El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa sotiene que UGT-Andalucía creó "una estructura ex profeso" para desviar fondos públicos y que para sostener esa estrucutra se creó Soralpe I Mas P Asociados S.L., Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo, "en cuyos órganos de gobierno figuran o han figurado responsables de la propia UGT-A". Lo del sindicato UGT es tan sucio y tiene tanto alcance como corrupción organizada y asociación para delinquir que su máximo responsable, Cándido Méndez, debe dimitir urgentemente y el mismo sindicato debería ser clausurado por incumplir la ley y representar un peligro para España.
UGT de Andalucía cobró durante años a sus proveedores un canon mafioso vinculado a las subvenciones que le otorgaba la Junta para cursos de formación. Así lo declaró a la Guardia Civil el ex dirigente sindical Germán Domínguez, quien aseguró que toda la cúpula conocía la existencia de esta práctica.
Domínguez explicó que UGT justificaba el 100% de la ayuda a la Junta, pero en la práctica sólo utilizaba el 80% para las actividades subvencionadas. El resto era un descuento que exigía al contratista y que destinaba a otros fines. La declaración del ex secretario de Formación y Cultura forma parte de las actuaciones que dirige el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga a UGT-A por fraude de subvenciones y falsificación documental.
La Guardia Civil ha acreditado que el sindicato destinaba por sistema parte de las subvenciones para cursos de formación que le otorgaba la Junta a sufragar actividades propias mediante diversos procedimientos. UGT-A se habría financiado así de forma irregular durante años.
También se tienen evidencias de que los proveedores del sindicato cobraban sus facturas con un descuento del 20 por ciento, que se quedaba el sindicato.
Estas prácticas, delictivas y mafiosas, no constituyen hechos aíslados de corrupción, sino todo un sistema estable y meditado que servía para burlar las leyes y delinquir sistemáticamente, lo que exige graves condenas y medidas de profilaxis y saneamiento muy duras, incluyendo la clausura de ese sindicato podrido.
El escándalo de UGT es sintomático y revelador del inmenso grado de corrupción existente en España y de que esa corrupción ha anidado en las grandes instituciones del Estado y en las cúpulas de los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de gran peso y responsabilidad en la vida política y pública.
UGT de Andalucía cobró durante años a sus proveedores un canon mafioso vinculado a las subvenciones que le otorgaba la Junta para cursos de formación. Así lo declaró a la Guardia Civil el ex dirigente sindical Germán Domínguez, quien aseguró que toda la cúpula conocía la existencia de esta práctica.
Domínguez explicó que UGT justificaba el 100% de la ayuda a la Junta, pero en la práctica sólo utilizaba el 80% para las actividades subvencionadas. El resto era un descuento que exigía al contratista y que destinaba a otros fines. La declaración del ex secretario de Formación y Cultura forma parte de las actuaciones que dirige el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga a UGT-A por fraude de subvenciones y falsificación documental.
La Guardia Civil ha acreditado que el sindicato destinaba por sistema parte de las subvenciones para cursos de formación que le otorgaba la Junta a sufragar actividades propias mediante diversos procedimientos. UGT-A se habría financiado así de forma irregular durante años.
También se tienen evidencias de que los proveedores del sindicato cobraban sus facturas con un descuento del 20 por ciento, que se quedaba el sindicato.
Estas prácticas, delictivas y mafiosas, no constituyen hechos aíslados de corrupción, sino todo un sistema estable y meditado que servía para burlar las leyes y delinquir sistemáticamente, lo que exige graves condenas y medidas de profilaxis y saneamiento muy duras, incluyendo la clausura de ese sindicato podrido.
El escándalo de UGT es sintomático y revelador del inmenso grado de corrupción existente en España y de que esa corrupción ha anidado en las grandes instituciones del Estado y en las cúpulas de los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de gran peso y responsabilidad en la vida política y pública.