Alternativa Española ha anunciado que presentará hoy, miércoles 4 de febrero, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia por posible malversación de fondos públicos contra el Presidente de la Comunidad Autónoma Gallega, Emilio Pérez Touriño, por el gasto de casi cuatro millones de euros en la reforma de tres salas de juntas de la Xunta; de 26.284 euros en una mesa; de sillas por valor de 2.269 euros la unidad; de 170.212 euros en el acristalamiento de una sala y de 480.000 euros en la adquisición de un coche oficial.
A juicio de AES y de millones de españoles, esos gastos no eran necesarios ni urgentes y, además de un posible delito, constituyen un inadmisible gesto de arrogancia y una ofensa a la dignidad humana y democrática de los millones de parados y pobres españoles, víctimas de una crisis económica que exige austeridad en el gasto público y una actuación delicada y ejemplo de los dirigentes políticos.
AES recuerda ante la Fiscalía que la Comunidad Autónoma Gallega es la tercera en peor saldo comercial y que, por ejemplo, ha necesitado 1.686 millones de euros del Estado para cubrir el pago de las pensiones de dicha Comunidad.
AES entiende que la actuación del presidente de la Xunta podría ser constitutiva de de un delito de malversación de fondos públicos, ya que destinar esas enormes cantidades de caudales públicos a reformas suntuosas, innecesarias e hirientes a la conciencia social (en unos momentos de grave crisis económica con más de tres millones de desempleados, nueve millones de pobres) es algo ajeno a la función pública y, por tanto, debe ser investigado y depuradas todas las responsabilidades.
AES abre así un camino que los demócratas españoles deben seguir con tesón, denunciando ante la Justicia abusos, malversaciones, corrupciones y otras irregularidades y posibles delitos cometidos por un poder político que muchas veces opera al margen de la democracia, como si fuera impune e inmune.
A juicio de AES y de millones de españoles, esos gastos no eran necesarios ni urgentes y, además de un posible delito, constituyen un inadmisible gesto de arrogancia y una ofensa a la dignidad humana y democrática de los millones de parados y pobres españoles, víctimas de una crisis económica que exige austeridad en el gasto público y una actuación delicada y ejemplo de los dirigentes políticos.
AES recuerda ante la Fiscalía que la Comunidad Autónoma Gallega es la tercera en peor saldo comercial y que, por ejemplo, ha necesitado 1.686 millones de euros del Estado para cubrir el pago de las pensiones de dicha Comunidad.
AES entiende que la actuación del presidente de la Xunta podría ser constitutiva de de un delito de malversación de fondos públicos, ya que destinar esas enormes cantidades de caudales públicos a reformas suntuosas, innecesarias e hirientes a la conciencia social (en unos momentos de grave crisis económica con más de tres millones de desempleados, nueve millones de pobres) es algo ajeno a la función pública y, por tanto, debe ser investigado y depuradas todas las responsabilidades.
AES abre así un camino que los demócratas españoles deben seguir con tesón, denunciando ante la Justicia abusos, malversaciones, corrupciones y otras irregularidades y posibles delitos cometidos por un poder político que muchas veces opera al margen de la democracia, como si fuera impune e inmune.