Emilio Botín, el primer banquero de España, un tipo generalmente bien informado y mejor relacionado, ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que los políticos son los grandes culpables de la actual crisis económica que tiene a España de rodillas y al borde de la quiebra.
Los políticos han intentado eludir por todos los medios esa responsabilidad, pero la verdad termina siempre por abrirse camino. El fracaso de los políticos en el cumplimiento de su deber es tan grande que merecen ser expulsados del poder, castigados con inhabilitación y sustituidos por otro tipo de personas, sometidas a controles y exámenes que garanticen su preparación intelectual, su entereza psicológica y su valor ético. La terrible experiencia sufrida en los últimos tiempos por España con su casta política, inepta y capaz de conducir a la nación hasta el fracaso y la ruina, impone un cambio drástico en la selección de los políticos gobernantes y la introducción de importantes exigencias y exámenes a los que aspiren a desempeñar en el futuro altas responsabilidades del Estado. La situación actual, en la que, incomprensiblemente, se le exige menos a un ministro o a un presidente de gobierno que a una secretaria de dirección o a un ejecutivo de ventas, donde los altos dirigentes ni siquiera deben demostrar su salud psíquica y su solvencia ética, es un suicidio para la democracia y para el mismo pueblo soberano. España debe evitar por todos los medios que en el futuro vuelvan a alcanzar el máximo poder públicos tipos acomplejados, incapaces de dialogar con los líderes mundiales, sin conocimiento de idiomas, sin una ética garantizada y tan torpes, volubles y arrogantes que sean capaces de destruir, en pocos años, todo el posicionamiento, el prestigio y la prosperidad ganados por la nación con el esfuerzo de todos.
Los políticos son los culpables de la crisis porque entre las misiones que los ciudadanos les encomiendan al entregarles el poder destaca la de controlar a las instituciones financieras y regular el funcionamiento de las finanzas. Cualquier producto financiero que salga al mercado ha debido ser previamente inspeccionado y autorizado por los órganos reguladores, en manos de políticos, pero estos no han cumplido con su deber y han permitido que los mercados se inunden con productos basura y que estos sean comercializados.
Los políticos han cerrado los ojos y han sido permisivos ante las locuras y abusos urbanísticos que han tenido lugar en España. La razón principal es que el urbanismo y la vivienda proporcionaban al Estado, a los partidos y a muchos políticos una financiación abundante y, a veces, mafiosa. Al permitir esas locuras, han puesto los cimientos de la burbuja inmobiliaria y son responsables de su posterior estallido, una de las grandes causas de la crisis actual de España.
Los políticos controlan desde hace tiempo las cajas de ahorro españolas, casi todas arruinadas por el comportamiento irresponsable y muchas veces inmoral y mafioso de los políticos y sindicalistas que se sentaban en sus consejos de administración, que se han autootorgado prestamos blandos, sueldos, jubilaciones e indemnizaciones de auténtico lujo, incosteables, además de conceder préstamos a los amigos del poder, a los partidos y a instituciones públicas que nunca los pagaron y que muchas veces lograron que esos préstamos fueran condonados.
Los políticos han introducido la corrupción en a sociedad española y han infectado con el virus las instituciones y la sociedad.
Los políticos han conseguido que el Estado y sus instituciones se conviertan en los peores pagadores de España,incumpliendo todas las leyes y normas que regulan el pago de deudas, lo que ha provocado la ruina y el cierre de miles de empresas y negocios de autónomos.
El Estado, en manos de despilfarradores sin freno, se ha convertido en una máquina sedienta siempre de dinero y ha exigido y obligado a los bancos españoles que les entreguen su dinero como préstamo. La demanda de las administraciones ha sido tan intensa, que el mercado ha quedado con poco dinero para conceder préstamos a las empresas y autónomos.
La insolvencia de muchas empresas, parte de ellas debilitadas o arruinadas por las deudas de las administraciones, ha impedido que los bancos, obligados por el gobierno a disminuir las tasas de morosidad, pueda conceder préstamos a las empresas.
El Estado podría haberse convertido, a través de bancos públicos como el ICO, en un importante prestador de dinero a las instituciones y empresas que no encontraban financiación en el mercado, pero nunca lo hizo, ni siquiera lo intentó, prefiriendo culpar hipócritamente al sistema bancario, cuando el principal culpable ha sido la inepta clase política española.
El Estado ha seguido despilfarrando y tirando el dinero incluso en los peores tiempos de la crisis, cuando la sociedad española era ya víctima de la desesperación, el desempleo y la pobreza, lo que ha agravado la crisis y provocado mayor escasez de dinero.
La clase política, inexplicablemente, no ha puesto interés alguno en cambiar las reglas del juego, ni ha exigido a los bancos cambios en sus políticas de préstamos.
Los políticos, por último, han impedido que sus colegas culpables de corrupción a gran escala hayan sido juzgados y castigados y han influido en la Fiscalía y, cuando les ha sido posible, también en los tribunales, para que muchos delitos políticos queden impunes, lo que ha extendido la corrupción por todo el tejido económico y social del país, agravando la crisis y haciendo más escaso el dinero.
Estos argumentos no sólo le dan la razón a Emilio Botín cuando acusa a los políticos de ser los grandes culpables de la crisis, sino que, además, revelan la falta de preparación política, intelectual, profesional y ética de una parte importante de la clase política española, merecedora de la repulsa masiva de la ciudadanía y de un castigo ejemplar.
