El nuevo sistema de financiación autonómica, una ley de gran trascendencia para la sociedad y el Estado, acaba de ser aprobado (el jueves 12 de noviembre) en el Congreso español sin el "consenso amplio" debido, con los justos 176 votos necesarios, utilizando chapuzas y trucos, con votos "comprados", incluyendo el apoyo de dos diputados navarros --de Nafarroa Bai y de UPN-- a los que la LOFCA ni siquiera les afecta porque disponen de un sistema foral propio.
Aunque el Partido Popular anuncia que piensa plantar cara en los tribunales al nuevo sistema de financiación autonómica, que el pasado jueves pasó el trámite de la votación en el Congreso de los Diputados y el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, presentará un recurso contra la reforma de la ley por considerar que "desprecia" e "ignora" a los murcianos, esos movimientos no limpian al partido gobernante ni al sistema en pleno de vergüenza y de responsabilidad antidemocrática.
Sacar adelante una ley de esa envergadura comprando voluntades y mediante chapuzas parlamentarias revela la baja ética democrática del PSOE y el estado de grave detorioro de la democracia en España.
Tanto el 12 de noviembre como el 15 de julio de 2009 pasarán a la historia como dos de los días más aciagos de la democracia española desde la muerte del dictador Franco porque el nuevo sistema de financiación autonómica diseñado por el gobierno de Zapatero quedó aprobado, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en las Cortes, todo un atentado contra la democracia de tal calado y alcance que compite con el nuevo Estatuto de Cataluña y con los GAL por el primer puesto en el ranking español de las salvajadas contra la limpieza democrática.
Es nuevo sistema es tan anticonstitucional como el GAL y el Estatuto catalán, pero supera a ambos en alcance antidemocrático y corrupto porque consagra, a escala nacional, la insolidaridad, la desigualdad y otras lacras políticas como la utilización del dinero público para comprar poder y corromper.
Después de lo ocurrido el 15 de julio, cuando el gobierno, pública e institucionalmente, destrozó principios tan vitales para la drmocracia y la convivencia como la justicia, la equidad y la solidaridad, es difícil encontrar en el mundo entero una democracia que pueda superar a la española en baja calidad.
La democracia española está tan degradada que ha violado todos los grandes principios que los filósofos y pensadores políticos identifican como básicos e imprescindibles del sistema:
El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al dufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
La separación e independencia de los poderes básicos del Estado es otro principio básico de la democracia violado en España. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.
La llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.
Aunque el Partido Popular anuncia que piensa plantar cara en los tribunales al nuevo sistema de financiación autonómica, que el pasado jueves pasó el trámite de la votación en el Congreso de los Diputados y el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, presentará un recurso contra la reforma de la ley por considerar que "desprecia" e "ignora" a los murcianos, esos movimientos no limpian al partido gobernante ni al sistema en pleno de vergüenza y de responsabilidad antidemocrática.
Sacar adelante una ley de esa envergadura comprando voluntades y mediante chapuzas parlamentarias revela la baja ética democrática del PSOE y el estado de grave detorioro de la democracia en España.
Tanto el 12 de noviembre como el 15 de julio de 2009 pasarán a la historia como dos de los días más aciagos de la democracia española desde la muerte del dictador Franco porque el nuevo sistema de financiación autonómica diseñado por el gobierno de Zapatero quedó aprobado, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en las Cortes, todo un atentado contra la democracia de tal calado y alcance que compite con el nuevo Estatuto de Cataluña y con los GAL por el primer puesto en el ranking español de las salvajadas contra la limpieza democrática.
Es nuevo sistema es tan anticonstitucional como el GAL y el Estatuto catalán, pero supera a ambos en alcance antidemocrático y corrupto porque consagra, a escala nacional, la insolidaridad, la desigualdad y otras lacras políticas como la utilización del dinero público para comprar poder y corromper.
Después de lo ocurrido el 15 de julio, cuando el gobierno, pública e institucionalmente, destrozó principios tan vitales para la drmocracia y la convivencia como la justicia, la equidad y la solidaridad, es difícil encontrar en el mundo entero una democracia que pueda superar a la española en baja calidad.
La democracia española está tan degradada que ha violado todos los grandes principios que los filósofos y pensadores políticos identifican como básicos e imprescindibles del sistema:
El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al dufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.
La separación e independencia de los poderes básicos del Estado es otro principio básico de la democracia violado en España. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.
El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.
El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.
La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.
La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".
La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.
La llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.