido en millonarias y poderosas a esas organizaciones.
Los ciudadanos de España siempre han digerido mal que los partidos políticos y sindicatos se financien con sus impuestos y lo han considerado un abuso, pero lo han tolerado, como toleran otras muchas lacras del sucio sistema político español. Sin embargo, ahora, cuando los españoles pagan más impuestos que todos sus vecinos en Europa y están obligados a trabajar casi seis meses al año para pagar los costos del obeso y enfermo Estado que los políticos han construido, están al borde de la rebelión y rechazan con todas sus fuerzas la injusticia que representa que esos partidos políticos que han conducido a España hasta la ruina y el descrédito mundial sigan financiandose con dinero procedente del ingente esfuerzo de la ciudadanía.
La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan. La patronal, beneficiada por igual con fondos públicos, se ha desprestigiado por recibir dinero público en grandes proporciones, ha perdido libertad para negociar en algunos territorios, donde se ha aliado vergonzosamente con el poder político, y se ha hecho tan rica que ha creado tramas de empresas propias y asociadas, dotándose al mismo tiempo de edificios propios y de servicios que compiten a veces, con ventaja y practicando la competencia desleal, con los que prestan muchas empresas españolas.
El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros, destinados a la financiación basada en la representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado: actividades de carácter sindical. Hay una segunda partida de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790 euros.
Todo ello, sin introducirnos en las arenas movedizas de la financiación indirecta, mucho más cuantiosa, a través de una trama de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y otras instituciones pagan como compensación por servicios como la formación, muchas veces prestados con dudosa eficacia y escasa transparencia.
Con los dineros que han recibido los sindicatos durante el año 2010, podrían haberse financiado casi 30.000 pensiones, lo que permitiría que la agobiada caja de reservas se mantuviera holgadamente con números positivos.
El caso de los partidos políticos es todavía más escandaloso. Los partidos reciben numerosas partidas de erario público por diversos conceptos: por los votos cosechados en las elecciones, por los escaños ganados, por medio de subvenciones diversas, además de tramas indirectas que subvencionan actividades y servicios controlados por los partidos y sus propias fundaciones y organizaciones.
Pero los partidos, aunque lo nieguen, reciben donaciones opacas y poseen verdaderos ejercitos de recaudadores que derivan hacia las finanzas de los partidos dineros de dudosa y siempre oculta procedencia, casi siempre entregados de forma interesada, a cambio de favores, lo que constituye uno de los pilares más sólidos y nauseabundos de la corrupción española.
La regeneración de la democracia española y la necesaria erradicación de la corrupción a gran escala que infecta al país es imposible sin limpiar antes a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, verdaderos focos activos de la peor infección corrupta. Es necesario reformar las leyes para que los partidos y los sindicatos se financien únicamente por las cuotas de sus afiliados, por donaciones que tienen que ser publicadas y conocidas por la sociedad y por algunos servicios excepcionales, realmente necesarios y prestados a la sociedad, siempre que sean autorizados y controlados por poderes independientes y ajenos a los mismos partidos.
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