Hay aquí tras casi cuarenta años de Transición, muchas cosas que corregir y reordenar: Se ve claro que el T. Constitucional y las Comunidades Autónomas están de sobra, así mismo, la ley electoral requiere su reforma, debe gobernar el que obtenga mayoría y eliminar las componendas postelectorales entre partidillos y es preciso suprimir los conceptos de “jueces progresistas y conservadores” y su militancia y dependencia política; la carrera judicial debe responder sólo a la oposición, antigüedad y mérito, nunca al nombramiento de los partidos políticos.
El Constitucional es un Tribunal innecesario, en muchos países ni siquiera existe y no pasa nada; aquí ha venido a suplantar y corregir la actividad del Supremo y esto es un hecho totalmente insostenible y muy significativo. La Justicia es una institución sagrada que ha de ser principalmente independiente, libre del partidismo y ajena al vaivén de la política, es algo así como un ministerio religioso en vela del Bien Común y del ejercicio del Derecho. No en el sentido y actuación que dice y hace de él Pascual Sala: “Se me pone la carne de gallina, cuando se cuestiona la sagrada independencia de T.C”; sí, pero cada vez que hay algo de verdadera importancia, se enquista y se olvida su independencia. El propio PNV tilda al Constitucional de Tribunal Político y cuestiona la independencia judicial tras la sentencia que desautoriza al T. Supremo, la que da paso electoral a la formación proetarra, como si fuera una noble agrupación democrática; así lo prueba la amenaza de Urkullu de retirarle al Gobierno el apoyo parlamentario, y devolvérselo después; el cartel que exhibió el etarra al salir de la cárcel, muestra que la tesis de los seis magistrados de la mayoría del Constitucional que ha permitido el paso de Bildu es errónea, pues deja totalmente palmaria su identificación con la banda: En el lema Indenpendentzia eta Sozialismoa, la palabra eta en euskera es la conjunción copulativa y, y además el acrónimo de la banda terrorista; el texto minuciosamente confeccionado prueba, amparándose en la ambigüedad lingüística, la conexión de Bildu con la banda, a la que le hace cuidadosa propaganda y que el Constitucional ha preterido tal hecho probado y sentenciado por el Supremo.
No se puede admitir, es aberrante, que por alargar un tanto más la legislatura, se haya facilitado que el mundo etarra pueda entrar en los ayuntamientos y embolsarse millones del erario público y, a la vez, tener conocimiento del censo; el discurso y la alegría de reconocimiento del PNV, de Erkoreka, Pachi, y de todos esos grupúsculos amalgamados cuya línea de separación permanece confusa manifiestan que se ha cedido a las exigencias nacionalistas; el Supremo lo dijo: Bildu es ETA. Y lo ha denunciado con profusión Mayor Oreja, recriminado y rechazado por voces gubernamentales.
Las Instituciones están en crisis, en entredicho, el Constitucional ha perdido su prestigio y valía, ha dejado de ser una parte básica del sistema; se ha extralimitado y ello es gravísimo, ha ocupado el cometido del Supremo, el único que la Constitución señala como última y exclusiva instancia para interpretar la ley; esto ocurre por ser designado por los partidos y los gobernantes, como también sucede con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Y así lo han indicado los magistrados discrepantes y lo manifestaron con sus votos particulares (Datos de L.D. y El Mundo 11-5-11).
Es necesario emprender con urgencia las reformas pertinentes para corregir con certeza y sabiduría estas deficiencias e irregularidades que coartan la independencia judicial.
C. Mudarra
El Constitucional es un Tribunal innecesario, en muchos países ni siquiera existe y no pasa nada; aquí ha venido a suplantar y corregir la actividad del Supremo y esto es un hecho totalmente insostenible y muy significativo. La Justicia es una institución sagrada que ha de ser principalmente independiente, libre del partidismo y ajena al vaivén de la política, es algo así como un ministerio religioso en vela del Bien Común y del ejercicio del Derecho. No en el sentido y actuación que dice y hace de él Pascual Sala: “Se me pone la carne de gallina, cuando se cuestiona la sagrada independencia de T.C”; sí, pero cada vez que hay algo de verdadera importancia, se enquista y se olvida su independencia. El propio PNV tilda al Constitucional de Tribunal Político y cuestiona la independencia judicial tras la sentencia que desautoriza al T. Supremo, la que da paso electoral a la formación proetarra, como si fuera una noble agrupación democrática; así lo prueba la amenaza de Urkullu de retirarle al Gobierno el apoyo parlamentario, y devolvérselo después; el cartel que exhibió el etarra al salir de la cárcel, muestra que la tesis de los seis magistrados de la mayoría del Constitucional que ha permitido el paso de Bildu es errónea, pues deja totalmente palmaria su identificación con la banda: En el lema Indenpendentzia eta Sozialismoa, la palabra eta en euskera es la conjunción copulativa y, y además el acrónimo de la banda terrorista; el texto minuciosamente confeccionado prueba, amparándose en la ambigüedad lingüística, la conexión de Bildu con la banda, a la que le hace cuidadosa propaganda y que el Constitucional ha preterido tal hecho probado y sentenciado por el Supremo.
No se puede admitir, es aberrante, que por alargar un tanto más la legislatura, se haya facilitado que el mundo etarra pueda entrar en los ayuntamientos y embolsarse millones del erario público y, a la vez, tener conocimiento del censo; el discurso y la alegría de reconocimiento del PNV, de Erkoreka, Pachi, y de todos esos grupúsculos amalgamados cuya línea de separación permanece confusa manifiestan que se ha cedido a las exigencias nacionalistas; el Supremo lo dijo: Bildu es ETA. Y lo ha denunciado con profusión Mayor Oreja, recriminado y rechazado por voces gubernamentales.
Las Instituciones están en crisis, en entredicho, el Constitucional ha perdido su prestigio y valía, ha dejado de ser una parte básica del sistema; se ha extralimitado y ello es gravísimo, ha ocupado el cometido del Supremo, el único que la Constitución señala como última y exclusiva instancia para interpretar la ley; esto ocurre por ser designado por los partidos y los gobernantes, como también sucede con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Y así lo han indicado los magistrados discrepantes y lo manifestaron con sus votos particulares (Datos de L.D. y El Mundo 11-5-11).
Es necesario emprender con urgencia las reformas pertinentes para corregir con certeza y sabiduría estas deficiencias e irregularidades que coartan la independencia judicial.
C. Mudarra