Zapatero se ha autoinculpado al considerarse el principal "responsable" del fracaso económico de España, plasmado en cinco millones de desempleados y más de diez millones de pobres. Rubalcaba, obligado por los hechos, también se ha considerado "corresponsable". Son dos buenos gestos, con los cuales quieren dar por cerrado el capítulo de "estragos" a España que ellos han causado, pero son gestos insuficientes para una sociedad democrática y decente. En política democrática rige el principio de que "el que la hace la paga" y no basta con considerarse responsable sino que también hay que pagar por ello.
Existe una "responsabilidad política" que en las democracias funciona con la dimisión del que ha cometido el error. En España, donde la impunidad política es casi absoluta, ni Zapatero ni Rubalcaba han dimitido. Podrían haberse contraído también otras responsabilidades en el plano del derecho penal, pero son dudosas porque la ley, en España, ha sido configurada para que los poderosos sean impunes y los débiles sean aplastados. Lo que está fuera de toda duda es que tanto Zapatero como Rubalcaba y el resto de la cúpula del "Zapaterismo" deben pagar políticamente por el daño que han causado a España y a los españoles.
Pagar significa dimitir y, si no lo hacen, ser castigados por sus propios partidos. Si eso no ocurre, como es probable en una España donde los grandes partidos políticos nunca fueron democráticos, es el electorado el que debe castigarlos con saña. En buena ley, si España fuera un país poblado por ciudadanos y no por una inmensa manada de borregos esclavos, Rubalcaba no debería recibir ni un sólo voto, ni siquiera los de sus familiares y amigos, porque ese castigo lo dicta la decencia democrática y la ortodoxia ética.
Zapatero, en buena ley y si la democracia fuera real, no debería abandonar el poder para incorporarse como miembro al Consejo de Estado y recibir indemnizaciones, dos pagas, una de ellas vitalicia, y una oficina a su servicio, con funcionarios y presupuesto incluidos, hasta el fin de sus días. La justicia democrática exige para él una condena pública y sonada y una retirada sin honra ni recompensa.
¿Que mérito ha acumulado Zapatero para recibir esos premios de los españoles? Ninguno. Otorgarle esos premios significa reconocer dos cosas: que España no es una democracia y que la casta política es una élite dictatorial y corporativista que impone su criterio a los del ciudadano y a los dictados de la democracia y protege a sus miembros, incluso cuando alguno de ellos, como es el caso de Zapatero, ha gobernado mal y causado al país daños terribles, posiblemente irreparables.
Existe una "responsabilidad política" que en las democracias funciona con la dimisión del que ha cometido el error. En España, donde la impunidad política es casi absoluta, ni Zapatero ni Rubalcaba han dimitido. Podrían haberse contraído también otras responsabilidades en el plano del derecho penal, pero son dudosas porque la ley, en España, ha sido configurada para que los poderosos sean impunes y los débiles sean aplastados. Lo que está fuera de toda duda es que tanto Zapatero como Rubalcaba y el resto de la cúpula del "Zapaterismo" deben pagar políticamente por el daño que han causado a España y a los españoles.
Pagar significa dimitir y, si no lo hacen, ser castigados por sus propios partidos. Si eso no ocurre, como es probable en una España donde los grandes partidos políticos nunca fueron democráticos, es el electorado el que debe castigarlos con saña. En buena ley, si España fuera un país poblado por ciudadanos y no por una inmensa manada de borregos esclavos, Rubalcaba no debería recibir ni un sólo voto, ni siquiera los de sus familiares y amigos, porque ese castigo lo dicta la decencia democrática y la ortodoxia ética.
Zapatero, en buena ley y si la democracia fuera real, no debería abandonar el poder para incorporarse como miembro al Consejo de Estado y recibir indemnizaciones, dos pagas, una de ellas vitalicia, y una oficina a su servicio, con funcionarios y presupuesto incluidos, hasta el fin de sus días. La justicia democrática exige para él una condena pública y sonada y una retirada sin honra ni recompensa.
¿Que mérito ha acumulado Zapatero para recibir esos premios de los españoles? Ninguno. Otorgarle esos premios significa reconocer dos cosas: que España no es una democracia y que la casta política es una élite dictatorial y corporativista que impone su criterio a los del ciudadano y a los dictados de la democracia y protege a sus miembros, incluso cuando alguno de ellos, como es el caso de Zapatero, ha gobernado mal y causado al país daños terribles, posiblemente irreparables.