Ellos incrementaron los privilegios
Nuestros políticos se han autoadjudicado demasiadas ventajas y privilegios, algunos injustos, otros hirientes y todos ellos ilícitos y detestables porque el pueblo soberano no los aprueba y porque representan simples abusos de poder en una "casta" que, además, está gobernando el timón de España con temeraria torpeza e ineficacia. Los ciudadanos deberían arrebatarles esos privilegios y ese debería ser el primer paso fuerte hacia la deseada regeneración española.
Pensiones de lujo a los pocos años de ejercer como políticos, exenciones de impuestos, salarios elevados sin exigencia profesional o técnica alguna, defensa jurídica por parte de sus partidos o de las instituciones, una interpretación generosa y amplia de las incompatibilidades, que permite a los políticos recibir varios sueldos y dietas, presencia en consejos de administración y patronatos a cambio de casi ningún esfuerzo, tarjetas de crédito a cargo del Estado o del partido, coches oficiales, regalos, bonos de transporte, seguros de vida y otros muchos privilegios, algunos todavía desconocidos, autoadjudicados por la casta política sin publicidad, que convierten al políticos en España en un ser "distinto", "tocado" por la fortuna y elevado por encima del resto de los mortales.
La lista de privilegios y ventajas publicada hace años es sorprendente y vergonzante. Comienzan con la exención de impuestos a buena parte de los sueldos que reciben, lo que representa un ahorro de entre el 20 yel 30 por ciento de sus salarios. En algunas autonomías, los privilegios son mayores y los políticos llegan a ocultar al fisco hasta el 49% de su remuneración.
Aunque sean legales, esos privilegios y ventajas son ilícitos y abusivos en democracia porque son rechazados por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son soberanos y dueños del sistema. Sólo en las tiranías y en España se impone con esa sucia desfachatez la voluntad del gobernante sobre la del gobernado.
Han apelado a "crisis", a la "equidad" y a la "justicia fiscal" para subir los impuestos, para suprimir los 400 euros que recibian las rentas medias y para eliminar le privilegio que representaba la "Ley Beckham", que reducía la tributación de las estrellas del fútbol, pero ellos no se aplican esa equidad y son ajenos al inmenso esfuerzo que tienen que realizar los españoles, a los que se les suben los impuestos, se les recortan sus derechos y se les reducen sus salarios.
Los senadores y diputados, por ejemplo, consiguen que entre el 21 y el 36% de su salario no tribute a Hacienda. Los diputados autonómicos disfrutan de privilegios idénticos. Los catalanes dejan de tributar entre un 32 y un 40% de su remuneración total, que siempre es superior a los 70.000 euros anuales.
Los diputados y senadores también se 'autoaprobaron' un reglamento muy ventajoso que les garantiza cobrar la pensión máxima con sólo cotizar 7 años. El resto de ciudadanos debe hacerlo al menos 35 años para disfrutar de una pensión completa.
Los privilegios y ventajas de "la casta" pesan sobre España como una losa de plomo y afectan no solo a la economía sino también a la confianza y a la decencia. Los ciudadanos se sienten estafados por esta gente, que se cree con derecho al privilegio sin que el privilegio quede justificado en modo alguno, ni siquiera por una gestión pública y democrática que es de pésima calidad.
Desde múltiples instituciones internacionales, organismos y expertos se le dice al gobierno que adelgace, y que suprima sueldos, gastos y privilegios para salir de la crisis, pero estos parásitos sólo escuchan el egoísmo arrogante de sus poderes y privilegios, unos privilegios que en democracia son ilícitos y condenables porque son rechazados por el pueblo, que es el soberano y señor del sistema, aunque ellos (los políticos) lo ignoren.
Las acusaciones vertidas por el ex tesorero del PP Bárcenas han revelado la existencia de otro privilegio delictivo e intolerable en el PP y, probablemente en el resto de los partidos: el cobro de dobles sueldos y la sospecha de que parte de esos dineros suplementarios fueron en negro, nunca declarados a Hacienda.
