Al apostar por la limpieza democrática y prometer intolerancia frente a los corruptos y un código ético de obligado cumplimiento para sus militantes y dirigentes, el Partido Popular ha emprendido la senda del éxito, pero su reacción se queda corta y es insuficiente porque los españoles, además de ética, exigen una profunda regeneración de la democracia, un asunto que al autoritario y centralista PP le da pánico.
Los ciudadano quieren no sólo que los políticos dejen de robar y que sean ejemplares, sino que España disfrute de un sistema político verdaderamente democrático, algo que la Transición no supo o no quiso crear.
Esa reforma del sistema, imposible para el PSOE, un partido contaminado de leninismo que no cree en la democracia, resulta también inasumible para un PP que ha adoptado los peores defectos y las más terribles carencias del PSOE como partido político, superándolas en algunos casos: autoritarismo, nula democracia interna, obsesión por el poder, arrogancia, clientelismo y corrupción.
Para convertirse en el partido que España necesita y que los demócratas exigen, el PP debe asumir, con todas sus consecuencias, que la llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.
Y, en consecuencia, deberá plantearse que:
El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al sufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
La separación e independencia de los poderes básicos del Estado, principio básico de la democracia, es violado en España, en parte gracias al Pacto por la Justicia, iniciativa del gobierno de José María Aznar.. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.
Los ciudadano quieren no sólo que los políticos dejen de robar y que sean ejemplares, sino que España disfrute de un sistema político verdaderamente democrático, algo que la Transición no supo o no quiso crear.
Esa reforma del sistema, imposible para el PSOE, un partido contaminado de leninismo que no cree en la democracia, resulta también inasumible para un PP que ha adoptado los peores defectos y las más terribles carencias del PSOE como partido político, superándolas en algunos casos: autoritarismo, nula democracia interna, obsesión por el poder, arrogancia, clientelismo y corrupción.
Para convertirse en el partido que España necesita y que los demócratas exigen, el PP debe asumir, con todas sus consecuencias, que la llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.
Y, en consecuencia, deberá plantearse que:
El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al sufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
La separación e independencia de los poderes básicos del Estado, principio básico de la democracia, es violado en España, en parte gracias al Pacto por la Justicia, iniciativa del gobierno de José María Aznar.. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.