Parlamento de Andalucía
Voto en Blanco opina que existen muchas razones y argumentos para rechazar el nuevo Estatuto de Andalucía, que será sometido a referendum el próximo 18 de febrero.
La principal razón que es que nuevo Estatuto andaluz es portador de más competencias y de más poder para el gobierno y para la clase política, lo que significa más presencia pública en una sociedad cuyo principal problema tal vez sea que cuenta ya con un peso excesivo del gobierno, quizás el más intenso en toda la Unión Europea, y que lo que necesita es un refuerzo de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de las instituciones independientes.
El argumento principsal de los que defienden el Estatuto es que "mas poder para Andalucía", lo que significa, realmente, que el Estatuto traerá más competencias y más poder para el gobierno andaluz, no necesariamente mejor gestión o más eficacia y eficiencia para Andalucía. Pongamos el ejemplo de la competencia sobre la cuenca del Guadalquivir, una de las principales apotadas por el Estatuto. El hecho de que sea el gobierno de Andalucía y no el de la nación española quien gestione la cuenca no significa que eso sea ventajoso para el ciudadano, ni que esa cuenca vaya a estar mejor gestionada.
Pero hay todavía más razones para el rechazo, entre ellas la existencia de demasiadas similitudes entre el Estatuto de Andalucía y el de Cataluña, el cual, calificado de anticonstitucional, autoritario e insolidario, tiene siete impugnaciones pendientes, por inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional.
La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha publicado un estudio que demuestra que nada menos que 39 preceptos del nuevo Estatuto catalán "se recogen en el estatuto andaluz de forma idéntica o bien muy similar", y sólo 16 contienen "variaciones importantes".
Otros argumentos en contra del Estatuto andaluz emanan de su nacimiento y gestación: nadie en Andalucía había pensado siquiera en la necesidad de un nuevo Estatuto hasta que los políticos empezaron a hablar de ese texto, que no responde a una demanda popular, ni siquiera a una petición surgida en las elites de la sociedad, sino que es producto de una iniciativa del gobierno y de los políticos andaluces profesionales, que han elaborado, discutido y aprobado el texto del nuevo estututo respondiendo a sus propios intereses.
Pero quizás el argumento más sensible contra el nuevo Estatuto sea que ha sido elaborado sin tener en cuenta los deseos y opiniones de los ciudadanos. Los políticos, considerándose los representantes electos de los ciudadanos, lo han redactado sin consultar a esa ciudadanía que es soberana en democracia.
Existe otras decenas de argumentos y razones que sustentan el "NO", el "Voto en Blanco" o la "abstención", como los que acusan al texto de nacionalista, reglamentista, intervencionista, autoritario o bilateralista, pero los esgrimidos en los párrafos anteriores tienen fuerza y capacidad de convicción suficientes para los verdaderos demócratas.
Nuestra apuesta es por el "Voto en Blanco", que, técnicamente, significa un rechazo al Estatuto y también a los partidos y políticos que lo han propuesto, pero sin oponerse al sistema, acudiendo a las urnas para demostrar la fe en la verdadera democracia y en el recurso al voto.
El "NO" representaría un rechazo claro y, al mismo tiempo, la adhesión a una de las dos partes enfrentadas, los que propugnan el "SI" (PSOE, IU y PP) y los partidarios del "NO" (Andalucistas y Ciudadanos), mientras que la abstención también significa rechazo, pero conlleva un inquietante mensaje de alejamiento de la democracia y del sufragio.
La principal razón que es que nuevo Estatuto andaluz es portador de más competencias y de más poder para el gobierno y para la clase política, lo que significa más presencia pública en una sociedad cuyo principal problema tal vez sea que cuenta ya con un peso excesivo del gobierno, quizás el más intenso en toda la Unión Europea, y que lo que necesita es un refuerzo de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de las instituciones independientes.
El argumento principsal de los que defienden el Estatuto es que "mas poder para Andalucía", lo que significa, realmente, que el Estatuto traerá más competencias y más poder para el gobierno andaluz, no necesariamente mejor gestión o más eficacia y eficiencia para Andalucía. Pongamos el ejemplo de la competencia sobre la cuenca del Guadalquivir, una de las principales apotadas por el Estatuto. El hecho de que sea el gobierno de Andalucía y no el de la nación española quien gestione la cuenca no significa que eso sea ventajoso para el ciudadano, ni que esa cuenca vaya a estar mejor gestionada.
Pero hay todavía más razones para el rechazo, entre ellas la existencia de demasiadas similitudes entre el Estatuto de Andalucía y el de Cataluña, el cual, calificado de anticonstitucional, autoritario e insolidario, tiene siete impugnaciones pendientes, por inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional.
La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha publicado un estudio que demuestra que nada menos que 39 preceptos del nuevo Estatuto catalán "se recogen en el estatuto andaluz de forma idéntica o bien muy similar", y sólo 16 contienen "variaciones importantes".
Otros argumentos en contra del Estatuto andaluz emanan de su nacimiento y gestación: nadie en Andalucía había pensado siquiera en la necesidad de un nuevo Estatuto hasta que los políticos empezaron a hablar de ese texto, que no responde a una demanda popular, ni siquiera a una petición surgida en las elites de la sociedad, sino que es producto de una iniciativa del gobierno y de los políticos andaluces profesionales, que han elaborado, discutido y aprobado el texto del nuevo estututo respondiendo a sus propios intereses.
Pero quizás el argumento más sensible contra el nuevo Estatuto sea que ha sido elaborado sin tener en cuenta los deseos y opiniones de los ciudadanos. Los políticos, considerándose los representantes electos de los ciudadanos, lo han redactado sin consultar a esa ciudadanía que es soberana en democracia.
Existe otras decenas de argumentos y razones que sustentan el "NO", el "Voto en Blanco" o la "abstención", como los que acusan al texto de nacionalista, reglamentista, intervencionista, autoritario o bilateralista, pero los esgrimidos en los párrafos anteriores tienen fuerza y capacidad de convicción suficientes para los verdaderos demócratas.
Nuestra apuesta es por el "Voto en Blanco", que, técnicamente, significa un rechazo al Estatuto y también a los partidos y políticos que lo han propuesto, pero sin oponerse al sistema, acudiendo a las urnas para demostrar la fe en la verdadera democracia y en el recurso al voto.
El "NO" representaría un rechazo claro y, al mismo tiempo, la adhesión a una de las dos partes enfrentadas, los que propugnan el "SI" (PSOE, IU y PP) y los partidarios del "NO" (Andalucistas y Ciudadanos), mientras que la abstención también significa rechazo, pero conlleva un inquietante mensaje de alejamiento de la democracia y del sufragio.