Si la democracia fuera auténtica, ministros como el francés Nicolás Sarkosy, de Interior, y el español José Montilla, de Industria, deberían dimitir. Pero nuestras democracias están degradadas y han sido sustituidas, contra la voluntad del ciudadano, por partitocracias blindadas que rechazan las dimisiones de sus élites.
Sarkosy, ministro del Interior de Francia, debe dimitir por haber llamado "gentuza" a los jóvenes que habitan en los suburbios franceses donde se desata cada noche la violencia. Su acusación refleja la arrogancia de un poder que está lejos del ciudadano y que considera que el Estado está por encima del individuo, toda una herejía democrática que olvida que el Estado, los partidos, los políticos y hasta la autoridad misma son subsidiarios y están al servicio del ciudadano, que es quien tiene la soberanía y el poder en democracia. Además, al utilizar el término "gentuza" para dirigirse a contribuyentes que le pagan el sueldo, los ha provocado y alimentado el fuego de la revuelta. Su dimisión debe producirse porque su cargo es de confianza y, según las encuestas, ha perdido esa confianza de los ciudadanos, que son sus empleadores y jefes.
El caso de Montilla es parecido, aunque más grave y menos espectacular. Debe dimitir porque el endeudamiento de su partido (el PSC) con La Caixa, que alcanza los 14 millones de euros, contraido cuando él era responsable de las finanzas del socialismo catalán, le inhabilitan para actuar de manera ecuánime sobre la OPA de Gas Natural a Endesa, detrás de la cual están los intereses de La Caixa. Montilla debe dimitir porque su cargo es de confianza, requiere la confianza permanente de los ciudadanos y sólo debe mantenerse vigente mientras genere confianza en la sociedad, una confianza que está bajo sospecha después de conocerse que es juez y parte en el asunto de la OPA y que ha tenido que ser la prensa (El Mundo) quien descubra su implicación.
La democracia española es famosa en el mundo por la resistencia a la dimisión de sus altos cargos. Federico Trillo, el anterior ministro de defensa de Aznar, se resistió a dimitir a pesar de que los ciudadanos desaprobaron su actuación y su prestigio quedó profundamente dañado tras el accidente del avión cargado de militares en Turquía. Ante la pérdida de confianza y la sospecha, los partidos políticos españoles, creadores y víctimas, a la vez, de poderosas redes clientelares, entonan el "prietas las filas" y arropan a los suyos, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. En otras democracias más avanzadas y puras que la española, basta la sospecha para que se produzca la responsabilidad política y la lógica dimisión.
Sarkosy, ministro del Interior de Francia, debe dimitir por haber llamado "gentuza" a los jóvenes que habitan en los suburbios franceses donde se desata cada noche la violencia. Su acusación refleja la arrogancia de un poder que está lejos del ciudadano y que considera que el Estado está por encima del individuo, toda una herejía democrática que olvida que el Estado, los partidos, los políticos y hasta la autoridad misma son subsidiarios y están al servicio del ciudadano, que es quien tiene la soberanía y el poder en democracia. Además, al utilizar el término "gentuza" para dirigirse a contribuyentes que le pagan el sueldo, los ha provocado y alimentado el fuego de la revuelta. Su dimisión debe producirse porque su cargo es de confianza y, según las encuestas, ha perdido esa confianza de los ciudadanos, que son sus empleadores y jefes.
El caso de Montilla es parecido, aunque más grave y menos espectacular. Debe dimitir porque el endeudamiento de su partido (el PSC) con La Caixa, que alcanza los 14 millones de euros, contraido cuando él era responsable de las finanzas del socialismo catalán, le inhabilitan para actuar de manera ecuánime sobre la OPA de Gas Natural a Endesa, detrás de la cual están los intereses de La Caixa. Montilla debe dimitir porque su cargo es de confianza, requiere la confianza permanente de los ciudadanos y sólo debe mantenerse vigente mientras genere confianza en la sociedad, una confianza que está bajo sospecha después de conocerse que es juez y parte en el asunto de la OPA y que ha tenido que ser la prensa (El Mundo) quien descubra su implicación.
La democracia española es famosa en el mundo por la resistencia a la dimisión de sus altos cargos. Federico Trillo, el anterior ministro de defensa de Aznar, se resistió a dimitir a pesar de que los ciudadanos desaprobaron su actuación y su prestigio quedó profundamente dañado tras el accidente del avión cargado de militares en Turquía. Ante la pérdida de confianza y la sospecha, los partidos políticos españoles, creadores y víctimas, a la vez, de poderosas redes clientelares, entonan el "prietas las filas" y arropan a los suyos, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. En otras democracias más avanzadas y puras que la española, basta la sospecha para que se produzca la responsabilidad política y la lógica dimisión.