Una información reciente revela que el 92% de los periodistas que trabajan en los gabinetes de comunicación y prensa de la Administración, lo que significa prácticamente la totalidad, afirman sentirse "desmoralizados y desmotivados" por no encontrar en el ejercicio de su profesión reconocimiento y por no quedar incorporada su función en los respectivos organigramas.
Detrás de esa frustración aparece la queja de que el trabajo que realizan no es suficientemente reconocido y que se sienten utilizados e infravalorados.
Sin embargo, el motivo real del conflicto es que esas mismas administraciones públicas que les han contratado no creen en el valor democrático del trabajo informativo.
Muchas veces, las administraciones contratan a periodistas para garantizarse su amistad o neutralizarlos como críticos en medios adversarios. Otras veces les contratan para pagar favores y lealtades acumuladas en el pasado o porque esperan contar con su ayuda en la lucha permanente por el poder político. Pero pocas veces les contratan para cumplir con el democrático deber de informar a la sociedad de lo que hacen los políticos, de cómo lo hacen y de por qué lo hacen, verdaderas obligaciones del sector público en una democracia avanzada, que exige una transparencia informativa impecable en la que los políticos, desgraciadamente, no creen y soportan como una incómoda exigencia de algunos ciudadanos intransigentes y de medios de comunicación hostiles.
Sin embargo, no existe democracia sin información y, en opinión de los pensadores expertos en derecho político, la obligación de un gobierno democrático no se limita a informar con absoluta fidelidad y transparencia, sino que debe, incluso, generar satisfacción en los administrados a través de esa información limpia y exhaustiva que proporcione.
Los periodistas contratados por las administraciones realizan trabajos repetitivos, poco creativos, poco valorados y, desde luego, más orientados a conseguir brillo e imagen para sus "jefes" políticos que a informar escrupulósamente a los ciudadanos.
Insatisfechos profesional y moralmente con el trabajo que desempeñan, es lógico que los periodistas “públicos” se sientan frustrados y decepcionados.
Las palabras de Casimiro López, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de la Administración Pública (ANPAP), aunque suavizadas y disimuladas, reflejan toda la crudeza del drama: "Nuestra labor responde al derecho de suministrar información a los ciudadanos, y llevamos muchísimo tiempo sin que la comunicación institucional sea reconocida como un estamento en la Administración Pública. Ahora tenemos un poco de esperanza".
Casimiro López ha transmitido la frustración de los periodistas del sector público al secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quien ha prometido estudiarlas, pero ni Moraleda, con todo su peso e influencia, tiene la clave para solucionar el problema, cuya esencia es que los políticos no creen en la transparencia informativa, ni en la obligación de informar verazmente a los ciudadanos, a través de los medios.
El problema de los periodistas son los políticos, los cuales, formados en el seno de partidos políticos autoritarios y verticales que utilizan la información (y la desinformación) como una herramienta para ganar elecciones y acumular poder, no saben utilizarla después, como instrumento de transparencia democrática, cuando llegan al gobierno.
Detrás de esa frustración aparece la queja de que el trabajo que realizan no es suficientemente reconocido y que se sienten utilizados e infravalorados.
Sin embargo, el motivo real del conflicto es que esas mismas administraciones públicas que les han contratado no creen en el valor democrático del trabajo informativo.
Muchas veces, las administraciones contratan a periodistas para garantizarse su amistad o neutralizarlos como críticos en medios adversarios. Otras veces les contratan para pagar favores y lealtades acumuladas en el pasado o porque esperan contar con su ayuda en la lucha permanente por el poder político. Pero pocas veces les contratan para cumplir con el democrático deber de informar a la sociedad de lo que hacen los políticos, de cómo lo hacen y de por qué lo hacen, verdaderas obligaciones del sector público en una democracia avanzada, que exige una transparencia informativa impecable en la que los políticos, desgraciadamente, no creen y soportan como una incómoda exigencia de algunos ciudadanos intransigentes y de medios de comunicación hostiles.
Sin embargo, no existe democracia sin información y, en opinión de los pensadores expertos en derecho político, la obligación de un gobierno democrático no se limita a informar con absoluta fidelidad y transparencia, sino que debe, incluso, generar satisfacción en los administrados a través de esa información limpia y exhaustiva que proporcione.
Los periodistas contratados por las administraciones realizan trabajos repetitivos, poco creativos, poco valorados y, desde luego, más orientados a conseguir brillo e imagen para sus "jefes" políticos que a informar escrupulósamente a los ciudadanos.
Insatisfechos profesional y moralmente con el trabajo que desempeñan, es lógico que los periodistas “públicos” se sientan frustrados y decepcionados.
Las palabras de Casimiro López, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de la Administración Pública (ANPAP), aunque suavizadas y disimuladas, reflejan toda la crudeza del drama: "Nuestra labor responde al derecho de suministrar información a los ciudadanos, y llevamos muchísimo tiempo sin que la comunicación institucional sea reconocida como un estamento en la Administración Pública. Ahora tenemos un poco de esperanza".
Casimiro López ha transmitido la frustración de los periodistas del sector público al secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quien ha prometido estudiarlas, pero ni Moraleda, con todo su peso e influencia, tiene la clave para solucionar el problema, cuya esencia es que los políticos no creen en la transparencia informativa, ni en la obligación de informar verazmente a los ciudadanos, a través de los medios.
El problema de los periodistas son los políticos, los cuales, formados en el seno de partidos políticos autoritarios y verticales que utilizan la información (y la desinformación) como una herramienta para ganar elecciones y acumular poder, no saben utilizarla después, como instrumento de transparencia democrática, cuando llegan al gobierno.