PSOE y PP también prostituyen la Justicia

La renuncia reciente del juez Marchena a presidir el Poder Judicial español es una bofetada en pleno rostro al PSOE y al PP, dos partidos corruptos que, empeñados en politizar y controlar la Justicia a pesar de que la democracia lo prohíbe, habían pactado la presidencia de Marchena, obligando vergonzosamente a los vocales del poder judicial a que lo eligieran.

Pera esa jugada, sucia y despreciable, por fortuna, está siendo frustrada por la huelga del poder judicial y ahora por la decente renuncia de Marchena y por una resistencia en el personal de justicia que crece y se enfrenta a la manipulación de los partidos políticos.

Nuestros políticos, imbéciles, no entienden que las cosas en España han cambiado, que no pueden seguir gobernando a los españoles como si fueran un rebaño de cabras y que los ciudadanos (y también los jueces) ya no están dispuestos a soportar sus abusos, arbitrariedades y corrupciones.

Marchena, que por sus actos, parece un juez honrado y decente, al sentirse parte de un acuerdo político y al contemplar como el PP le consideraba un juez sometido, ha decidido dar un portazo que ha dejado al descubierto muchas de las miserias y servidumbres del sistema judicial español, pero que también despierta esperanza en la ciudadanía, que empieza a ilusionarse porque percibe que en el seno del poder judicial se está gestando una rebelión contra los partidos corruptos que ya han degradado la democracia y que siguen con el ansia de dominarlo todo, prostituyendo también la Justicia.

El problema mayor es que la crisis en la Justicia llega en el peor momento, cuando el sistema judicial español tiene que enfrentarse al reto de juzgar el auténtico golpe de Estado del independentismo catalán y cuando el sistema español está bajo sospecha en toda Europa.

El pueblo sabe que esa posible rebelión de los jueces contra los corruptos y falsos demócratas incrustados en el Estado, que tiene hermosos precedentes históricos en Italia y en otros países, es el camino más corto y eficaz para acabar con la corrupción y el abuso de poder. Con las cárceles llenas de políticos sin honor ni vergüenza, el Estado se regeneraría y quedaría limpio de miserables, aunque sólo sea por miedo al castigo que emana de una ley que ojalá un día sea "igual para todos".

La historia demuestra con creces que controlar la justicia es el sueño y la mayor tentación de los que mandan, sobre todo si tienen claras tendencias totalitarias, como es habitual en España, quizás porque la Administración de la Justicia es el único obstáculo serio que se alza entre esos políticos y el ansiado poder absoluto. Dominar la Justicia y convertirla en un poder más al servicio del Ejecutivo fue la más perversa obra de dictadores como Nerón, Calígula, Napoleón Lenín, Stalin, Mao, Mussolini y Adolf Hitler, entre otros muchos.

Hoy, en España, el gobierno de Pedro Sánchez, presionado por sus miserables socios de gobierno, maniobra dentro de la Justicia para salvar de la condena que merecen a los golpistas catalanes y se adapten las sentencias a lo que conviene a su gobierno, una aberración antidemocrática que los españoles ni siquiera se atrevían a imaginar hace un par de años.

Pero Sánchez no es el único manipulador y asesino de la Justicia democrática en España. Sus predecesores han ido apretando el dogal sobre el poder judicial, siempre para someterlo y garantizarse juicios blandos o impunidad en sus frecuentes y graves delitos de abuso y corrupción, una maniobra continuada que ha envilecido a la política española y que ya es hora de cortar de raíz.

Todas las reformas del sistema judicial practicadas desde la muerte de Franco tienen como denominador común reforzar el control de la Justicia por parte de los partidos políticos y destruir la independencia judicial.

Pero nunca como ahora ese ataque contra la independencia y dignidad de la Justicia fue tan frontal y obsceno. Los dos grandes partidos necesitan jueces domesticados para escapar de sus delitos y para que la coalición de gobierno que sostiene a Sánchez no se derrumbe. Como prueba de esa iniquidad, el actual presidente es incapaz de negar que prepara indultos para los políticos catalanes golpistas, si éstos, como es previsible, fueran condenados con dureza.

Los políticos españoles entienden la democracia de manera perversa y se sienten legitimados por el voto ciudadano para cualquier cosa, incluso para disparar contra Montequieu y someter al Poder Judicial, ignorando que, sin una Justicia independiente, la democracia no puede existir.

Francisco Rubiales