La nueva ministra Montero hará bueno a Montoro
El gobierno de Pedro Sánchez ha calculado mal sus movimientos y se enfrenta ahora a una férrea e inesperada resistencia ciudadana a la implantación en toda España del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más impopular de los impuestos vigentes, intensamente rechazado por los ciudadanos. En todo el país se preparan manifestaciones y se crean asociaciones para defender a la ciudadanía de ese impuesto, calificado abiertamente como un robo legalizado.
El nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda es parte de ese error garrafal porque esa mujer ha conseguido concitar contra ella una resistencia ciudadana brutal y peligrosa para el gobierno de Sánchez. La ministra, durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, dejó una triste herencia al abusar aplicando con una crueldad desproporcionada ese impuesto, contra el que los ciudadanos han reaccionado en las calles, en los medios y en las redes sociales con rabia, furor e indignación.
Las protestas en el Parlamento andaluz por los afectados por este impuesto han sido varias en los últimos años, pero la última tuvo un especial alcance gracias al uso de un eslogan que resume con acierto la situación: "Ladrones de herencias", una acusación directa y en la linea de flotación a la política socialista, que esquilma con impuestos a las clases medias y trabajadoras, no a los ricos, que suelen encontrar siempre el camino para escaparse y pagar menos.
Es cierto que el impuesto ha quedado reducido para los andaluces, gracias a la presión de Ciudadanos, pero la ministra Montero se resistió a aplicar la rebaja y logró que tuviera sólo validez por un año, exhibiendo una voracidad fiscal que a millones de andaluces les resulta repugnante.
La injusticia e inconstitucionalidad del impuesto son indiscutibles y como prueba basta decir que los andaluces pagaban por heredar un gravamen 100 veces más elevado que en Madrid y 1.200 veces más que en Canarias.
Este impuesto es un saqueo tolerado por ley, ya que las familias tienen que pagar por la propiedad toda su vida, incluso una vez fallecen. Se tributa por lo que ya ha tributado y se viola la voluntad de los que fallecen, además de obtener otros efectos perniciosos como la ruina de familias enteras, el cierre de empresas y un rechazo justo ciudadano a pagar sus tributos, ante el abuso claro de la Administración.
El expolio es demasiado agresivo e injusto: se grava la compraventa con un impuesto de Plusvalía, cuyo cálculo está ante el Tribunal Supremo ya que grava el rendimiento futuro de la vivienda y no el pasado; hay que continuar pagando el IBI por utilizar suelo municipal, y hay que pagar por dejar el inmueble como herencia. En resumen, un solo bien y tres saqueos al ahorro del trabajo y esfuerzo de toda una vida, más cuando se trata de un derecho, y no de un privilegio.
Ahora con Montero Cuadrado al frente del Ministerio de Hacienda se pretende volver a saquear a los propietarios particulares y empresas por tener propiedades, un claro abuso permitido por una ley que redactan y aprueban los políticos de espaldas a la ciudadanía, algo que es antidemocrático, con el beneplácito de la izquierda y extrema izquierda radical del Congreso.
Los ánimos de los contribuyentes están exaltados ante la injusticia fiscal de los socialistas, hasta el punto de que el PSOE no se atreve a hablar públicamente del impuesto de Sucesiones, sobre todo después de las protestas en Andalucía, Aragón, Asturias y, más recientemente, en otras regiones que rechazan tener que pagar de nuevo ese impuesto brutal, cuando ya se habían librado de él gracias a que sus respectivos gobiernos lo bonificaron al máximo.
Francisco Rubiales
El nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda es parte de ese error garrafal porque esa mujer ha conseguido concitar contra ella una resistencia ciudadana brutal y peligrosa para el gobierno de Sánchez. La ministra, durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, dejó una triste herencia al abusar aplicando con una crueldad desproporcionada ese impuesto, contra el que los ciudadanos han reaccionado en las calles, en los medios y en las redes sociales con rabia, furor e indignación.
Las protestas en el Parlamento andaluz por los afectados por este impuesto han sido varias en los últimos años, pero la última tuvo un especial alcance gracias al uso de un eslogan que resume con acierto la situación: "Ladrones de herencias", una acusación directa y en la linea de flotación a la política socialista, que esquilma con impuestos a las clases medias y trabajadoras, no a los ricos, que suelen encontrar siempre el camino para escaparse y pagar menos.
Es cierto que el impuesto ha quedado reducido para los andaluces, gracias a la presión de Ciudadanos, pero la ministra Montero se resistió a aplicar la rebaja y logró que tuviera sólo validez por un año, exhibiendo una voracidad fiscal que a millones de andaluces les resulta repugnante.
La injusticia e inconstitucionalidad del impuesto son indiscutibles y como prueba basta decir que los andaluces pagaban por heredar un gravamen 100 veces más elevado que en Madrid y 1.200 veces más que en Canarias.
Este impuesto es un saqueo tolerado por ley, ya que las familias tienen que pagar por la propiedad toda su vida, incluso una vez fallecen. Se tributa por lo que ya ha tributado y se viola la voluntad de los que fallecen, además de obtener otros efectos perniciosos como la ruina de familias enteras, el cierre de empresas y un rechazo justo ciudadano a pagar sus tributos, ante el abuso claro de la Administración.
El expolio es demasiado agresivo e injusto: se grava la compraventa con un impuesto de Plusvalía, cuyo cálculo está ante el Tribunal Supremo ya que grava el rendimiento futuro de la vivienda y no el pasado; hay que continuar pagando el IBI por utilizar suelo municipal, y hay que pagar por dejar el inmueble como herencia. En resumen, un solo bien y tres saqueos al ahorro del trabajo y esfuerzo de toda una vida, más cuando se trata de un derecho, y no de un privilegio.
Ahora con Montero Cuadrado al frente del Ministerio de Hacienda se pretende volver a saquear a los propietarios particulares y empresas por tener propiedades, un claro abuso permitido por una ley que redactan y aprueban los políticos de espaldas a la ciudadanía, algo que es antidemocrático, con el beneplácito de la izquierda y extrema izquierda radical del Congreso.
Los ánimos de los contribuyentes están exaltados ante la injusticia fiscal de los socialistas, hasta el punto de que el PSOE no se atreve a hablar públicamente del impuesto de Sucesiones, sobre todo después de las protestas en Andalucía, Aragón, Asturias y, más recientemente, en otras regiones que rechazan tener que pagar de nuevo ese impuesto brutal, cuando ya se habían librado de él gracias a que sus respectivos gobiernos lo bonificaron al máximo.
Francisco Rubiales