Uno de los muchos memes sobre el Impuesto de Sucesiones que circulan por Internet
Por vez primera en la Historia moderna de España, el pueblo se ha alzado contra un impuesto que considera injusto y brutal, colocando contra las cuerdas a los gobiernos que los han impuesto en contra de la voluntad popular. El rechazo al tributo que grava las herencias es tan intenso que ha provocado no sólo manifestaciones de decenas de miles de ciudadanos en las calles, sino también ríos de tinta y de testimonios en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Ese rechazo popular, según las reglas democráticas, es razón suficiente para que ese impuesto quede suprimido, incluso si el gobierno necesita incrementar su recaudación fiscal. Podrá recaudar dinero por otras vías, pero la del Impuesto de Sucesiones, profundamente denostado y odiado por los ciudadanos, es democráticamente inviable.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.
Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación que rodea a las herencias en España. De poco vale la oposición popular a ese abuso porque el gobierno de turno, que se siente seguro y blindado, desprecia la democracia, junto con el lamento, la queja y las razones esgrimidas por el pueblo, generando en la ciudadanía desazón, rechazo y hasta odio a la clase política.
Todas estas razones, en su mayoría emocionales y humanas, unidas a las jurídicas, justifican que la Justicia Europea y el poder Legislativo de la Unión Europea intervengan en favor de los ciudadanos españoles, que se sienten realmente desprotegidos e indefensos ante la suciedad y la arrogancia indecente del sector público y de una política fiscal depredadora e injusta.
Francisco Rubiales
Ese rechazo popular, según las reglas democráticas, es razón suficiente para que ese impuesto quede suprimido, incluso si el gobierno necesita incrementar su recaudación fiscal. Podrá recaudar dinero por otras vías, pero la del Impuesto de Sucesiones, profundamente denostado y odiado por los ciudadanos, es democráticamente inviable.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.
Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación que rodea a las herencias en España. De poco vale la oposición popular a ese abuso porque el gobierno de turno, que se siente seguro y blindado, desprecia la democracia, junto con el lamento, la queja y las razones esgrimidas por el pueblo, generando en la ciudadanía desazón, rechazo y hasta odio a la clase política.
Todas estas razones, en su mayoría emocionales y humanas, unidas a las jurídicas, justifican que la Justicia Europea y el poder Legislativo de la Unión Europea intervengan en favor de los ciudadanos españoles, que se sienten realmente desprotegidos e indefensos ante la suciedad y la arrogancia indecente del sector público y de una política fiscal depredadora e injusta.
Francisco Rubiales