Los terribles acontecimientos de Coslada, donde los representantes de la autoridad, presuntamente transformados en una mafia policial corrupta, extorsionaban y atemorizaban a unos ciudadanos que soportaron durante años la agresión sin atreverse a denunciar el drama, no representan un hecho aíslado sino el fiel reflejo del deterioro de la democracia en España, donde se convive con la corrupción y en algunas autonomías se vive al margen de la ley y de espaldas a la Constitución.
En el País Vasco, en Cataluña y ya también en Galicia, como en Coslada, el Estado no es capaz de defender los derechos individuales y los ciudadanos tienen que soportar el miedo, la marginación, la extorsión de los terroristas, la presión de los nacionalistas y hasta el "estigma" que ocasiona expresarse en lengua española.
La Justicia, que es la que debería poner fin a todos estos dramas antidemocráticos, está controlada por los partidos políticos y, sin ser independiente y autónoma, tampoco puede ser democrática.
Un país cuyo gobierno, además, ha impulsado un Estatuto, el de Cataluña, que rompe el concepto de igualdad y tiene fundadas sospechas de inconstitucionalidad, dista mucho de estar sometido a un Estado de Derecho.
En España, como en Coslada, la ilegalidad está vigente. Todos sabemos que muchos partidos políticos se financian de manera ilegal y que muchos ayuntamientos se financian al margen de la ley, a través del urbanismo, pero hemos aprendido a conviver con la corrupción, sin atrevernos a denunciarla, entre otras razones porque de nada sirve la denuncia.
Lo ocurrido en Coslada, donde 26 policias locales corruptos y extorsionadores han sido detenidos, con el jefe de la policía local al frente, despues de muchos años de prácticas curruptas, bajo ayuntamientos de la derecha y de la izquierda (el actual es del PSOE), al igual que los otros muchos dramas que rodean y avergüenzan al ciudadano español, son reflejo directo y lógico de la degradación de una democracia cuyo principal déficit es que la autoridad es prácticamente inmune e impune porque carece de controles, porque el ciudadano no tiene poder, porque su denuncia carece de efectos reales y porque la Justicia, intervenida por los políticos y sin medios suficientes, no es capaz de imponer la ley y el orden.
En el País Vasco, en Cataluña y ya también en Galicia, como en Coslada, el Estado no es capaz de defender los derechos individuales y los ciudadanos tienen que soportar el miedo, la marginación, la extorsión de los terroristas, la presión de los nacionalistas y hasta el "estigma" que ocasiona expresarse en lengua española.
La Justicia, que es la que debería poner fin a todos estos dramas antidemocráticos, está controlada por los partidos políticos y, sin ser independiente y autónoma, tampoco puede ser democrática.
Un país cuyo gobierno, además, ha impulsado un Estatuto, el de Cataluña, que rompe el concepto de igualdad y tiene fundadas sospechas de inconstitucionalidad, dista mucho de estar sometido a un Estado de Derecho.
En España, como en Coslada, la ilegalidad está vigente. Todos sabemos que muchos partidos políticos se financian de manera ilegal y que muchos ayuntamientos se financian al margen de la ley, a través del urbanismo, pero hemos aprendido a conviver con la corrupción, sin atrevernos a denunciarla, entre otras razones porque de nada sirve la denuncia.
Lo ocurrido en Coslada, donde 26 policias locales corruptos y extorsionadores han sido detenidos, con el jefe de la policía local al frente, despues de muchos años de prácticas curruptas, bajo ayuntamientos de la derecha y de la izquierda (el actual es del PSOE), al igual que los otros muchos dramas que rodean y avergüenzan al ciudadano español, son reflejo directo y lógico de la degradación de una democracia cuyo principal déficit es que la autoridad es prácticamente inmune e impune porque carece de controles, porque el ciudadano no tiene poder, porque su denuncia carece de efectos reales y porque la Justicia, intervenida por los políticos y sin medios suficientes, no es capaz de imponer la ley y el orden.