A principios de verano, el presidente del Gobierno aprobaba la década de su designación como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en dos legislaturas, asegurando que “España es ahora más tolerante que nunca”. Yo creí que estaba bromeando, pero inmediatamente me di cuenta de que no, de que su afirmación iba en serio. Sin embargo, cualquiera que haya observado un debate sobre el estado de la Nación, sabe que esa afirmación es vana.
Tolerancia es capacidad de aceptar ideas distintas a las nuestras, opiniones diferentes a las propias, respeto a los otros principalmente en el campo político, étnico y religioso. Tolerancia es madurez; e intolerancia, inmadurez. El garante de la tolerancia no es el Parlamento ni el Gobierno, sino el Tribunal Constitucional libre y autónomo. Sin Constitución, no hay tolerancia que valga, porque ya sabemos que solemos llamar tolerancia a los intereses partidistas e intolerancia a los ajenos.
Creo que, desde hace treinta años, no habíamos vivido un período de más intolerancia que el actual. El Parlamento chirría de intolerancia, de incomprensiones, de reticencias, de insultos, no sólo a la hora de aprobar alguna ley, sino sobre todo a la hora de llevarla a la práctica y, sobre todo, al someterla a la inspección del Tribunal Constitucional. La intolerancia de las autonomías han quedado al desnudo ante los intereses nacionalistas y regionalistas. El ejecutivo pacta con quien sea con tal de asegurar su permanencia en el poder, que es a lo que hoy se llama tolerancia.
Nunca habíamos visto una España más tolerante que la de los treinta años de transición. Se admitieron todos los partidos, fueran de izquierdas, de derechas o del centro. Se aceptó el pluralismo de religión en una España hasta entonces tachada de nacional-catolicismo. Se abrieron las puertas a otras razas y etnias con orden y concierto, sin excluir a nadie y con tal de que ellos mismos fueran tolerantes con las normas de convivencia que rigen el país. Pero, en la actualidad, se concede tolerancia a todas las religiones, menos a la nuestra; se hace justicia a los países vecinos a base de los derechos propios y se alían los partidos para anular al contrario.
Es más, se intenta volver a los odios, recelos y revanchas partidistas en aras de un justicierismo que no beneficia a nadie, ni siquiera a los propios que lo avalan. A los padres y mayores se les exige tolerancia y son denunciados si utilizan sus derechos. Mientras, los menores pueden practicar su intolerancia con denuncias contra los padres y abuelos. Las mujeres siguen siendo víctimas de maridos intolerantes que saben que no estarán más de diez años en la cárcel. Y los jóvenes, cada semana, utilizan su intolerancia para practicar la violencia con el botellón y los vehículos.
No es más tolerante la España de hoy porque haya matrimonios homosexuales. No es más tolerante porque puedan abortar las menores de edad. No es más tolerante porque practiquen la borrachera y la drogadicción, cada semana, niños y niñas. La justicia es fuente de tolerancia y la injusticia de intolerancia. Pero eso parece no preocupar a nadie. Lo importante, por lo visto, son los votos, aunque sea de los intolerantes y a costa de los demás. Mientras, los españoles estamos cada vez más lejos unos de otros.
J. LEIVA
Tolerancia es capacidad de aceptar ideas distintas a las nuestras, opiniones diferentes a las propias, respeto a los otros principalmente en el campo político, étnico y religioso. Tolerancia es madurez; e intolerancia, inmadurez. El garante de la tolerancia no es el Parlamento ni el Gobierno, sino el Tribunal Constitucional libre y autónomo. Sin Constitución, no hay tolerancia que valga, porque ya sabemos que solemos llamar tolerancia a los intereses partidistas e intolerancia a los ajenos.
Creo que, desde hace treinta años, no habíamos vivido un período de más intolerancia que el actual. El Parlamento chirría de intolerancia, de incomprensiones, de reticencias, de insultos, no sólo a la hora de aprobar alguna ley, sino sobre todo a la hora de llevarla a la práctica y, sobre todo, al someterla a la inspección del Tribunal Constitucional. La intolerancia de las autonomías han quedado al desnudo ante los intereses nacionalistas y regionalistas. El ejecutivo pacta con quien sea con tal de asegurar su permanencia en el poder, que es a lo que hoy se llama tolerancia.
Nunca habíamos visto una España más tolerante que la de los treinta años de transición. Se admitieron todos los partidos, fueran de izquierdas, de derechas o del centro. Se aceptó el pluralismo de religión en una España hasta entonces tachada de nacional-catolicismo. Se abrieron las puertas a otras razas y etnias con orden y concierto, sin excluir a nadie y con tal de que ellos mismos fueran tolerantes con las normas de convivencia que rigen el país. Pero, en la actualidad, se concede tolerancia a todas las religiones, menos a la nuestra; se hace justicia a los países vecinos a base de los derechos propios y se alían los partidos para anular al contrario.
Es más, se intenta volver a los odios, recelos y revanchas partidistas en aras de un justicierismo que no beneficia a nadie, ni siquiera a los propios que lo avalan. A los padres y mayores se les exige tolerancia y son denunciados si utilizan sus derechos. Mientras, los menores pueden practicar su intolerancia con denuncias contra los padres y abuelos. Las mujeres siguen siendo víctimas de maridos intolerantes que saben que no estarán más de diez años en la cárcel. Y los jóvenes, cada semana, utilizan su intolerancia para practicar la violencia con el botellón y los vehículos.
No es más tolerante la España de hoy porque haya matrimonios homosexuales. No es más tolerante porque puedan abortar las menores de edad. No es más tolerante porque practiquen la borrachera y la drogadicción, cada semana, niños y niñas. La justicia es fuente de tolerancia y la injusticia de intolerancia. Pero eso parece no preocupar a nadie. Lo importante, por lo visto, son los votos, aunque sea de los intolerantes y a costa de los demás. Mientras, los españoles estamos cada vez más lejos unos de otros.
J. LEIVA