La ministra Cristina Narbona pretende penalizar a los españoles que derrochen agua, una medida profundamente injusta que representa un racionamiento camuflado contrario a los intereses ciudadanos. Derrochar agua, para la ministra, es consumir más de 60 litros de agua por persona al día, un limite ridículo que hasta impide utilizar la lavadora.
Penalizar a los que se duchan y usan el agua para beber y cocinar en un país donde se le subvenciona el agua a los agricultores y a los jugadores de golf, consumidores del 80 por ciento del agua disponible, es un sarcasmo. Si, además, se tiene en cuenta que España pierde miles de hectómetros cúbicos cada años porque el poder político no hace las obras hidraulicas que el país necesita, la injusticia es todavía más fea.
Si su propósito llegara a consumarse, el gobierno patrocinaría una inmensa injusticia contra el ciudadano, ya que son las administraciones públicas las mayores derrochadoras de agua en España. El estado de las canalizaciones urbanas e interurbanas es tan malo que llega a perderse uno de cada tres litros que circulan (y en algunas ciudades y pueblos hasta dos de cada cuatro litros). La responsabilidad de arreglar esas canalizaciones es de las distintas administraciones públicas.
¿Va a penalizar el gobierno también a los ayuntamientos?
La Ministra, probablemente, sólo pretende recaudar más, siguiendo el ejemplo de sus colegas de gobierno, que recaudan más con la presión fiscal, que sube en España mientras baja en casi todos los paises prósperos y avanzados,con las multas de tráfico y por otras vías.
Penalizar a los que se duchan y usan el agua para beber y cocinar en un país donde se le subvenciona el agua a los agricultores y a los jugadores de golf, consumidores del 80 por ciento del agua disponible, es un sarcasmo. Si, además, se tiene en cuenta que España pierde miles de hectómetros cúbicos cada años porque el poder político no hace las obras hidraulicas que el país necesita, la injusticia es todavía más fea.
Si su propósito llegara a consumarse, el gobierno patrocinaría una inmensa injusticia contra el ciudadano, ya que son las administraciones públicas las mayores derrochadoras de agua en España. El estado de las canalizaciones urbanas e interurbanas es tan malo que llega a perderse uno de cada tres litros que circulan (y en algunas ciudades y pueblos hasta dos de cada cuatro litros). La responsabilidad de arreglar esas canalizaciones es de las distintas administraciones públicas.
¿Va a penalizar el gobierno también a los ayuntamientos?
La Ministra, probablemente, sólo pretende recaudar más, siguiendo el ejemplo de sus colegas de gobierno, que recaudan más con la presión fiscal, que sube en España mientras baja en casi todos los paises prósperos y avanzados,con las multas de tráfico y por otras vías.