Los ciudadanos exigen que se reduzcan los privilegios de la casta política y que los partidos dejen de ser financiados generosamente con el dinero procedente de los impuestos, pero los políticos, arrogantes e investidos de una bastarda sobredosis de poder, ignoran ese clamor cívico en una España postrada y empobrecida no sólo por la crisis, sino también por la mala gestión de los políticos.
Pensiones de lujo a los pocos años de ejercer como políticos, exenciones de impuestos, salarios elevados sin exigencia profesional o técnica alguna, defensa jurídica por parte de sus partidos o de las instituciones, una interpretación generosa y amplia de las incompatibilidades, que permite a los políticos recibir varios sueldos y dietas, presencia en consejos de administración y patronatos a cambio de casi ningún esfuerzo, tarjetas de crédito a cargo del Estado o del partido, coches oficiales, regalos, bonos de transporte, seguros de vida y otros muchos privilegios, algunos todavía desconocidos, autoadjudicados por la casta política sin publicidad, que convierten al políticos en España en un ser "distinto", "tocado" por la fortuna y elevado por encima del resto de los mortales.
La lista de privilegios y ventajas publicada hace años es sorprendente y vergonzante. Comienzan con la exención de impuestos a buena parte de los sueldos que reciben, lo que representa un ahorro de entre el 20 yel 30 por ciento de sus salarios. En algunas autonomías, los privilegios son mayores y los políticos llegan a ocultar al fisco hasta el 49% de su remuneración.
Aunque sean legales, esos privilegios y ventajas son ilícitos y abusivos en democracia porque son rechazados por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son soberanos y dueños del sistema. Sólo en las tiranías y en España se impone con esa sucia desfachatez la voluntad del gobernante sobre la del gobernado.
Han apelado a "crisis", a la "equidad" y a la "justicia fiscal" para subir los impuestos, para suprimir los 400 euros que recibian las rentas medias y para eliminar le privilegio que representaba la "Ley Beckham", que reducía la tributación de las estrellas del fútbol, pero ellos no se aplican esa equidad y son ajenos al inmenso esfuerzo que tienen que realizar los españoles, a los que se les suben los impuestos, se les recortan sus derechos y se les reducen sus salarios.
Los senadores y diputados, por ejemplo, consiguen que entre el 21 y el 36% de su salario no tribute a Hacienda. Los diputados autonómicos disfrutan de privilegios idénticos. Los catalanes dejan de tributar entre un 32 y un 40% de su remuneración total, que siempre es superior a los 70.000 euros anuales.
Los diputados y senadores también se 'autoaprobaron' un reglamento muy ventajoso que les garantiza cobrar la pensión máxima con sólo cotizar 7 años. El resto de ciudadanos debe hacerlo al menos 35 años para disfrutar de una pensión completa.
Los privilegios y ventajas de "la casta" pesan sobre España como una losa de plomo y afectan no solo a la economía sino también a la confianza y a la decencia. Los ciudadanos se sienten estafados por esta gente, que se cree con derecho al privilegio sin que el privilegio quede justificado en modo alguno, ni siquiera por una gestión pública y democrática que es de pésima calidad.
Desde múltiples instituciones internacionales, organismos y expertos se le dice al gobierno que adelgace, y que suprima sueldos, gastos y privilegios para salir de la crisis, pero estos parásitos sólo escuchan el egoísmo arrogante de sus poderes y privilegios, unos privilegios que en democracia son ilícitos y condenables porque son rechazados por el pueblo, que es el soberano y señor del sistema, aunque ellos (los políticos) lo ignoren.
Las acusaciones vertidas por el ex tesorero del PP Bárcenas han revelado la existencia de otro privilegio delictivo e intolerable en el PP y, probablemente en el resto de los partidos: el cobro de dobles sueldos y la sospecha de que parte de esos dineros suplementarios fueron en negro, nunca declarados a Hacienda.
Los ciudadanos exigen que se reduzcan los privilegios de la casta política y que los partidos dejen de ser financiados generosamente con el dinero procedente de los impuestos, pero los políticos, arrogantes e investidos de una bastarda sobredosis de poder, ignoran ese clamor cívico en una España postrada y empobrecida no sólo por la crisis, sino también por la mala gestión de los políticos.
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