Si hacemos caso a lo escaso que ha trascendido, el trato dispensado por la Universidad del País Vasco (UPV) a varios presos y exiliados etarras es para poner el grito en el cielo y que suenen todas las alarmas.
Según un informe elaborado por varios agentes adscritos al servicio de Información de la Guardia Civil, remitido el pasado septiembre a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN), en la UPV se han cometido fraudes académicos a gogó. La actitud torticera de algunos de sus funcionarios administrativos y docentes dice mucho de su poca (¡qué digo!, poca) nula probidad moral.
En el susodicho informe puede leerse con sonrojo mayúsculo que la UPV se avino a mentir bella(ca)mente, intentando colar como verosímil que varios presos de ETA habían hecho exámenes imposibles, por ejemplo, cuando éstos se hallaban huidos de la Justicia o cometiendo atentados, exámenes que milagrosamente, por arte de birlibirloque u otro habilidad prodigiosa terminaban aprobando.
Los agentes se mojan a la hora de dar los nombres, apellidos y cargos de los “presuntos delincuentes”, aquellas personas que, según ellos, actuaron de manera fraudulenta, derrochando favores a troche y moche, quiero decir sin límite, a los presos etarras y sus respectivos expedientes académicos; verbigracia, el ex rector magnífico Manuel Montero (a quien se le acusa de amañar notas) y el vicerrector de Ordenación Académica Iñaki Goiricelaia, hermano de la abogada y ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Jone Goiricelaia (a quien se le achaca la autoría de una circular ordenando aceptar la matrícula fuera de plazo de varios presos de ETA encarcelados en prisiones galas), entre otros.
Ángel Sáez García
Según un informe elaborado por varios agentes adscritos al servicio de Información de la Guardia Civil, remitido el pasado septiembre a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN), en la UPV se han cometido fraudes académicos a gogó. La actitud torticera de algunos de sus funcionarios administrativos y docentes dice mucho de su poca (¡qué digo!, poca) nula probidad moral.
En el susodicho informe puede leerse con sonrojo mayúsculo que la UPV se avino a mentir bella(ca)mente, intentando colar como verosímil que varios presos de ETA habían hecho exámenes imposibles, por ejemplo, cuando éstos se hallaban huidos de la Justicia o cometiendo atentados, exámenes que milagrosamente, por arte de birlibirloque u otro habilidad prodigiosa terminaban aprobando.
Los agentes se mojan a la hora de dar los nombres, apellidos y cargos de los “presuntos delincuentes”, aquellas personas que, según ellos, actuaron de manera fraudulenta, derrochando favores a troche y moche, quiero decir sin límite, a los presos etarras y sus respectivos expedientes académicos; verbigracia, el ex rector magnífico Manuel Montero (a quien se le acusa de amañar notas) y el vicerrector de Ordenación Académica Iñaki Goiricelaia, hermano de la abogada y ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Jone Goiricelaia (a quien se le achaca la autoría de una circular ordenando aceptar la matrícula fuera de plazo de varios presos de ETA encarcelados en prisiones galas), entre otros.
Ángel Sáez García