El gobierno, violando la voluntad popular, que se opone claramente, ha subvencionado en 2012 a los partidos políticos presentes en el Congreso con 67 millones de euros, dinero que ha salido por entero de los impuestos que pagan los ciudadanos con enorme esfuerzo y angustia. Esas subvenciones, contrarias al criterio de la inmensa mayoría de la ciudadanía, son una prueba más de que la casta política española es antipopular y antidemocrática.
Cada uno de los diputados presentes en el Congreso recibió de esos ciudadanos a los que falsamente dicen representar, nada menos que 190.000 euros. Se trata de un dinero que no está al servicio del interés general ni del bien común sino que beneficia a los partidos políticos, receptores de ese dinero, que violenta la voluntad popular y que se entrega a diputados que ni siquiera representan a los ciudadanos sino a los partidos que les nombran y les colocan en las listas cerradas y bloqueadas, profundamente antidemocráticas porque impiden el derecho del ciudadano a elegir libremente y sin coacciones a sus representantes, sagrado en democracia.
El sistema político español, al que llaman democracia sin serlo, es una bodrio diseñado para beneficio de los partidos y de sus élites políticas profesionales. Los ciudadanos, cuyas opiniones en las encuestas sobre los grandes partidos políticos españoles son escalofriantes, quedan marginados y en lugar de ejercer como soberanos quedan reducidos a simple comparsa sometida, una vergüenza ilícita que se traduce en un rechazo creciente que, poco a poco, se va transformando en desprecio a la política y odio a los políticos.
El respaldo electoral que suman los dos grandes partidos, PP y PSOE, ha pasado de un 83 por ciento (el más alto índice de apoyo registrado en unas elecciones), al 56% de apoyo que refleja el último barómetro del CIS.
Cada uno de los diputados presentes en el Congreso recibió de esos ciudadanos a los que falsamente dicen representar, nada menos que 190.000 euros. Se trata de un dinero que no está al servicio del interés general ni del bien común sino que beneficia a los partidos políticos, receptores de ese dinero, que violenta la voluntad popular y que se entrega a diputados que ni siquiera representan a los ciudadanos sino a los partidos que les nombran y les colocan en las listas cerradas y bloqueadas, profundamente antidemocráticas porque impiden el derecho del ciudadano a elegir libremente y sin coacciones a sus representantes, sagrado en democracia.
El sistema político español, al que llaman democracia sin serlo, es una bodrio diseñado para beneficio de los partidos y de sus élites políticas profesionales. Los ciudadanos, cuyas opiniones en las encuestas sobre los grandes partidos políticos españoles son escalofriantes, quedan marginados y en lugar de ejercer como soberanos quedan reducidos a simple comparsa sometida, una vergüenza ilícita que se traduce en un rechazo creciente que, poco a poco, se va transformando en desprecio a la política y odio a los políticos.
El respaldo electoral que suman los dos grandes partidos, PP y PSOE, ha pasado de un 83 por ciento (el más alto índice de apoyo registrado en unas elecciones), al 56% de apoyo que refleja el último barómetro del CIS.