El gobierno de Zapatero quiere dar el carpetazo al escándalo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la dimisión forzada de su director, Alberto Saiz, sin aclarar a la opinión pública lo que ha ocurrido en los servicios de inteligencia españoles y los daños causados a España en ese sector vital y estratégico. La actitud del gobierno Zapatero es antidemocrática porque olvida, una vez más, el principio de la transparencia y niega a la ciudadanía el derecho a ser informada verazmente, garantizado por la Constitución.
El Conficencial publica una carta abierta a Alberto Saiz en la que se afirma que apenas ha salido a la luz una pequeña parte de los escándalos y dramas del CNI bajo el mandato de su depuesto director. En uno de sus párrafos, la carta dice: "Tú sabes, Alberto, que lo que ha salido en los periódicos no es, en el fondo, nada o casi nada. Caprichos de un tipo al que le viene grande el cargo, dispuesto a utilizar medios públicos en su personal y privado provecho. Pero aquí sabemos que hay cosas mucho más importantes. Mucho más peligrosas para ti y para el prestigio del Centro".
Las denuncias y filtraciones contra Alberto Saiz han sido tantas y tan intensas que el gobierno, a pesar de haberle renovado recientemente su mandato, no ha tenido otra opción que forzarlo a dimitir, a pesar de la "protección" que le brindaba su amigo Pepe Bono, presidente de las Cortes. Según esas denuncias, los "desmanes" de Saiz en el CNI han sido muchos, incluyendo corrupción, abuso de poder, despilfarro y la violación de los derechos constitucionales de agentes y empleados del centro, todo ello perpetrado bajo la protección del gobierno y del PSOE, lo que otorga prácticamente secretismo e impunidad, dos vicios que además de ser anticonstitucionales, son también delito y atentados contra la esencia de la democracia.
Los ciudadanos, en democracia, tienen derecho a exigir al gobierno no sólo que cuente la verdad y revele lo que ha ocurrido en el CNI, sino que deje de cubrir a sus altos cargos con el indigno y sucio manto del secretismo y la impunidad.
El nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, tendrá no sólo que curar las heridas internas, sino que deberá diseñar una estrategia para recomponer el despliegue de los servicios secretos en lugares tan sensibles para la seguridad nacional como Cuba y Marruecos, donde las actividades de varios de nuestros agentes ha quedado seriamente en cuestión.
Lo que no debería hacer el general Sanz Roldán es esa "limpia" que le ha encargado el gobierno para evitar en el futuro "filtraciones" y "denuncias" a los medios de prensa. Esas denuncias defensivas de gente aplastada e indignada constituyen muchas veces la única garantía de transparencia y de respeto a los derechos constitucionales en un sector público español opaco y con vocación de impunidad.
El Conficencial publica una carta abierta a Alberto Saiz en la que se afirma que apenas ha salido a la luz una pequeña parte de los escándalos y dramas del CNI bajo el mandato de su depuesto director. En uno de sus párrafos, la carta dice: "Tú sabes, Alberto, que lo que ha salido en los periódicos no es, en el fondo, nada o casi nada. Caprichos de un tipo al que le viene grande el cargo, dispuesto a utilizar medios públicos en su personal y privado provecho. Pero aquí sabemos que hay cosas mucho más importantes. Mucho más peligrosas para ti y para el prestigio del Centro".
Las denuncias y filtraciones contra Alberto Saiz han sido tantas y tan intensas que el gobierno, a pesar de haberle renovado recientemente su mandato, no ha tenido otra opción que forzarlo a dimitir, a pesar de la "protección" que le brindaba su amigo Pepe Bono, presidente de las Cortes. Según esas denuncias, los "desmanes" de Saiz en el CNI han sido muchos, incluyendo corrupción, abuso de poder, despilfarro y la violación de los derechos constitucionales de agentes y empleados del centro, todo ello perpetrado bajo la protección del gobierno y del PSOE, lo que otorga prácticamente secretismo e impunidad, dos vicios que además de ser anticonstitucionales, son también delito y atentados contra la esencia de la democracia.
Los ciudadanos, en democracia, tienen derecho a exigir al gobierno no sólo que cuente la verdad y revele lo que ha ocurrido en el CNI, sino que deje de cubrir a sus altos cargos con el indigno y sucio manto del secretismo y la impunidad.
El nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, tendrá no sólo que curar las heridas internas, sino que deberá diseñar una estrategia para recomponer el despliegue de los servicios secretos en lugares tan sensibles para la seguridad nacional como Cuba y Marruecos, donde las actividades de varios de nuestros agentes ha quedado seriamente en cuestión.
Lo que no debería hacer el general Sanz Roldán es esa "limpia" que le ha encargado el gobierno para evitar en el futuro "filtraciones" y "denuncias" a los medios de prensa. Esas denuncias defensivas de gente aplastada e indignada constituyen muchas veces la única garantía de transparencia y de respeto a los derechos constitucionales en un sector público español opaco y con vocación de impunidad.