El Pleno de la Cámara Baja, por unanimidad, dio ayer el visto bueno para que se tramite la propuesta presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de mudar o reformar la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, en vigor desde 1987, porque todas las formaciones, sin excepción, la reputaron desfasada, trasnochada, obsoleta. Ya hace bastante tiempo que tanto el PP como el PSOE declararon haber ideado sendas iniciativas para llevar la mentada modificación a cabo o buen puerto, pero se les adelantó y ganó por la mano ERC, cuyas gentes, evidentemente contrariadas, al reconocer sentirse perjudicadas por norma tan torticera, decidieron no alargar más tan injusta situación ni demorar ponerle raudo remedio y, de esta guisa, dieron el primer paso para buscar y encontrarle solución satisfactoria al problema.
Los independentistas catalanes, al objeto de aumentar la transparencia y el control de las cuentas de las formaciones políticas todas, amén de proclives a una financiación pública, a imponer fuertes sanciones a los partidos que conculquen la Ley y a conceder mayor protagonismo al Tribunal de Cuentas en su función de órgano fiscalizador, son partidarios de prohibir las donaciones privadas anónimas y las que procedan/provengan de empresas, manantial de sinecuras, y de que únicamente se permitan las donaciones dinerarias hechas por particulares o personas físicas con un tope máximo de 30.000 euros por año o el 5 % del presupuesto anual del partido, que desgravarían a Hacienda, como pasa ahora con las cuotas de los afiliados. Los socialistas pretenden que se suba el listón hasta los 150.000 del ala.
Ha llamado sobremanera la atención, y aún diría más, soberana y poderosísimamente, que la práctica totalidad de los diversos medios audiovisuales y escritos hayan prestado tanto espacio al siguiente hecho, que así el PNV y el PP como CiU, las formaciones más favorecidas por sus benefactores anónimos, se hayan avenido a debatir en el Congreso de los Diputados dicha propuesta sin decir ni mu.
Resulta tremendamente difícil y oneroso (e, incluso, se me antoja imposible), desde el punto de vista intelectual, refutar con argumentos irrebatibles la creencia consuetudinaria de que lo que la actual norma permite y aun incentiva o alienta es el uso fraudulento de la política por parte de empresarios de pésima calaña, promotores inmobiliarios del peor pelaje y constructores sin escrúpulos, ludiéndose las manos al esperar o haber conseguido coludir.
Y, por favor, que nadie piense que me estoy refiriendo íngrima o señeramente al caso recientísimo de Camas; ni que le estoy haciendo la cama a este o a aquel quisque.
Ángel Sáez García
Los independentistas catalanes, al objeto de aumentar la transparencia y el control de las cuentas de las formaciones políticas todas, amén de proclives a una financiación pública, a imponer fuertes sanciones a los partidos que conculquen la Ley y a conceder mayor protagonismo al Tribunal de Cuentas en su función de órgano fiscalizador, son partidarios de prohibir las donaciones privadas anónimas y las que procedan/provengan de empresas, manantial de sinecuras, y de que únicamente se permitan las donaciones dinerarias hechas por particulares o personas físicas con un tope máximo de 30.000 euros por año o el 5 % del presupuesto anual del partido, que desgravarían a Hacienda, como pasa ahora con las cuotas de los afiliados. Los socialistas pretenden que se suba el listón hasta los 150.000 del ala.
Ha llamado sobremanera la atención, y aún diría más, soberana y poderosísimamente, que la práctica totalidad de los diversos medios audiovisuales y escritos hayan prestado tanto espacio al siguiente hecho, que así el PNV y el PP como CiU, las formaciones más favorecidas por sus benefactores anónimos, se hayan avenido a debatir en el Congreso de los Diputados dicha propuesta sin decir ni mu.
Resulta tremendamente difícil y oneroso (e, incluso, se me antoja imposible), desde el punto de vista intelectual, refutar con argumentos irrebatibles la creencia consuetudinaria de que lo que la actual norma permite y aun incentiva o alienta es el uso fraudulento de la política por parte de empresarios de pésima calaña, promotores inmobiliarios del peor pelaje y constructores sin escrúpulos, ludiéndose las manos al esperar o haber conseguido coludir.
Y, por favor, que nadie piense que me estoy refiriendo íngrima o señeramente al caso recientísimo de Camas; ni que le estoy haciendo la cama a este o a aquel quisque.
Ángel Sáez García