La reacción contra la degradación de la democracia española también está llegando con fuerza a la carrera judicial, donde el número de jueces españoles enfrentados a sus órganos de gobierno por la creciente dependencia de la política y de los partidos crece espectacularmente. Hace un año, eran 1400 (una cuarta parte de toda la carrera judicial) los jueces que se manifestaron contra la polítización y la falta de independencia de la Justicia española, pero hoy son muchos más y el número no para de crecer.
Existen en España cuatro grandes asociaciones de jueces, que reproducen, lamentablemente, la división política en partidos de ideologías e intereses opuestos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora, es la mayoritaria, seguida de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, detrás de la cual va la progresista e influyente Jueces para la Democracia (JpD) y la última es el Foro Judicial Independiente.
Salvo los que se niegan a afiliarse y se declaran pulcramente independientes, muchos jueces españoles se vinculan a tendencias y a partidos, según unos por afinidades políticas y según otros para obtener apoyo de los políticos y prosperar más fácilmente en la carrera judicial.
Uno de los peores dramas de España es la dependencia del poder judicial, que está ampliamente influido y hasta tutelado por los partidos políticos, lo cuales, con una desfachatez antidemocrática insólita en el mundo desarrollado, se atreven a nombrar jueces y magistrados en los grandes tribunales y en los órganos de gobierno, toda una vergüenza que rebaja muchos puntos la calidad de la democracia española.
El hartazgo de la sociedad española ante el desmesurado poder acumulado por los partidos políticos está llegando también a los jueces y magistrados, que cada día se sienten más incómodos ante dos fenómenos típicamente españoles que son indignos de una sociedad avanzada: la antidemocrática politización de la carrera judicial y el lento y pésimo funcionamiento de la Justicia española. Como consecuencia, las voces que se alzan dentro de la carrera, contra los órganos de gobierno y contra los jueces que se someten a los partidos son crecientes y cada vez más indignadas.
La Justicia española está muy viciada en sus bases e infiltrada por los partidos políticos, que intentan que sus asuntos delicados los juzguen siempre jueces afines, con lo que esperan conseguir dosis altas de impunidad.
Cuando un juez se muestra independiente y no se deja influenciar, los partidos políticos y muchos de sus compañeros politizados intentan hacerle la vida imposible y, en algunos casos, logran dificultar su carrera.
El caso de Mercedes Alaya, en Sevilla, es paradigmático. Esa jueza, que, por su valor y firmeza, debería tener un monumento en su honor alzado delante del Tribunal Constitucional, se ha atrevido a enfrentarse a tres grandes poderes en Andalucía, a los que tiene de rodillas juzgándolos con independencia y valentía: al presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, un millonario poderoso, experto en populismo y empresas opacas y con una economía plagada de trucos e irregularidades, al Ayuntamiento de Sevilla, por el escándalo de Mercasevilla, y a la Junta de Andalucía, a la que está poniendo contra las cuerdas por su rigor al juzgar ejemplarmente en el gravísimo escándalo de los EREs falsos, gracias a los cuales se han beneficiado con dinero público muchos cargos socialistas y sindicalistas, que cobran indemnizaciones y pensiones ilegales de empresas en las que nunca habían trabajado.
La pulcritud y la profesionalidad le están costando muy caras a la jueza, que, aunque recibe a diario la felicitación de muchos ciudadanos (sus amigos en facebook son más de mil) y compañeros de carrera, se enfrenta también a presiones, falsos testimonios y descalificaciones lanzadas desde despachos y cloacas del poder para desacreditarla y desestabilizarla. Sin embargo, la mujer resiste y continúa adelante con una ejemplar firmeza, utilizando la escoba y el bisturí contra la legión de sinvergüenzas incrustados en las alturas del poder en España.
Existen en España cuatro grandes asociaciones de jueces, que reproducen, lamentablemente, la división política en partidos de ideologías e intereses opuestos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora, es la mayoritaria, seguida de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, detrás de la cual va la progresista e influyente Jueces para la Democracia (JpD) y la última es el Foro Judicial Independiente.
Salvo los que se niegan a afiliarse y se declaran pulcramente independientes, muchos jueces españoles se vinculan a tendencias y a partidos, según unos por afinidades políticas y según otros para obtener apoyo de los políticos y prosperar más fácilmente en la carrera judicial.
Uno de los peores dramas de España es la dependencia del poder judicial, que está ampliamente influido y hasta tutelado por los partidos políticos, lo cuales, con una desfachatez antidemocrática insólita en el mundo desarrollado, se atreven a nombrar jueces y magistrados en los grandes tribunales y en los órganos de gobierno, toda una vergüenza que rebaja muchos puntos la calidad de la democracia española.
El hartazgo de la sociedad española ante el desmesurado poder acumulado por los partidos políticos está llegando también a los jueces y magistrados, que cada día se sienten más incómodos ante dos fenómenos típicamente españoles que son indignos de una sociedad avanzada: la antidemocrática politización de la carrera judicial y el lento y pésimo funcionamiento de la Justicia española. Como consecuencia, las voces que se alzan dentro de la carrera, contra los órganos de gobierno y contra los jueces que se someten a los partidos son crecientes y cada vez más indignadas.
La Justicia española está muy viciada en sus bases e infiltrada por los partidos políticos, que intentan que sus asuntos delicados los juzguen siempre jueces afines, con lo que esperan conseguir dosis altas de impunidad.
Cuando un juez se muestra independiente y no se deja influenciar, los partidos políticos y muchos de sus compañeros politizados intentan hacerle la vida imposible y, en algunos casos, logran dificultar su carrera.
El caso de Mercedes Alaya, en Sevilla, es paradigmático. Esa jueza, que, por su valor y firmeza, debería tener un monumento en su honor alzado delante del Tribunal Constitucional, se ha atrevido a enfrentarse a tres grandes poderes en Andalucía, a los que tiene de rodillas juzgándolos con independencia y valentía: al presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, un millonario poderoso, experto en populismo y empresas opacas y con una economía plagada de trucos e irregularidades, al Ayuntamiento de Sevilla, por el escándalo de Mercasevilla, y a la Junta de Andalucía, a la que está poniendo contra las cuerdas por su rigor al juzgar ejemplarmente en el gravísimo escándalo de los EREs falsos, gracias a los cuales se han beneficiado con dinero público muchos cargos socialistas y sindicalistas, que cobran indemnizaciones y pensiones ilegales de empresas en las que nunca habían trabajado.
La pulcritud y la profesionalidad le están costando muy caras a la jueza, que, aunque recibe a diario la felicitación de muchos ciudadanos (sus amigos en facebook son más de mil) y compañeros de carrera, se enfrenta también a presiones, falsos testimonios y descalificaciones lanzadas desde despachos y cloacas del poder para desacreditarla y desestabilizarla. Sin embargo, la mujer resiste y continúa adelante con una ejemplar firmeza, utilizando la escoba y el bisturí contra la legión de sinvergüenzas incrustados en las alturas del poder en España.