Los políticos han intentado eludir por todos los medios esa responsabilidad, pero la verdad termina siempre por abrirse camino. El fracaso de los políticos en el cumplimiento de su deber es tan grande que merecen ser expulsados del poder, castigados con inhabilitación y sustituidos por otro tipo de personas, sometidas a controles y exámenes que garanticen su preparación intelectual, su entereza psicológica y su valor ético. La terrible experiencia sufrida en los últimos tiempos por España con su casta política, inepta y capaz de conducir a la nación hasta el fracaso y la ruina, impone un cambio drástico en la selección de los políticos gobernantes y la introducción de importantes exigencias y exámenes a los que aspiren a desempeñar en el futuro altas responsabilidades del Estado. La situación actual, en la que, incomprensiblemente, se le exige menos a un ministro o a un presidente de gobierno que a una secretaria de dirección o a un ejecutivo de ventas, donde los altos dirigentes ni siquiera deben demostrar su salud psíquica y su solvencia ética, es un suicidio para la democracia y para el mismo pueblo soberano. España debe evitar por todos los medios que en el futuro vuelvan a alcanzar el máximo poder públicos tipos acomplejados, incapaces de dialogar con los líderes mundiales, sin conocimiento de idiomas, sin una ética garantizada y tan torpes, volubles y arrogantes que sean capaces de destruir, en pocos años, todo el posicionamiento, el prestigio y la prosperidad ganados por la nación con el esfuerzo de todos.
Los políticos son los culpables de la crisis porque entre las misiones que los ciudadanos les encomiendan al entregarles el poder destaca la de controlar a las instituciones financieras y regular el funcionamiento de las finanzas. Cualquier producto financiero que salga al mercado ha debido ser previamente inspeccionado y autorizado por los órganos reguladores, en manos de políticos, pero estos no han cumplido con su deber y han permitido que los mercados se inunden con productos basura y que estos sean comercializados.
Los políticos han cerrado los ojos y han sido permisivos ante las locuras y abusos urbanísticos que han tenido lugar en España. La razón principal es que el urbanismo y la vivienda proporcionaban al Estado, a los partidos y a muchos políticos una financiación abundante y, a veces, mafiosa. Al permitir esas locuras, han puesto los cimientos de la burbuja inmobiliaria y son responsables de su posterior estallido, una de las grandes causas de la crisis actual de España.
Los políticos controlan desde hace tiempo las cajas de ahorro españolas, casi todas arruinadas por el comportamiento irresponsable y muchas veces inmoral y mafioso de los políticos y sindicalistas que se sentaban en sus consejos de administración, que se han autootorgado prestamos blandos, sueldos, jubilaciones e indemnizaciones de auténtico lujo, incosteables, además de conceder préstamos a los amigos del poder, a los partidos y a instituciones públicas que nunca los pagaron y que muchas veces lograron que esos préstamos fueran condonados.
Los políticos han introducido la corrupción en a sociedad española y han infectado con el virus las instituciones y la sociedad.
Los políticos han conseguido que el Estado y sus instituciones se conviertan en los peores pagadores de España,incumpliendo todas las leyes y normas que regulan el pago de deudas, lo que ha provocado la ruina y el cierre de miles de empresas y negocios de autónomos.
El Estado, en manos de despilfarradores sin freno, se ha convertido en una máquina sedienta siempre de dinero y ha exigido y obligado a los bancos españoles que les entreguen su dinero como préstamo. La demanda de las administraciones ha sido tan intensa, que el mercado ha quedado con poco dinero para conceder préstamos a las empresas y autónomos.
La insolvencia de muchas empresas, parte de ellas debilitadas o arruinadas por las deudas de las administraciones, ha impedido que los bancos, obligados por el gobierno a disminuir las tasas de morosidad, pueda conceder préstamos a las empresas.
El Estado podría haberse convertido, a través de bancos públicos como el ICO, en un importante prestador de dinero a las instituciones y empresas que no encontraban financiación en el mercado, pero nunca lo hizo, ni siquiera lo intentó, prefiriendo culpar hipócritamente al sistema bancario, cuando el principal culpable ha sido la inepta clase política española.
El Estado ha seguido despilfarrando y tirando el dinero incluso en los peores tiempos de la crisis, cuando la sociedad española era ya víctima de la desesperación, el desempleo y la pobreza, lo que ha agravado la crisis y provocado mayor escasez de dinero.
La clase política, inexplicablemente, no ha puesto interés alguno en cambiar las reglas del juego, ni ha exigido a los bancos cambios en sus políticas de préstamos.
Los políticos, por último, han impedido que sus colegas culpables de corrupción a gran escala hayan sido juzgados y castigados y han influido en la Fiscalía y, cuando les ha sido posible, también en los tribunales, para que muchos delitos políticos queden impunes, lo que ha extendido la corrupción por todo el tejido económico y social del país, agravando la crisis y haciendo más escaso el dinero.
Estos argumentos no sólo le dan la razón a Emilio Botín cuando acusa a los políticos de ser los grandes culpables de la crisis, sino que, además, revelan la falta de preparación política, intelectual, profesional y ética de una parte importante de la clase política española, merecedora de la repulsa masiva de la ciudadanía y de un castigo ejemplar.