La democracia andaluza evidencio hoy encontrarse en una situación lamentable, desnutrida, escuálida, casi en estado de coma, al dotarse de una ley fundamental, como es un nuevo Estatuto, que ni siquiera ha merecido la aprobación de uno de cada tres ciudadanos con derecho a voto.
De cada diez ciudadanos andaluces, más de siete se han abstenido o rechazado el Estatuto mediante el “NO” y el “Voto en Blanco” y ni siquiera tres lo han aprobado. Pese a ello, algunos políticos, con un descaro insultante, han sonreído en lugar de asumir su fracaso y han expresado su “satisfacción” ante el triste resultado de la consulta popular, evidenciando el estado ruinoso de la democracia en Andalucía y un estilo truculento y engañoso de hacer política.
Los politólogos y expertos en pensamiento político son prácticamente unánimes al exigir que aquellas leyes fundamentales que rigen la vida de los pueblos, como son las constituciones y los estatutos autonómicos españoles, sean aprobados no por mayoría simple sino por mayorías de ciudadanos muy sólidas, al menos por dos tercios de los electores. Esa es la razón para que en numerosos países las consultas sólo sean válidas cuando la participación supera el 50 por ciento del censo.
En Andalucía, donde la democracia padece una debilidad lamentable, parece suficiente con un apoyo que ni siquiera llega a uno de cada tres electores, obtenido en un Referéndum para el olvido, en el que el triunfo absoluto fue de la abstención, que se acercaba al 65%, aproximadamente, cuando más de la mitad de los votos habían sido escrutados.
Las cuentas de la democracia andaluza están trucadas porque mientras que cualquier demócrata sentiría pesar y tristeza ante el duro espectáculo de la abstención masiva, muchos políticos “profesionales” andaluces, acostumbrados a nadar en el privilegio y la alineación, sonreían y aseguraban que el nuevo Estatuto había logrado “un amplio apoyo ciudadano”.
A partir de ahora, las poco exigentes leyes de una democracia enferma van a permitir que los andaluces seamos gobernados según un documento que ni siquiera ha contado con la adhesión de tres de cada diez ciudadanos.
El nuevo estatuto andaluz es legal, pero su calidad democrática está por los suelos. Si nuestros políticos tuvieran la necesaria dignidad democrática, no considerarían aprobada una propuesta a la que la inmensa mayoría de los votantes andaluces ha dado la espalda.
De cada diez ciudadanos andaluces, más de siete se han abstenido o rechazado el Estatuto mediante el “NO” y el “Voto en Blanco” y ni siquiera tres lo han aprobado. Pese a ello, algunos políticos, con un descaro insultante, han sonreído en lugar de asumir su fracaso y han expresado su “satisfacción” ante el triste resultado de la consulta popular, evidenciando el estado ruinoso de la democracia en Andalucía y un estilo truculento y engañoso de hacer política.
Los politólogos y expertos en pensamiento político son prácticamente unánimes al exigir que aquellas leyes fundamentales que rigen la vida de los pueblos, como son las constituciones y los estatutos autonómicos españoles, sean aprobados no por mayoría simple sino por mayorías de ciudadanos muy sólidas, al menos por dos tercios de los electores. Esa es la razón para que en numerosos países las consultas sólo sean válidas cuando la participación supera el 50 por ciento del censo.
En Andalucía, donde la democracia padece una debilidad lamentable, parece suficiente con un apoyo que ni siquiera llega a uno de cada tres electores, obtenido en un Referéndum para el olvido, en el que el triunfo absoluto fue de la abstención, que se acercaba al 65%, aproximadamente, cuando más de la mitad de los votos habían sido escrutados.
Las cuentas de la democracia andaluza están trucadas porque mientras que cualquier demócrata sentiría pesar y tristeza ante el duro espectáculo de la abstención masiva, muchos políticos “profesionales” andaluces, acostumbrados a nadar en el privilegio y la alineación, sonreían y aseguraban que el nuevo Estatuto había logrado “un amplio apoyo ciudadano”.
A partir de ahora, las poco exigentes leyes de una democracia enferma van a permitir que los andaluces seamos gobernados según un documento que ni siquiera ha contado con la adhesión de tres de cada diez ciudadanos.
El nuevo estatuto andaluz es legal, pero su calidad democrática está por los suelos. Si nuestros políticos tuvieran la necesaria dignidad democrática, no considerarían aprobada una propuesta a la que la inmensa mayoría de los votantes andaluces ha dado la espalda.