Ahora que el PSOE esta débil y parece dispuesto a cooperar en asuntos relativos al bien común y que existe Ciudadanos, un partido con pensamiento positivo que acata la Constitución, es el momento de pasar a la contraofensiva y sorprender a las autonomías díscolas y rebeldes con una actitud proactiva y de firme defensa de la unidad nacional.
Antes de que los secesionistas catalanes convoquen su referéndum ilegal y provoquen una intervención del Ejercito en defensa de la unidad nacional, como es su deber, el gobierno, con el apoyo de sus aliados, debería convocar un referéndum de alcance nacional, en el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren mantener las competencias e instituciones de los gobiernos autonómicos como están o desean reducirlas.
La reducción propuesta incluiría la recuperación, por parte del Estado nacional, de servicios y responsabilidades fundamentales y la eliminación de todo lo superfluo y suntuoso que acompaña a los gobiernos autonómicos, como parlamentos, cargos duplicados como los defensores del pueblo y cientos de instituciones y empresas publicas sin utilidad alguna, creadas de manera irresponsable y sin otro fin que el de colocar a los amigos y familiares.
Los partidos políticos deberían entender algo que los españoles de a pie saben perfectamente: que el problema catalán no se resuelve en Cataluña sino en la totalidad de España, como se estabece en la Constitución, haciendo que la voluntad de la totalidad se imponga sobre la de una minoría que ni siquiera es mayoría en su territorio.
Esas reformas, si van unida a una reforma de las leyes que acabe con la podredumbre de la clase política española, los desequilibrios, injusticias e impunidad de los políticos, constituirían una receta infalible para solucionar los desequilibrios y dramas de la nación, todos ellos provocados por las suciedades, traiciones y egoísmos de una clase política que es de las peores del planeta y que cada día viola esa Constitución que a veces dice que defiende.
Francisco Rubiales
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Antes de que los secesionistas catalanes convoquen su referéndum ilegal y provoquen una intervención del Ejercito en defensa de la unidad nacional, como es su deber, el gobierno, con el apoyo de sus aliados, debería convocar un referéndum de alcance nacional, en el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren mantener las competencias e instituciones de los gobiernos autonómicos como están o desean reducirlas.
La reducción propuesta incluiría la recuperación, por parte del Estado nacional, de servicios y responsabilidades fundamentales y la eliminación de todo lo superfluo y suntuoso que acompaña a los gobiernos autonómicos, como parlamentos, cargos duplicados como los defensores del pueblo y cientos de instituciones y empresas publicas sin utilidad alguna, creadas de manera irresponsable y sin otro fin que el de colocar a los amigos y familiares.
Los partidos políticos deberían entender algo que los españoles de a pie saben perfectamente: que el problema catalán no se resuelve en Cataluña sino en la totalidad de España, como se estabece en la Constitución, haciendo que la voluntad de la totalidad se imponga sobre la de una minoría que ni siquiera es mayoría en su territorio.
Esas reformas, si van unida a una reforma de las leyes que acabe con la podredumbre de la clase política española, los desequilibrios, injusticias e impunidad de los políticos, constituirían una receta infalible para solucionar los desequilibrios y dramas de la nación, todos ellos provocados por las suciedades, traiciones y egoísmos de una clase política que es de las peores del planeta y que cada día viola esa Constitución que a veces dice que defiende.
Francisco Rubiales
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