Parece increíble que SITEL todavía sea un gran desconocido (teniendo en cuenta que está operativo desde 2004), incluso para los propios jueces y fiscales, muchos de los cuales ignoran su existencia, y casi todos ellos, sus principios de funcionamiento.
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
SITEL no sólo intercepta las llamadas entre teléfonos móviles, sino que también vigila las comunicaciones por telefonía fija y, por supuesto, las informáticas.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
Pero con todo, eso no es lo peor, sino que bajo la torticera regulación actual, pareciera que tan sólo están amparados por el derecho al secreto de las comunicaciones las conversaciones o escritos en sí mismos. Es decir, para SITEL quedarían fuera de la cobertura de ese derecho fundamental y de la consiguiente necesidad de autorización judicial cuestiones como la identidad de los participantes en cualquier comunicación, el medio utilizado para la misma, la duración de las conversaciones, el contrato suscrito con la compañía de telecomunicaciones, los datos personales asociados o que se puedan inferir de la comunicación, y hasta la posición geográfica de los interlocutores en tiempo real.
En este artículo de la Asociación de Internautas leo que el fiscal Pedro Martínez asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
Me parece realmente escandaloso, y muy, muy preocupante.
Se trata de una filosofía legislativa que sitúa a todos los ciudadanos como sospechosos. «Conservan tus datos por si mañana haces algo», asegura Martínez, quien recalca que con estas iniciativas «se está generando una sociedad de la vigilancia que sustituye a la sociedad de las libertades».
Lo peor es que mucha gente ve todo esto bien. Muchas personas, por tener un
0,01 por 100 de posibilidades menos de ser víctimas de un delito, prefieren estar vigiladas el 99,99 por 100 del tiempo restante. Pero si no tolerarían tal grado de vigilancia en la realidad consensual, ¿por qué sí están dispuestos a consentirlo en la realidad virtual?
1984
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
SITEL no sólo intercepta las llamadas entre teléfonos móviles, sino que también vigila las comunicaciones por telefonía fija y, por supuesto, las informáticas.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
Pero con todo, eso no es lo peor, sino que bajo la torticera regulación actual, pareciera que tan sólo están amparados por el derecho al secreto de las comunicaciones las conversaciones o escritos en sí mismos. Es decir, para SITEL quedarían fuera de la cobertura de ese derecho fundamental y de la consiguiente necesidad de autorización judicial cuestiones como la identidad de los participantes en cualquier comunicación, el medio utilizado para la misma, la duración de las conversaciones, el contrato suscrito con la compañía de telecomunicaciones, los datos personales asociados o que se puedan inferir de la comunicación, y hasta la posición geográfica de los interlocutores en tiempo real.
En este artículo de la Asociación de Internautas leo que el fiscal Pedro Martínez asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
Me parece realmente escandaloso, y muy, muy preocupante.
Se trata de una filosofía legislativa que sitúa a todos los ciudadanos como sospechosos. «Conservan tus datos por si mañana haces algo», asegura Martínez, quien recalca que con estas iniciativas «se está generando una sociedad de la vigilancia que sustituye a la sociedad de las libertades».
Lo peor es que mucha gente ve todo esto bien. Muchas personas, por tener un
0,01 por 100 de posibilidades menos de ser víctimas de un delito, prefieren estar vigiladas el 99,99 por 100 del tiempo restante. Pero si no tolerarían tal grado de vigilancia en la realidad consensual, ¿por qué sí están dispuestos a consentirlo en la realidad virtual?
1984