El Estado Autonómico ha resultado el engendro nacional, fue una desacertada cesión para que los nacionalistas vascos y catalanes se sintieran cómodos y calmados; y no tuvimos, dos, sino quince más, copias equívocas y erradas. Tal vez, sólo se debían haber cedido las dos históricas y párese de contar. Es falsa la teoría de que las colonias autonómicas pagan a la metrópoli y más falsa aún la de la cercanía del poder al ciudadano; es el ciudadano el que atiende al poder, no el poder al ciudadano; no se ha visto el interés por dar un mejor servicio al pueblo, ni una más eficiente gestión, ni un auténtico beneficio para la ciudadanía y sí, una verdadera sacaliña realmente insostenible y caótica para las arcas públicas; el traspaso inmoderado de competencias, ha perjudicado a España, al suscitar la desigualdad, la molicie y la prebenda; jamás debió transferirse la función ministerial de Hacienda, de Educación, de Sanidad, Justicia y Fuerzas de Policía. El “café para todos” fue un error, nos ha sentado muy mal. Los Taifas son reductos sesteantes de medro para unos políticos, que sin poder llegar a Madrid, reproducen innecesariamente en diecisiete regiones el gasto, boato y burocracia del Gobierno Central.
Política y administrativamente, las “autonosuyas” han resultado ser muy poco eficientes y enormes burocráticas para el ciudadano, que suponen un alto coste para la economía española. El mantenimiento de los diecisiete parlamentos, con más de 1200 diputados, cuestan a los españoles 422 millones de €, es preciso valorar poca o nula la utilidad que reportan a la ciudadanía, buena parte de esos diputados sólo funcionan a remolque y al dictado de sus jefes, al ejercer el voto, siendo la eficiencia y el coste variable de unas a otras, según información de Época; el funcionamiento del Parlamento Catalán es el que nos cuesta más caro, seguido del Andaluz, de acuerdo con el número de habitantes de cada región, el de diputados y su coste. Ante esta enormidad, son ya muchas las voces que claman por una urgente reforma legislativa que aminore y regule este boato de los Régulos Autonómicos, el gasto y despilfarro impensables con derroches y burocracias insoportables y corrija la desmembración de España; asciende el clamor de los que reconocen el error que ha supuesto mantener diecisiete gobiernos, sus administraciones, funcionarios y parlamentarios, empresas públicas, subvenciones, televisiones y radios innecesarias, viajes, asesores y jefecillos asentados en la mamandurria autonómica.
España no puede soportar este plan; es preciso revocar y revisar la organización territorial del Estado, para retrotraer la gestión de varias de las competencias transferidas, y, a la vez, exige la reforma de la ley electoral, para limitar los pactos y componendas postelectorales y ahuyentar las minorías nacionalistas y los partidillos minúsculos que impiden gobernar en general a los más votados.
Es España la que necesita el esfuerzo de todos, para salvarla de la ruina a que ha sido abocada por el neosocialismo con sus erróneos planteamientos económicos, que no significa salvar a ZP. España requiere la mano fuerte que la saque del hundimiento que le acarrea la ineficacia e inutilidad de este Ejecutivo. Hay que rectificar el rumbo y poner el timón en manos de quien puede y sabe llenar las arcas del Estado y crear cinco millones de puestos de trabajo.
C. Mudarra
Política y administrativamente, las “autonosuyas” han resultado ser muy poco eficientes y enormes burocráticas para el ciudadano, que suponen un alto coste para la economía española. El mantenimiento de los diecisiete parlamentos, con más de 1200 diputados, cuestan a los españoles 422 millones de €, es preciso valorar poca o nula la utilidad que reportan a la ciudadanía, buena parte de esos diputados sólo funcionan a remolque y al dictado de sus jefes, al ejercer el voto, siendo la eficiencia y el coste variable de unas a otras, según información de Época; el funcionamiento del Parlamento Catalán es el que nos cuesta más caro, seguido del Andaluz, de acuerdo con el número de habitantes de cada región, el de diputados y su coste. Ante esta enormidad, son ya muchas las voces que claman por una urgente reforma legislativa que aminore y regule este boato de los Régulos Autonómicos, el gasto y despilfarro impensables con derroches y burocracias insoportables y corrija la desmembración de España; asciende el clamor de los que reconocen el error que ha supuesto mantener diecisiete gobiernos, sus administraciones, funcionarios y parlamentarios, empresas públicas, subvenciones, televisiones y radios innecesarias, viajes, asesores y jefecillos asentados en la mamandurria autonómica.
España no puede soportar este plan; es preciso revocar y revisar la organización territorial del Estado, para retrotraer la gestión de varias de las competencias transferidas, y, a la vez, exige la reforma de la ley electoral, para limitar los pactos y componendas postelectorales y ahuyentar las minorías nacionalistas y los partidillos minúsculos que impiden gobernar en general a los más votados.
Es España la que necesita el esfuerzo de todos, para salvarla de la ruina a que ha sido abocada por el neosocialismo con sus erróneos planteamientos económicos, que no significa salvar a ZP. España requiere la mano fuerte que la saque del hundimiento que le acarrea la ineficacia e inutilidad de este Ejecutivo. Hay que rectificar el rumbo y poner el timón en manos de quien puede y sabe llenar las arcas del Estado y crear cinco millones de puestos de trabajo.
C. Mudarra