Dentro de cinco días, iremos a las urnas para elegir a los que deseamos que ocupen los escaños de nuestros ayuntamientos, durante los próximos cuatro años. La democracia es “el gobierno del pueblo por y para el pueblo”, pero esa bella frase casi se reduce a un solo acto, votar. Todo lo demás: gobernar, dictar normas, hacer que se ejecuten y resolver los conflictos que su ejecución plantee, lo hacen los ediles con el presidente o alcalde a la cabeza; en la mayoría de los casos, sin molestarse en consultar al pueblo.
Por lo visto, el pueblo sólo puede ejercer la democracia indirectamente: gobernar “para el pueblo”, satisfacer sus aspiraciones y conseguir el bien común, queda muchas veces en el olvido. Para conseguir el llamado “estado de derecho”, la justicia y el bien común deben inspirar las normas que los gobernantes dicten en representación del pueblo. Hay demasiados casos en que los ediles buscan más sus propios intereses, los de su familia y los de sus amigachos que los del pueblo. Y cuatro años dan para muchas barrabasadas.
El primer derecho que los parlamentos obtuvieron en la historia fue el de aprobar o denegar las peticiones de impuestos. Bueno, pues uno de los desaguisados que el pueblo no acaba de entender es el de los presupuestos municipales. Desde hace años, no consiguen cuadrar sus gastos y arrastran deudas que hay que saldar con nuevos impuestos, porque las corrientes de las cloacas municipales o la mala administración se los han tragado.
Uno piensa que el control del dinero público hay que llevarlo a cabo de forma continua y seria. Estamos asistiendo a una corrupción tal que el ciudadano se pregunta con todo derecho si nuestros representantes son honrados. El parlamento tiene la obligación de examinar la situación con todo detalle, siempre que el gobierno pide créditos extraordinarios y cuando se exige someter al parlamento la aprobación de cuentas al término del año fiscal.
Tengo entendido que, en España, la creación de comisiones de investigación en el congreso ha de partir del gobierno, de la mesa de la cámara, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de diputados. Pero la aprobación de la propuesta puede ser bloqueada por la mayoría gobernante y, además, son secretas, para evitar la publicidad.
Si los gobernantes no son capaces de acatar las mismas leyes que ellos han aprobado, sus actos deberían ser anulados y ellos mismos sancionados como corresponda. Me decía un amigo que deberíamos mirar con lupa a los que vamos a votar dentro de cinco días. Y si se trata de candidatos que no acatan las leyes o de dudosa conducta legal, debemos ponerlos en entredicho.
JUAN LEIVA
Por lo visto, el pueblo sólo puede ejercer la democracia indirectamente: gobernar “para el pueblo”, satisfacer sus aspiraciones y conseguir el bien común, queda muchas veces en el olvido. Para conseguir el llamado “estado de derecho”, la justicia y el bien común deben inspirar las normas que los gobernantes dicten en representación del pueblo. Hay demasiados casos en que los ediles buscan más sus propios intereses, los de su familia y los de sus amigachos que los del pueblo. Y cuatro años dan para muchas barrabasadas.
El primer derecho que los parlamentos obtuvieron en la historia fue el de aprobar o denegar las peticiones de impuestos. Bueno, pues uno de los desaguisados que el pueblo no acaba de entender es el de los presupuestos municipales. Desde hace años, no consiguen cuadrar sus gastos y arrastran deudas que hay que saldar con nuevos impuestos, porque las corrientes de las cloacas municipales o la mala administración se los han tragado.
Uno piensa que el control del dinero público hay que llevarlo a cabo de forma continua y seria. Estamos asistiendo a una corrupción tal que el ciudadano se pregunta con todo derecho si nuestros representantes son honrados. El parlamento tiene la obligación de examinar la situación con todo detalle, siempre que el gobierno pide créditos extraordinarios y cuando se exige someter al parlamento la aprobación de cuentas al término del año fiscal.
Tengo entendido que, en España, la creación de comisiones de investigación en el congreso ha de partir del gobierno, de la mesa de la cámara, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de diputados. Pero la aprobación de la propuesta puede ser bloqueada por la mayoría gobernante y, además, son secretas, para evitar la publicidad.
Si los gobernantes no son capaces de acatar las mismas leyes que ellos han aprobado, sus actos deberían ser anulados y ellos mismos sancionados como corresponda. Me decía un amigo que deberíamos mirar con lupa a los que vamos a votar dentro de cinco días. Y si se trata de candidatos que no acatan las leyes o de dudosa conducta legal, debemos ponerlos en entredicho.
JUAN LEIVA