Que te espíen y que violen tu intimidad es grave, pero que lo haga sin el preceptivo permiso de un juez y sin necesidad alguna un gobierno como el que preside Zapatero, habituado a mentir, poco fiable, escasamente democrático y sin la necesaria cobertura legal, eso ya es indignante para la ciudadanía española.
El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel), que en estos momentos opera bajo el paraguas de una dudosa regulación, es otro signo que demuestra que la democracia en España es una quimera y que el sistema actual es un simple heredero directo del franquismo.
SITEL es el sistema que permite al Estado escuchar, sin autorización judicial, como es preceptivo en democracia, las conversaciones telefónicas de los ciudadanos a través del móvil y leer todos los mensajes intercambiados entre teléfonos.
Que el gobierno espíe a los ciudadanos siempre fue un abuso y un rasgo totalitario que provoca nauseas a los demócratas, pero quizás tuviera algún sentido en tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba cuajado de espías y quintacolumnistas, dividido en dos bandos, el capitalismo y el comunismo, ambos armados hasta los dientes con misiles de múltiples cabezas atómicas. Sin embargo, ahora, cuando el enemigo mortal ya no existe, el espionaje de sus ciudadanos sólo demuestra que los gobiernos quieren controlar y oprimir a sus pueblos para mantener su poder. Sin otro objetivo que justificar sus abusos, privilegios y poderes especiales, los gobiernos inventan terroristas, pandemias y enemigos, cuando lo único que pretenden es desviar la atención del ciudadano, para que no centre su mirada en las injusticias y el avance de las desigualdades, el desempleo y la pobreza, espiándolos para mantenerlos bajo control y evitar que un día decidan rebelarse ante las corrupciones y la escasa democracia del sistema.
Para saber si existe o no democracia en una sociedad hay una ecuación infalible: si el gobierno teme a los ciudadanos, entonces existe democrcia, pero si son los ciudadanos los que temen al gobierno, entonces existe tiranía. En España, el gobierno no le tiene temor alguno al ciudadano y, en consecuencia, se permite todo tipo de abusos de poder y de invasión de la intimidad, como ocurre con SITEL, pero los ciudadanos cada día temen más a un gobierno cuyos miembros carecen de controles democráticos y se sienten prácticamente impunes e inmunes.
La última invasión de la intimidad y de la libertad de los ciudadanos en España está representada por la Ley 25/2007 de 18 de octubre, que establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro que registre la identidad de los clientes. Estos datos, según el Ministerio del Interior, pueden ser requeridos por orden de un juez con la finalidad de investigar delitos graves.
Casi la mitad de la población española utilizaba este sistema para comunicarse. Hasta el año pasado, tan sólo cinco millones se identificaron en el ministerio. Los que antes del 8 de noviembre no lo hagan, perderán inmediatamente la línea, con el coste que eso supone también para las operadoras.
SITEL tendrá capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos móviles españoles. El gobierno afirma que el sistema —implantado en Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia— es utilizado únicamente por agentes facultados, pero lo cierto es que el gobierno, al eliminar el permiso judicial para espiar, ha burlado otra de las garantías democráticas que controlaban el poder del Estado y que proporcionaban respeto y seguridad al ciudadano.
SITEL es la penúltima violación de los derechos individuales en esta España donde cada día es más difícil encontrar un resquicio de democracia.
La Ley 25/2007 de Conservación de Datos, asegura que en la citada fecha tope (8 de noviembre) "los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago" no identificadas. La misma norma obliga a las compañías telefónicas a conservar durante un año todos los datos de tráfico (incluida la localización geográfica) tanto de los terminales fijos y móviles como de las IP de Internet o la telefonía por Internet.
El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel), que en estos momentos opera bajo el paraguas de una dudosa regulación, es otro signo que demuestra que la democracia en España es una quimera y que el sistema actual es un simple heredero directo del franquismo.
SITEL es el sistema que permite al Estado escuchar, sin autorización judicial, como es preceptivo en democracia, las conversaciones telefónicas de los ciudadanos a través del móvil y leer todos los mensajes intercambiados entre teléfonos.
Que el gobierno espíe a los ciudadanos siempre fue un abuso y un rasgo totalitario que provoca nauseas a los demócratas, pero quizás tuviera algún sentido en tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba cuajado de espías y quintacolumnistas, dividido en dos bandos, el capitalismo y el comunismo, ambos armados hasta los dientes con misiles de múltiples cabezas atómicas. Sin embargo, ahora, cuando el enemigo mortal ya no existe, el espionaje de sus ciudadanos sólo demuestra que los gobiernos quieren controlar y oprimir a sus pueblos para mantener su poder. Sin otro objetivo que justificar sus abusos, privilegios y poderes especiales, los gobiernos inventan terroristas, pandemias y enemigos, cuando lo único que pretenden es desviar la atención del ciudadano, para que no centre su mirada en las injusticias y el avance de las desigualdades, el desempleo y la pobreza, espiándolos para mantenerlos bajo control y evitar que un día decidan rebelarse ante las corrupciones y la escasa democracia del sistema.
Para saber si existe o no democracia en una sociedad hay una ecuación infalible: si el gobierno teme a los ciudadanos, entonces existe democrcia, pero si son los ciudadanos los que temen al gobierno, entonces existe tiranía. En España, el gobierno no le tiene temor alguno al ciudadano y, en consecuencia, se permite todo tipo de abusos de poder y de invasión de la intimidad, como ocurre con SITEL, pero los ciudadanos cada día temen más a un gobierno cuyos miembros carecen de controles democráticos y se sienten prácticamente impunes e inmunes.
La última invasión de la intimidad y de la libertad de los ciudadanos en España está representada por la Ley 25/2007 de 18 de octubre, que establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro que registre la identidad de los clientes. Estos datos, según el Ministerio del Interior, pueden ser requeridos por orden de un juez con la finalidad de investigar delitos graves.
Casi la mitad de la población española utilizaba este sistema para comunicarse. Hasta el año pasado, tan sólo cinco millones se identificaron en el ministerio. Los que antes del 8 de noviembre no lo hagan, perderán inmediatamente la línea, con el coste que eso supone también para las operadoras.
SITEL tendrá capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos móviles españoles. El gobierno afirma que el sistema —implantado en Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia— es utilizado únicamente por agentes facultados, pero lo cierto es que el gobierno, al eliminar el permiso judicial para espiar, ha burlado otra de las garantías democráticas que controlaban el poder del Estado y que proporcionaban respeto y seguridad al ciudadano.
SITEL es la penúltima violación de los derechos individuales en esta España donde cada día es más difícil encontrar un resquicio de democracia.
La Ley 25/2007 de Conservación de Datos, asegura que en la citada fecha tope (8 de noviembre) "los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago" no identificadas. La misma norma obliga a las compañías telefónicas a conservar durante un año todos los datos de tráfico (incluida la localización geográfica) tanto de los terminales fijos y móviles como de las IP de Internet o la telefonía por Internet.
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