Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tras haberse convertido en el partido de la esperanza, al que muchos demócratas españoles piensan votar para cambiar la peligrosa y obscena deriva de la política, cada día más impregnada de corrupción, arrogancia e ineficiencia, debería revisar sus propuestas y errores para adecuarlos a la nueva misión que los españoles van a encomendarle, la de regenerar la democracia.
UPyD se ha ganado su condición de "partido esperanza" por su valiente rechazo al nacionalismo, por su voluntad de regenerar la democracia, por sus críticas a la Ley Electoral y porque es capaz de decir lo mismo en todos los rincones de España, sin hipocresías ni pasteleos.
Sin embargo, hay una propuesta de UPyD que ha sorprendido negativamente a los demócratas y que debe ser revisada con urgencia porque entra en colisión con la voluntad decidida de regenerar el sistema. Cumpliendo lo que prometió, Rosa Díez, diputada por el partido UPyD, presentó una propuesta de reforma de la Ley Electoral que ha sorprendido a los ciudadanos porque es insuficiente y porque incluye una medida tan impopular como el incremento del número de diputados en las Cortes Generales, que se eleva a 400.
UPyD propone que cada provincia esté representada por un diputado y que los 348 diputados restantes se distribuyan en base a la población real, atribuyendo a cada provincia los que realmente le correspondan. También propone suprimir el artículo que establece que no se tengan en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
Elevar el número de diputados es una medida que la inmensa mayoría de los demócratas españoles rechazan, ya que engorda el ya obeso sistema político español, demasiado costoso y atiborrado de políticos inútiles. Aumentar el número de diputados en un país que ha multiplicado inutilmente sus órganos de poder e instituciones del Estado, creando, incluso, parlamentos en cada comunidad autónoma, que legislan sin necesidad sólo para justificar cuantiosos sueldos y prebendas, es incomprensible si se quiere regenerar la democracia.
UPyD ha presentado iniciativas parlamentarias para lograr la regeneración democrática que España necesita, pero ésta es manifiestamente mejorable e insuficiente.
Sí concuerdan con los anhelos de los demócratas otras ideas y reformas de UPyD que afectan a la independencia de la Justicia, la eliminación de las listas cerradas y bloqueadas y la limitación de los poderes desmesurados de los partidos políticos, sin olvidar otras como la revitalización de la sociedad civil, hoy invadida y ocupada por los partidos políticos, la independencia de las universidades, la reforma del Parlamento, donde los diputados están sometido a la dictadura de sus partidos y ni siquiera pueden votar en conciencia y otras muchas medidas que limiten el poder de chantaje que ejercen los pequeños partidos y que refuercen los controles ciudadanos a un poder político español que hoy se ha tornado arrogante, inútil y antidemocrático.
Colocar más diputados en un Estado obeso y casi imposible de ser financiado, que ya tiene que mantener una Casa Real, un gobierno nacional, un Parlamento, 17 gobiernos regionales, otros tantos parlamentos autonómicos, 50 diputaciones provinciales, miles de alcaldes, miles de concejales, funcionarios y una legión vergonzante de enchufados, amiguetes, familiares y diversos tipos de parásitos, es un error de calado que Rosa Díez debería corregir pronto.
UPyD se ha ganado su condición de "partido esperanza" por su valiente rechazo al nacionalismo, por su voluntad de regenerar la democracia, por sus críticas a la Ley Electoral y porque es capaz de decir lo mismo en todos los rincones de España, sin hipocresías ni pasteleos.
Sin embargo, hay una propuesta de UPyD que ha sorprendido negativamente a los demócratas y que debe ser revisada con urgencia porque entra en colisión con la voluntad decidida de regenerar el sistema. Cumpliendo lo que prometió, Rosa Díez, diputada por el partido UPyD, presentó una propuesta de reforma de la Ley Electoral que ha sorprendido a los ciudadanos porque es insuficiente y porque incluye una medida tan impopular como el incremento del número de diputados en las Cortes Generales, que se eleva a 400.
UPyD propone que cada provincia esté representada por un diputado y que los 348 diputados restantes se distribuyan en base a la población real, atribuyendo a cada provincia los que realmente le correspondan. También propone suprimir el artículo que establece que no se tengan en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
Elevar el número de diputados es una medida que la inmensa mayoría de los demócratas españoles rechazan, ya que engorda el ya obeso sistema político español, demasiado costoso y atiborrado de políticos inútiles. Aumentar el número de diputados en un país que ha multiplicado inutilmente sus órganos de poder e instituciones del Estado, creando, incluso, parlamentos en cada comunidad autónoma, que legislan sin necesidad sólo para justificar cuantiosos sueldos y prebendas, es incomprensible si se quiere regenerar la democracia.
UPyD ha presentado iniciativas parlamentarias para lograr la regeneración democrática que España necesita, pero ésta es manifiestamente mejorable e insuficiente.
Sí concuerdan con los anhelos de los demócratas otras ideas y reformas de UPyD que afectan a la independencia de la Justicia, la eliminación de las listas cerradas y bloqueadas y la limitación de los poderes desmesurados de los partidos políticos, sin olvidar otras como la revitalización de la sociedad civil, hoy invadida y ocupada por los partidos políticos, la independencia de las universidades, la reforma del Parlamento, donde los diputados están sometido a la dictadura de sus partidos y ni siquiera pueden votar en conciencia y otras muchas medidas que limiten el poder de chantaje que ejercen los pequeños partidos y que refuercen los controles ciudadanos a un poder político español que hoy se ha tornado arrogante, inútil y antidemocrático.
Colocar más diputados en un Estado obeso y casi imposible de ser financiado, que ya tiene que mantener una Casa Real, un gobierno nacional, un Parlamento, 17 gobiernos regionales, otros tantos parlamentos autonómicos, 50 diputaciones provinciales, miles de alcaldes, miles de concejales, funcionarios y una legión vergonzante de enchufados, amiguetes, familiares y diversos tipos de parásitos, es un error de calado que Rosa Díez debería corregir pronto.