Me lo decía anoche un jurista de respeto: "el problema de España es que no está sometida al imperio de las leyes democráticas". Y agregaba: "Un político como Rajoy, en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, habría sido destituido y, probablemente, también encarcelado".
Lo explicaba afirmando que alcanzar el poder cabalgando sobre el engaño y montado en la mentira siempre es un delito en democracia, que es un sistema político incompatible con la mentira, basado en el cumplimiento escrupuloso de una ley igual para todos y en el dominio de la luz y la transparencia. Explicaba que Rajoy, al haber prometido durante su campaña electoral justo lo contrario de lo que después hizo, cuando alcanzó el poder, cometió una estafa a la ciudadanía que le deslegitima y le convierte en un peligro para el sistema. Si esa estafa es legal en España, no lo es en el 90 por ciento de las democracia del planeta, sobre todo en aquellas que son auténticas y fiables. "El hecho de que Rajoy, en España, pueda seguir presidiendo el gobierno es la mejor prueba de que España no es una democracia y que la sociedad está podrida", concluía mi amigo.
"La democracia le exigía haber dimitido, tras explicar al pueblo que no podía cumplir sus promesas electorales. Si el pueblo le hubiera vuelto a elegir en los nuevos comicios, entonces habría estado legitimado para gobernar. Al no haberlo hecho, es un usurpador".
"La gravedad e inmoralidad del incumplimiento de sus promesas electorales hace que los demás defectos y comportamientos antidemocráticos de Rajoy y de su partido, como hacer pagar al ciudadano impuestos injustos, negarse a adelgazar el Estado o mantener, contra la decidida voluntad popular, la financiación pública de los partidos políticos, pasen a segundo plano".
Me impresionó tanto su razonamiento y me pareció tan sólido y solvente que le prometí que hoy lo publicaría en mi blog, tal como él lo pronunció, sin cambiar una sola coma.
Al conocer mi intención, el viejo y sabio jurista, cargado de prestigio y experto en mil juicios y dictámenes, me advirtió: "no servirá de nada porque España es ya un caso perdido".
Lo explicaba afirmando que alcanzar el poder cabalgando sobre el engaño y montado en la mentira siempre es un delito en democracia, que es un sistema político incompatible con la mentira, basado en el cumplimiento escrupuloso de una ley igual para todos y en el dominio de la luz y la transparencia. Explicaba que Rajoy, al haber prometido durante su campaña electoral justo lo contrario de lo que después hizo, cuando alcanzó el poder, cometió una estafa a la ciudadanía que le deslegitima y le convierte en un peligro para el sistema. Si esa estafa es legal en España, no lo es en el 90 por ciento de las democracia del planeta, sobre todo en aquellas que son auténticas y fiables. "El hecho de que Rajoy, en España, pueda seguir presidiendo el gobierno es la mejor prueba de que España no es una democracia y que la sociedad está podrida", concluía mi amigo.
"La democracia le exigía haber dimitido, tras explicar al pueblo que no podía cumplir sus promesas electorales. Si el pueblo le hubiera vuelto a elegir en los nuevos comicios, entonces habría estado legitimado para gobernar. Al no haberlo hecho, es un usurpador".
"La gravedad e inmoralidad del incumplimiento de sus promesas electorales hace que los demás defectos y comportamientos antidemocráticos de Rajoy y de su partido, como hacer pagar al ciudadano impuestos injustos, negarse a adelgazar el Estado o mantener, contra la decidida voluntad popular, la financiación pública de los partidos políticos, pasen a segundo plano".
Me impresionó tanto su razonamiento y me pareció tan sólido y solvente que le prometí que hoy lo publicaría en mi blog, tal como él lo pronunció, sin cambiar una sola coma.
Al conocer mi intención, el viejo y sabio jurista, cargado de prestigio y experto en mil juicios y dictámenes, me advirtió: "no servirá de nada porque España es ya un caso perdido".