La peor corrupción posible es la institucional porque, al desplegarse en el núcleo del poder público, donde el ciudadano espera actitudes y comportamientos ejemplares, frustra y corrompe a la sociedad con la fuerza del ácido. Pero ocurre que, aunque parezca increíble, esa corrupción es legal y cotidiana en España y se practica con asqueroso descaro desde la cúspide misma del poder, a plena luz y ante las cámaras.
El New York Times, probablemente el diario mas influyente del mundo, acaba de publicar un reportaje sobre la máxima figura de la política española, el rey Juan Carlos, al que considera "un rey escarmentado que busca su redención" y al que calcula una fortuna de unos 1.800 millones de euros, presuntamente conseguida aprovechando su`puesto al frente del Estado español como intermediario internacional de grandes negocios. Conseguir una sólida fortuna personal era una vieja aspiración del rey, que sufrió cuando niño la estrechez en que vivía su padre, Don Juan, en el exilio.
Tras la lectura del reportaje, uno se explica por qué existe en la ciudadanía española esa sensación arraigada de que los políticos, desde el primero al último, se aprovechan de sus cargos y, en muchos casos, roban y violan las leyes.
Zapatero acaba de comprarse un chalet en Madrid cuyo precio, según la prensa, es de unos 800.000 euros, una cantidad que él no ha podido ahorrar en sus siete años al frente del gobierno, si se tienen en cuenta sus ingresos oficiales.
Muchos observadores y analistas piensan que España es un país mucho más corrupto que Grecia, al menos cualitativamente, porque su corrupción es como una pirámide invertida, enorme en la cúspide y escasa en la base popular, mientras que la griega y la italiana tienen la forma de una pirámide tradicional, mucho más amplia en la base que en el vértice.
Pero la corrupción española trasciende los ámbitos de las fortunas personales y los patrimonios inexplicables y se extiende a las labores diarias del gobierno y de la política en general.
El más elocuente ejemplo de ese tipo de corrupción lo practicaba nada menos que el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al comprar votos a los partidos minoritarios, generalmente nacionalistas, a cambio de los apoyos parlamentarios que necesitaba su precaria mayoría. Otra forma de corrupción en la cúspide es el desacato impune de las sentencias de los altos tribunales, como ha ocurrido en Cataluña, una autonomía que ha vivido en los últimos años al margen de la Constitución, con los gobiernos centrales tolerando ese abuso gravísimo. Hay decenas de síntomas y rasgos de la corrupción institucional española: desde una ley que se es igual para todos, con ejemplos de gente que se ha salvado de los tribunales por ser amigo de los grandes poderes del Estado, a la inexplicable fortuna de decenas de miles de políticos españoles, sin olvidar la inexistencia de frenos y controles para los partidos políticos y para sus élites profesionales, que gozan de una práctica e indecente impunidad. La más reciente manifestación de corrupción en grado extremo es la que está protagonizando el gobierno de Rajoy, que se niega a dimitir, como es preceptivo en democracia, cuando ha incumplido casi la totalidad de las promesas electorales que le auparon hasta el poder, lo que convierte su mandato en legal, pero basado en el engaño y, por consiguiente, totalmente ilícito e inmoral.
La regeneración democrática que España necesita y que los ciudadanos anhelan cada día con más insistencia debería partir de la instauración de una verdadera democracia, no de la actual chapuza oligárquica y corrupta, una auténtica dictadura camuflada de partidos políticos, sin ciudadanos, sin separación de poderes y sin otros requisitos básicos de la democracia, que, por ahora, se someten al veredicto de las urnas.
España necesita un rescate ético mucho más que el rescate económico y el hundimiento de la economía española tiene como causa principal el hundimiento previo de la ética y la caída de los partidos en la corrupción, la arrogancia y el abuso de poder.
La compra de votos y apoyos, una de las manifestaciones más sucias y repulsivas de la política española actual, no es un "pecado" antidemocrático y corrupto exclusivo del PSOE, porque el PP de Aznar lo practicó a manos llenas con el nacionalismo catalán, cuando necesitaba apoyos para gobernar. Sin embargo, fue Zapatero el que convirtió esa práctica en norma de gobierno y el que la ha extendido incluso a la propia ETA y a Batasuna, cuando en los tiempos de la negociación aplicaba la ley de manera benévola a los bandidos y asesinos, mientras que "presentaba" a Batasuna ante el Parlamento Europeo, impregnando de vergüenza e ignominia la democracia española.
En el pasado, cuando la sociedad española estaba todavía adormecida y era indiferente frente a la corrupción galopante que infectaba las alturas del poder público, aquellas actitudes sucias e indecentes eran más o menos toleradas por un pueblo demasiado adormilado e ignorante de lo que es la democracia, pero hoy, con una sociedad desquiciada por la crisis e indignada ante el mal gobierno y el abuso crónico de los poderosos, constituyen un comportamiento que los ciudadanos consideran repugnante y que está provocando rebeldía en las calles.
En el vasto y despreciable océano de la corrupción española, el sector público tiene un protagonismo vergonzoso. La recaudación "en nombre del partido", el cobro de comisiones, las mil formas de financiación ilegal, el uso de los fondos para formación, fuente habitual de financiación para muchas sindicatos y asociaciones patronales, la entrega de dinero a fundaciones del propio partido, la concesión de subvenciones a las empresas e instituciones amigas, las listas negras de empresas e instituciones adversarias, a las que se les "cierra el grifo", los concursos públicos trucados, los pliegos de condiciones técnicas pactados, el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo, el despilfarro, la información privilegiada, la arbitrariedad de la Justicia y la no aplicación de la ley, la prevaricación y otras muchas actuaciones de la misma estofa inmoral son por desgracia habituales en unas administraciones públicas españolas que actúan como verdaderas "corruptoras" de la sociedad y como pésimos ejemplos, ajenos a la democracia, a la decencia y a la ética.
