El Gobierno del PP, incumpliendo su compromiso electoral, se ha equivocado con la inesperada subida fiscal. No es necesario subir impuestos, para eliminar todo el déficit público. Se deben eliminar los gastos no esenciales, como hace cualquier familia cuando ve que no llega a fin de mes. Para alcanzar los objetivos marcados por Bruselas, hay que reducir gastos, reestructurar el sector público y reformar el sistema administrativo, las “autonosuyas” no son viables; suprimir Tvs o privatizarlas y rebajar los sueldos a los políticos al mínimo. Es muy posible, que esa primera medida de subir el impuesto le ocasione el descalabro en las elecciones andaluzas de Marzo.
El pensamiento y situación de la ciudadanía exige ahorro y empleo. Otro ajuste es posible, como dicen M. Llamas y J.R. Rallo en su informe de 5-1-2012. El sector público puede recortar más de 80.000 millones sin tocar servicios básicos; vender empresas y activos aportaría más de 40.000 en ingresos. Rallo y Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, han mostrado que existe un ajuste alternativo, basado únicamente en la reducción del gasto público, no sólo para situar el déficit en el 4,4% del PIB, sino para eliminar por completo el desequilibrio presupuestario en 2012 (un solo año), sin necesidad de subir ningún impuesto, e incluso minorar el peso de la deuda pública hasta el 60% del PIB -y, por tanto, el coste de sus intereses-. La reducción la dividen en cuatro grandes bloques: a) Recortes en la Administración General del Estado (Gobierno Central), con un monto de 39.000 millones de euros de ahorro anual; b) en los presupuestos de las CCAA un monto de 33.000 millones; c) reestructuración y reforma de la administración local, 16.000 millones; d) e ingresos extra derivados de la privatización y venta de empresas y activos estatales, 43.000 millones. Ninguno de los recortes descritos afecta en modo alguno a los servicios y prestaciones públicas básicas: Pensiones, sanidad, educación... ni implica reducciones de salario a los funcionarios, los temas más espinosos y polémicos de los ajustes de cara a la opinión pública.
Si el Estado y las CCAA en los presupuestos regionales reducen su gasto en un 17,9%, se llega a lograr un ahorro próximo a los 29.000 millones de euros en un solo año y ello, sin necesidad de recortar servicios básicos o sueldos públicos; esto es, precisamente, lo que avanzó la presidenta de Castilla-La Mancha, en su particular plan de ahorro. Por otra parte, la reestructuración de los ayuntamientos españoles, disminuyendo radicalmente el número de municipios mediante la fusión del 95% de los mismos, se obtendría un ahorro anual próximo a los 16.000 millones de euros. Todo este ajuste previo serviría para eliminar el déficit público tan sólo por la vía del gasto.
Además, es posible elevar los ingresos para aligerar peso de la deuda pública española y, por consiguiente, el coste anual de sus intereses, lo cual también ayudaría a rebajar de forma sustancial la prima de riesgo. ¿Cómo? Más allá de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, el contribuyente sufre igualmente la carga de la abultada administración paralela; en concreto, en España existen más de 4.000 empresas públicas de toda índole y condición que escapan al control parlamentario: 2.357 empresas son de ámbito regional, 451 de ámbito estatal y el resto se reparte de forma muy diversa (y opaca) entre los municipios. Todo este conglomerado arrastra una deuda de 57.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España; su eliminación supondría un importante ahorro a medio y largo plazo. Añádase a ello, la reducción del sueldo enorme de tantos cargos políticos que hay que disminuir sin dilación, más la supresión del Senado y del T. Constitucional. Hay, pues, otras vías.
C. Mudarra
El pensamiento y situación de la ciudadanía exige ahorro y empleo. Otro ajuste es posible, como dicen M. Llamas y J.R. Rallo en su informe de 5-1-2012. El sector público puede recortar más de 80.000 millones sin tocar servicios básicos; vender empresas y activos aportaría más de 40.000 en ingresos. Rallo y Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, han mostrado que existe un ajuste alternativo, basado únicamente en la reducción del gasto público, no sólo para situar el déficit en el 4,4% del PIB, sino para eliminar por completo el desequilibrio presupuestario en 2012 (un solo año), sin necesidad de subir ningún impuesto, e incluso minorar el peso de la deuda pública hasta el 60% del PIB -y, por tanto, el coste de sus intereses-. La reducción la dividen en cuatro grandes bloques: a) Recortes en la Administración General del Estado (Gobierno Central), con un monto de 39.000 millones de euros de ahorro anual; b) en los presupuestos de las CCAA un monto de 33.000 millones; c) reestructuración y reforma de la administración local, 16.000 millones; d) e ingresos extra derivados de la privatización y venta de empresas y activos estatales, 43.000 millones. Ninguno de los recortes descritos afecta en modo alguno a los servicios y prestaciones públicas básicas: Pensiones, sanidad, educación... ni implica reducciones de salario a los funcionarios, los temas más espinosos y polémicos de los ajustes de cara a la opinión pública.
Si el Estado y las CCAA en los presupuestos regionales reducen su gasto en un 17,9%, se llega a lograr un ahorro próximo a los 29.000 millones de euros en un solo año y ello, sin necesidad de recortar servicios básicos o sueldos públicos; esto es, precisamente, lo que avanzó la presidenta de Castilla-La Mancha, en su particular plan de ahorro. Por otra parte, la reestructuración de los ayuntamientos españoles, disminuyendo radicalmente el número de municipios mediante la fusión del 95% de los mismos, se obtendría un ahorro anual próximo a los 16.000 millones de euros. Todo este ajuste previo serviría para eliminar el déficit público tan sólo por la vía del gasto.
Además, es posible elevar los ingresos para aligerar peso de la deuda pública española y, por consiguiente, el coste anual de sus intereses, lo cual también ayudaría a rebajar de forma sustancial la prima de riesgo. ¿Cómo? Más allá de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, el contribuyente sufre igualmente la carga de la abultada administración paralela; en concreto, en España existen más de 4.000 empresas públicas de toda índole y condición que escapan al control parlamentario: 2.357 empresas son de ámbito regional, 451 de ámbito estatal y el resto se reparte de forma muy diversa (y opaca) entre los municipios. Todo este conglomerado arrastra una deuda de 57.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España; su eliminación supondría un importante ahorro a medio y largo plazo. Añádase a ello, la reducción del sueldo enorme de tantos cargos políticos que hay que disminuir sin dilación, más la supresión del Senado y del T. Constitucional. Hay, pues, otras vías.
C. Mudarra