Información y Opinión

Rajoy y el PP son los grandes culpables de la existencia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones



Nos revolvemos contra los gobiernos autonómicos que aplican el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, Aragón, Asturias y otras autonomías, pero olvidamos que se trata de un impuesto de carácter nacional, cedido por el PP a las comunidades autónomas, que sólo pueden bonificarlo, pero no suprimirlo. El principal culpable de la vigencia de ese impuesto, el más odiado y cruel de los vigentes en España, es Mariano Rajoy y su partido, el PP, que al gobernar España son los únicos con poder para derogarlo.
---



Impuesto a los muertos, una crueldad indigna e indecente
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se está convirtiendo en la bestia negra del sistema fiscal español y en un impuesto maldito que resta muchos votos a los gobiernos que tienen la crueldad y el descaro de aplicarlo. Ese impuesto, bautizado por el pueblo como "el de los muertos" porque esquilma a los que mueren y a los que le heredan, es, sin duda, el impuesto más odiado y denostado de España, además del más injusto, cruel, inútil y sádico, si se tiene en cuenta el inmenso dolor que causa y los escasos ingresos que genera.

La sociedad española se ha levantado contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y exige su desaparición, enfrentándose a los gobiernos autonómicos que lo aplican con elevada crueldad y nula sensibilidad, causando dolor e injusticia, como son los de Andalucía, Asturias, Aragón y otros, pero en esa lucha se olvida que el gran culpable de que ese brutal tributo exista es Mariano Rajoy y su partido, que practican el juego hipócrita de animar a los ciudadanos a que se rebelen contra el, cuando el PP es el gran culpable de su existencia y el único partido que puede suprimirlo de un plumazo.

Rajoy y su partido, exhibiendo la bajeza típica de los partidos políticos en la falsa democracia española, lo mantienen vigente, a pesar de que en todo el mundo está siendo suprimido o bonificado al máximo, porque ese impuesto desgasta a los que lo cobran, que en España suelen ser gobiernos regionales de izquierda, como Andalucía, Asturias y Aragón. Es un juego sucio entre políticos en el que, como siempre, la víctima es el ciudadano.

En Madrid, donde gobierna el PP, ese impuesto ha sido bonificado al máximo, convirtiendo a esa comunidad en un refugio donde muchos trasladan su residencia para eludir que sus familias sean esquilmadas después de la muerte.

El rechazo al Impuesto de Sucesiones es un fenómeno digno de estudio. Una sociedad tradicionalmente pacífica y habituada a suportar de los políticos injusticias y suciedades que en otros países hacen caer a los gobiernos se ha alzado contra ese cruel y miserable impuesto y está dispuesta a boicotear en las urnas a los políticos y partidos que lo aplican. El de Sucesiones se ha convertido en una bandera que exhibe la estafa y la mezquindad que representan en España los políticos y sus partidos.

Si los gobiernos que lo aplican fueran inteligentes, lo suprimirían o bonificarían al máximo, antes de que el pueblo, indignado y con ganas de vengarse de tanta injusticia y abuso, les expulse del poder cuando se abran las urnas.

La aplicación de ese impuesto suele llegar rodeado de otras muchas injusticias y abusos, como la elevada y artificial valoración que los gobiernos hacen de los bienes heredados, muy superior al precio de mercado, que se aplica para cobrar más, o el escaso valor que se obtiene por los bienes embargados al ser vendidos en las subastas, bienes que terminan a veces en manos de mafias bien informadas y conectadas a corruptos con poder, que lo adquieren baratos, o los intereses que se aplican a las familias que no pueden pagar el impuesto, provocando un infierno de dolor a la ciudadanía, a la que empujan a odiar el poder político y a sus representantes.

La vigencia de ese odiado impuesto, es una muestra hiriente y deleznable de que en España no existe democracia ni respeto a la voluntad popular. Mantener ese impuesto en contra de los deseos del pueblo y a pesar de su inconstitucionalidad, ya que destruye el principio de igualdad proclamado por la Constitución y obliga a tributar por lo que ya ha tributado, es sólo un comportamiento perverso y miserable de los políticos y una muestra de que la justicia y la democracia están ausentes del ordenamiento español.

Francisco Rubiales

- -
Lunes, 12 de Febrero 2018
Artículo leído 10354 veces

También en esta sección: