ENDESA devolverá el próximo jueves a los compradores de sus participaciones preferentes todos los títulos adquiridos, con lo que se convertirá en la primera empresa española en realizar un desembolso de estas características. En un momento en el que este tipo de inversión se encuentra especialmente cuestionada, la eléctrica ha optado por la Justicia y la decencia, devolviendo la inversión en efectivo y al 100% de su valor nominal.
La decisión de ENDESA plantea algunas cuestiones inquietantes: ¿Por qué devuelve el dinero íntegro una empresa privada y no lo hacen los bancos que son propiedad del Estado, que han practicado quitas y recortes dolorosos e injustos a los ahorradores? ¿El deterioro ético de los políticos les ha llevado a convertirse en auténticos forajidos? ¿Está a salvo, de aquí en adelante, el dinero ahorrado por los ciudadanos?
La única explicación lógica de lo que ocurre es que en ENDESA decide un consejo de administración compuesto por empresarios y profesionales, mientras que en los bancos rescatados deciden políticos, miembros de una casta carcomida por la corrupción y la ausencia de ética y de valores. El robo a los ahorradores que compraron preferentes sólo es explicable desde la ética actual de los políticos, habituados al saqueo, como ya han hecho con las cajas de ahorro españolas y como acaban de demostrar en Chipre, donde han saqueado también los depósitos de los ahorradores, saltándose la ley de la propiedad privada, esencia del sistema, sin reparo o remordimiento alguno.
Nada impide a los bancos estatales españoles devolver a los ahorradores engañados hasta el último euro invertido de buena fe, salvo la codicia y la falta de ética de la clase política española, cuya capacidad para saquear parece no tener freno y ya se atreve a arrebatar sus ahorros al ciudadano sin remordimiento alguno y sin que el derecho a la propiedad privada les frene. El de las preferentes no fue un dinero invertido con riesgo por el sistema bancario, que lo utilizó masivamente para equilibrar sus balances. Puede y debe devolverlo y si no lo hace es porque la decencia de la clase política española se ha volatilizado.
De todos los errores cometidos en España por el gobierno de Rajoy, quizás el más despreciable de todos haya sido la legalización, a través del Consejo de Ministros, del robo perpetrado a los ahorradores españoles con las participaciones preferentes. Muchos ciudadanos confiaban en que el Estado, dueño ahora de los bancos que mas sangre hicieron con las participaciones preferentes, devolvieran a los ahorradores hasta el último euro, todos entregados de buena fe al sistema bancario. Sin embargo, la decisión de Rajoy y de su gobierno ha sido otra muy distinta: convertir ese robo en política de Estado.
Por decisión del Consejo de Ministros, las 'víctimas' de las preferentes, todas ellas ciudadanos que entregaron sus ahorros de buena fe a un sistema financiero español que operaba "bajo la garantía del Estado", sufrirán una quita de entre el 38 y el 61 por ciento.
La última fechoría del gobierno de Rajoy, con la complicidad de buena parte del sistema político español, quizás la peor y la más indecente de las muchas cometidas en los últimos años, es esa quita practicada a las participaciones preferentes, una medida injusta que se asemeja a un robo en toda regla, perpetrado por los bancos, con el consentimiento y la bendición del mismo Estado, que ha autorizado y legalizado que los ahorradores pierdan gran parte del dinero que invirtieron. El saqueo a través de los impuestos parece que no es suficiente para un sistema insaciable que ha aprendido a meter la mano en la cartera del ciudadano, un espacio que antes le estaba vedado.
Los preferentistas de Catalunya Banc sufrirán una rebaja media del 61% y los dueños de estos activos en Novagalicia pierden el 43% y en Banco Gallego el 50%. Los que confiaron sus ahorros a Bankia, los mas numerosos, sufrirán mermas de un 38 por ciento, aproximadamente, practicadas por una entidad cuyos directivos aceleraron el hundimiento del esa caja de ahorros auto adjudicándose premios e indemnizaciones multimillonarias, sin haber acumulado otro mérito que el del saqueo y expolio de la entidad.
La decisión de ENDESA plantea algunas cuestiones inquietantes: ¿Por qué devuelve el dinero íntegro una empresa privada y no lo hacen los bancos que son propiedad del Estado, que han practicado quitas y recortes dolorosos e injustos a los ahorradores? ¿El deterioro ético de los políticos les ha llevado a convertirse en auténticos forajidos? ¿Está a salvo, de aquí en adelante, el dinero ahorrado por los ciudadanos?
La única explicación lógica de lo que ocurre es que en ENDESA decide un consejo de administración compuesto por empresarios y profesionales, mientras que en los bancos rescatados deciden políticos, miembros de una casta carcomida por la corrupción y la ausencia de ética y de valores. El robo a los ahorradores que compraron preferentes sólo es explicable desde la ética actual de los políticos, habituados al saqueo, como ya han hecho con las cajas de ahorro españolas y como acaban de demostrar en Chipre, donde han saqueado también los depósitos de los ahorradores, saltándose la ley de la propiedad privada, esencia del sistema, sin reparo o remordimiento alguno.
Nada impide a los bancos estatales españoles devolver a los ahorradores engañados hasta el último euro invertido de buena fe, salvo la codicia y la falta de ética de la clase política española, cuya capacidad para saquear parece no tener freno y ya se atreve a arrebatar sus ahorros al ciudadano sin remordimiento alguno y sin que el derecho a la propiedad privada les frene. El de las preferentes no fue un dinero invertido con riesgo por el sistema bancario, que lo utilizó masivamente para equilibrar sus balances. Puede y debe devolverlo y si no lo hace es porque la decencia de la clase política española se ha volatilizado.
De todos los errores cometidos en España por el gobierno de Rajoy, quizás el más despreciable de todos haya sido la legalización, a través del Consejo de Ministros, del robo perpetrado a los ahorradores españoles con las participaciones preferentes. Muchos ciudadanos confiaban en que el Estado, dueño ahora de los bancos que mas sangre hicieron con las participaciones preferentes, devolvieran a los ahorradores hasta el último euro, todos entregados de buena fe al sistema bancario. Sin embargo, la decisión de Rajoy y de su gobierno ha sido otra muy distinta: convertir ese robo en política de Estado.
Por decisión del Consejo de Ministros, las 'víctimas' de las preferentes, todas ellas ciudadanos que entregaron sus ahorros de buena fe a un sistema financiero español que operaba "bajo la garantía del Estado", sufrirán una quita de entre el 38 y el 61 por ciento.
La última fechoría del gobierno de Rajoy, con la complicidad de buena parte del sistema político español, quizás la peor y la más indecente de las muchas cometidas en los últimos años, es esa quita practicada a las participaciones preferentes, una medida injusta que se asemeja a un robo en toda regla, perpetrado por los bancos, con el consentimiento y la bendición del mismo Estado, que ha autorizado y legalizado que los ahorradores pierdan gran parte del dinero que invirtieron. El saqueo a través de los impuestos parece que no es suficiente para un sistema insaciable que ha aprendido a meter la mano en la cartera del ciudadano, un espacio que antes le estaba vedado.
Los preferentistas de Catalunya Banc sufrirán una rebaja media del 61% y los dueños de estos activos en Novagalicia pierden el 43% y en Banco Gallego el 50%. Los que confiaron sus ahorros a Bankia, los mas numerosos, sufrirán mermas de un 38 por ciento, aproximadamente, practicadas por una entidad cuyos directivos aceleraron el hundimiento del esa caja de ahorros auto adjudicándose premios e indemnizaciones multimillonarias, sin haber acumulado otro mérito que el del saqueo y expolio de la entidad.
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