El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero continúa avanzando por su sucia ruta de desprecio y agresión a la democracia española, a la que ya ha convertido en un despojo sin calidad ni decencia. Ahora pretende renovar órganos reguladores del Estado, que en democracia deben ser independientes, colocando en ellos a sus militantes y altos cargos.
Se trata de un nuevo deterioro de la democracia española, perpetrado por un gobierno que cada día se aleja más de las democracias avanzadas para acercarse al mundo bananero y totalitario.
Con meses de retraso, pero cumpliendo los plazos que exige la ley de Economía Sostenible (LES), el Gobierno propondrá hoy el inicio de la renovación de distintos miembros de dos de los organismos reguladores de mayor trascendencia: la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
El todavía secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, será el nuevo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tras la reunión del próximo consejo de ministros, y muy probablemente Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, sustituirá a Maite Costa al frente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La burda maniobra, inadmisible en democracia, es una maniobra del Partido Socialista, que pretende colocar a militantes destacados en los organismos supervisores para dejarles al mando de los mismos durante los primeros años del mandato popular, si estos logran ganar las elecciones.
La decisión demuestra que, a pesar del desencanto y del rechazo ciudadano, los socialistas no tienen remedio y siguen empeñados en manipular la democracia para que les beneficie a ellos, no al pueblo ni a la nación española.
Muchos analistas y expertos temen que el PSOE, ante la probabilidad de perder las próximas elecciones, intente incrustar a sus cuadros en otros muchos órganos e instituciones. El temor mayor se centra en que pretendan también renovar antes de plazo el Gobernador del Banco de España y el subgobernador de la entidad supervisora.
Para que no se les acuse de pasividad, los populares, en un intento de evitar esa agresión socialista a la decencia democrática, han registrado en el Congreso una proposición de ley para que los presidentes de los organismos reguladores y rectores de la economía, que requieren independencia y libertad en democracia, sean elegidos por el Congreso de los Diputados, con una mayoría de tres quintos. El PP trata de justificar esta iniciativa para que se sitúen al frente de los organismos mencionados personas del mayor prestigio profesional posible.
Sin embargo, ese objetivo no resultará sencillo porque todo indica que los socialistas, en retroceso organizado, más que en preservar la limpieza de la democracia y el bien común, están interesados en colocar piezas claves en los espacios estratégicos del poder, para que ellos cuiden sus intereses cuando los ciudadanos encarguen el gobierno al Partido Popular.
Se trata de un nuevo deterioro de la democracia española, perpetrado por un gobierno que cada día se aleja más de las democracias avanzadas para acercarse al mundo bananero y totalitario.
Con meses de retraso, pero cumpliendo los plazos que exige la ley de Economía Sostenible (LES), el Gobierno propondrá hoy el inicio de la renovación de distintos miembros de dos de los organismos reguladores de mayor trascendencia: la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
El todavía secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, será el nuevo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tras la reunión del próximo consejo de ministros, y muy probablemente Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, sustituirá a Maite Costa al frente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La burda maniobra, inadmisible en democracia, es una maniobra del Partido Socialista, que pretende colocar a militantes destacados en los organismos supervisores para dejarles al mando de los mismos durante los primeros años del mandato popular, si estos logran ganar las elecciones.
La decisión demuestra que, a pesar del desencanto y del rechazo ciudadano, los socialistas no tienen remedio y siguen empeñados en manipular la democracia para que les beneficie a ellos, no al pueblo ni a la nación española.
Muchos analistas y expertos temen que el PSOE, ante la probabilidad de perder las próximas elecciones, intente incrustar a sus cuadros en otros muchos órganos e instituciones. El temor mayor se centra en que pretendan también renovar antes de plazo el Gobernador del Banco de España y el subgobernador de la entidad supervisora.
Para que no se les acuse de pasividad, los populares, en un intento de evitar esa agresión socialista a la decencia democrática, han registrado en el Congreso una proposición de ley para que los presidentes de los organismos reguladores y rectores de la economía, que requieren independencia y libertad en democracia, sean elegidos por el Congreso de los Diputados, con una mayoría de tres quintos. El PP trata de justificar esta iniciativa para que se sitúen al frente de los organismos mencionados personas del mayor prestigio profesional posible.
Sin embargo, ese objetivo no resultará sencillo porque todo indica que los socialistas, en retroceso organizado, más que en preservar la limpieza de la democracia y el bien común, están interesados en colocar piezas claves en los espacios estratégicos del poder, para que ellos cuiden sus intereses cuando los ciudadanos encarguen el gobierno al Partido Popular.