El New York Times, probablemente el diario mas influyente del mundo, acaba de publicar un reportaje sobre la máxima figura de la política española, el rey Juan Carlos, al que considera "un rey escarmentado que busca su redención" y al que calcula una fortuna de unos 1.800 millones de euros, presuntamente conseguida aprovechando su`puesto al frente del Estado español como intermediario internacional de grandes negocios. Conseguir una sólida fortuna personal era una vieja aspiración del rey, que sufrió cuando niño la estrechez en que vivía su padre, Don Juan, en el exilio.
Tras la lectura del reportaje, uno se explica por qué existe en la ciudadanía española esa sensación arraigada de que los políticos, desde el primero al último, se aprovechan de sus cargos y, en muchos casos, roban y violan las leyes.
Zapatero acaba de comprarse un chalet en Madrid cuyo precio, según la prensa, es de unos 800.000 euros, una cantidad que él no ha podido ahorrar en sus siete años al frente del gobierno, si se tienen en cuenta sus ingresos oficiales.
Muchos observadores y analistas piensan que España es un país mucho más corrupto que Grecia, al menos cualitativamente, porque su corrupción es como una pirámide invertida, enorme en la cúspide y escasa en la base popular, mientras que la griega y la italiana tienen la forma de una pirámide tradicional, mucho más amplia en la base que en el vértice.
Pero la corrupción española trasciende los ámbitos de las fortunas personales y los patrimonios inexplicables y se extiende a las labores diarias del gobierno y de la política en general.
El más elocuente ejemplo de ese tipo de corrupción lo practicaba nada menos que el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al comprar votos a los partidos minoritarios, generalmente nacionalistas, a cambio de los apoyos parlamentarios que necesitaba su precaria mayoría. Otra forma de corrupción en la cúspide es el desacato impune de las sentencias de los altos tribunales, como ha ocurrido en Cataluña, una autonomía que ha vivido en los últimos años al margen de la Constitución, con los gobiernos centrales tolerando ese abuso gravísimo. Hay decenas de síntomas y rasgos de la corrupción institucional española: desde una ley que se es igual para todos, con ejemplos de gente que se ha salvado de los tribunales por ser amigo de los grandes poderes del Estado, a la inexplicable fortuna de decenas de miles de políticos españoles, sin olvidar la inexistencia de frenos y controles para los partidos políticos y para sus élites profesionales, que gozan de una práctica e indecente impunidad. La más reciente manifestación de corrupción en grado extremo es la que está protagonizando el gobierno de Rajoy, que se niega a dimitir, como es preceptivo en democracia, cuando ha incumplido casi la totalidad de las promesas electorales que le auparon hasta el poder, lo que convierte su mandato en legal, pero basado en el engaño y, por consiguiente, totalmente ilícito e inmoral.
La regeneración democrática que España necesita y que los ciudadanos anhelan cada día con más insistencia debería partir de la instauración de una verdadera democracia, no de la actual chapuza oligárquica y corrupta, una auténtica dictadura camuflada de partidos políticos, sin ciudadanos, sin separación de poderes y sin otros requisitos básicos de la democracia, que, por ahora, se someten al veredicto de las urnas.
España necesita un rescate ético mucho más que el rescate económico y el hundimiento de la economía española tiene como causa principal el hundimiento previo de la ética y la caída de los partidos en la corrupción, la arrogancia y el abuso de poder.
La compra de votos y apoyos, una de las manifestaciones más sucias y repulsivas de la política española actual, no es un "pecado" antidemocrático y corrupto exclusivo del PSOE, porque el PP de Aznar lo practicó a manos llenas con el nacionalismo catalán, cuando necesitaba apoyos para gobernar. Sin embargo, fue Zapatero el que convirtió esa práctica en norma de gobierno y el que la ha extendido incluso a la propia ETA y a Batasuna, cuando en los tiempos de la negociación aplicaba la ley de manera benévola a los bandidos y asesinos, mientras que "presentaba" a Batasuna ante el Parlamento Europeo, impregnando de vergüenza e ignominia la democracia española.
En el pasado, cuando la sociedad española estaba todavía adormecida y era indiferente frente a la corrupción galopante que infectaba las alturas del poder público, aquellas actitudes sucias e indecentes eran más o menos toleradas por un pueblo demasiado adormilado e ignorante de lo que es la democracia, pero hoy, con una sociedad desquiciada por la crisis e indignada ante el mal gobierno y el abuso crónico de los poderosos, constituyen un comportamiento que los ciudadanos consideran repugnante y que está provocando rebeldía en las calles.
En el vasto y despreciable océano de la corrupción española, el sector público tiene un protagonismo vergonzoso. La recaudación "en nombre del partido", el cobro de comisiones, las mil formas de financiación ilegal, el uso de los fondos para formación, fuente habitual de financiación para muchas sindicatos y asociaciones patronales, la entrega de dinero a fundaciones del propio partido, la concesión de subvenciones a las empresas e instituciones amigas, las listas negras de empresas e instituciones adversarias, a las que se les "cierra el grifo", los concursos públicos trucados, los pliegos de condiciones técnicas pactados, el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo, el despilfarro, la información privilegiada, la arbitrariedad de la Justicia y la no aplicación de la ley, la prevaricación y otras muchas actuaciones de la misma estofa inmoral son por desgracia habituales en unas administraciones públicas españolas que actúan como verdaderas "corruptoras" de la sociedad y como pésimos ejemplos, ajenos a la democracia, a la decencia y a la ética.
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