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La Navidad del 2008 ha sorprendido a España con la conciencia sucia, con una masa creciente de ciudadanos conscientes ya de que su democracia es una cloaca y que está gobernada por una partitocracia cuyas injusticias y abusos quedan sin castigar sólo porque la ley actual, arbitraria y antidemocrática, está hecha y funciona para beneficiar al poder.
Quizás lo único bueno de esta crisis terrible que padecemos es que está abriendo los ojos a los ciudadanos, que ya empiezan a descubrir que la famosa "democracia" española es un bodrio y que el tan cacareado "progreso" de Zapatero conduce a la indigencia y a los comedores de Cáritas.
Cuando la sociedad era próspera y había dinero para todos, las tropelias y abusos del poder eran soportados por una sociedad cobarde como un mal inevitable. Así, dentro de la opulencia que vivió nuestra sociedad durante la última década, las continuas e injustificadas subidas de sueldos de los políticos, sus tarjetas de crédito ilimitadas, pagadas por todos nosotros, sus coches oficiales de lujo y hasta sus abusos de poder e incansable ineficiencia y torpeza podían soportarse porque todos estábamos insensibilizados por la abundancia.
Pero ahora, cuando la pobreza cubre cada día más la sociedad con su manto negro de tristeza e infelicidad, el abuso de poder, la ostentación de los poderosos y la desigualdad, alimentada a diario desde las alturas del poder político, empiezan a ser percibidos por el ciudadano como delitos que nos avergüenzan, merecedores de castigos ejemplares.
Mientras que los ciudadanos caminan hacia la indigencia, no es tolerable pagar más de once millones de euros (casi 2.000 millones de pesetas) de dinero público a un presunto artista, amigo de Zapatero por pintar con mangueras y brochas gordas la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra, como tampoco deben tolerarse las subidas semiclandestinas de sueldos autoaprobadas por muchos políticos españoles, ni el perdón corporativo de una justicia polítizada al juez Tirado, responsable de dejar en libertad a un pederasta asesino, ni el castigo desproporcionado impuesto a Calamita, juez de Murcia, que cometió el error de enfrentarse al poderoso lobby gay, incrustado en el poder, al retrasar una adopción por parte de una pareja de lesbianas.
En tiempos de crisis, cuando la mayoría de los españoles padecen los zarpazos del desempleo y la pobreza, no deberían tolerarse los abusos del poder y las muchas injusticias lacerantes que protagonizan los reyezuelos de la política española, tanto desde la Administración central como desde las taifas regionales y municipales.
Algún dia, cuando la ciudadanía española se sacuda la espantosa cobardía que la paraliza y haya conseguido dignificar la política e instaurar una democracia de ciudadanos, serán considerados delitos los actuales abusos del poder.
Ojalá ese momento llegue pronto porque el hedor que despide la España pública es ya insoportable.
Quizás lo único bueno de esta crisis terrible que padecemos es que está abriendo los ojos a los ciudadanos, que ya empiezan a descubrir que la famosa "democracia" española es un bodrio y que el tan cacareado "progreso" de Zapatero conduce a la indigencia y a los comedores de Cáritas.
Cuando la sociedad era próspera y había dinero para todos, las tropelias y abusos del poder eran soportados por una sociedad cobarde como un mal inevitable. Así, dentro de la opulencia que vivió nuestra sociedad durante la última década, las continuas e injustificadas subidas de sueldos de los políticos, sus tarjetas de crédito ilimitadas, pagadas por todos nosotros, sus coches oficiales de lujo y hasta sus abusos de poder e incansable ineficiencia y torpeza podían soportarse porque todos estábamos insensibilizados por la abundancia.
Pero ahora, cuando la pobreza cubre cada día más la sociedad con su manto negro de tristeza e infelicidad, el abuso de poder, la ostentación de los poderosos y la desigualdad, alimentada a diario desde las alturas del poder político, empiezan a ser percibidos por el ciudadano como delitos que nos avergüenzan, merecedores de castigos ejemplares.
Mientras que los ciudadanos caminan hacia la indigencia, no es tolerable pagar más de once millones de euros (casi 2.000 millones de pesetas) de dinero público a un presunto artista, amigo de Zapatero por pintar con mangueras y brochas gordas la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra, como tampoco deben tolerarse las subidas semiclandestinas de sueldos autoaprobadas por muchos políticos españoles, ni el perdón corporativo de una justicia polítizada al juez Tirado, responsable de dejar en libertad a un pederasta asesino, ni el castigo desproporcionado impuesto a Calamita, juez de Murcia, que cometió el error de enfrentarse al poderoso lobby gay, incrustado en el poder, al retrasar una adopción por parte de una pareja de lesbianas.
En tiempos de crisis, cuando la mayoría de los españoles padecen los zarpazos del desempleo y la pobreza, no deberían tolerarse los abusos del poder y las muchas injusticias lacerantes que protagonizan los reyezuelos de la política española, tanto desde la Administración central como desde las taifas regionales y municipales.
Algún dia, cuando la ciudadanía española se sacuda la espantosa cobardía que la paraliza y haya conseguido dignificar la política e instaurar una democracia de ciudadanos, serán considerados delitos los actuales abusos del poder.
Ojalá ese momento llegue pronto porque el hedor que despide la España pública es ya insoportable.
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