En una verdadera democracia, miles de políticos españoles estarían hoy en la cárcel y otros miles habrían dimitido, pero la inmensa mayoría están libres y ni se les castiga ni se les reclama lo que han robado. Ese es el gran drama de España, una grave ofensa a la decencia y a la dignidad democrática que pide a gritos el "finiquito" de este maldito régimen.
La larga fila de políticos encarcelados estaría encabezada por los que saquearon las cajas de ahorro, seguidos por los que ampararon la inmensa y sucia estafa de las participaciones preferentes, detrás de los cuales irían los que mintieron con ánimo de engañar, capitaneados por Zapatero y Solbes, por camuflar y ocultar datos económicos para ganar las elecciones generales de 2008, los que se enriquecieron ilegalmente con el urbanismo, los que no pueden explicar sus ricos patrimonios, los que concedieron subvenciones y contratos a cambio de comisiones, los que cobraron sobres en negro de sus partidos, los que compraron votos para mantenerse en el poder, los que siembran la división y el odio desde sus estrados políticos, los que utilizaron el dinero para combatir el desempleo en EREs mafiosos que beneficiaban a sus amigos, los que propiciaron, desde la izquierda, un sindicalismo corrupto y experto en facturas falsas, comilonas y comisiones, los que, como Izquierda Unida, renuncian a ideas y principios hasta poder gobernar con el socialismo en Andalucía, con al derecha en Extremadura y con el nacionalismo mas feroz y radical en el País Vasco y Cataluña, los que protegen a los asesinos, los que ocultan bienes ilícitos en paraísos fiscales, los miles de defraudadores a la Hacienda pública, los que colocaron a dedo a sus amigos en el Estado, marginando a otros con mas derechos y miles de canallas y delincuentes que se provecharon del poder para medrar, anteponiendo una y otra vez sus propios intereses al bien común.
No es seguro que pisaran la cárcel pero por lo menos deberían quedar eternamente inhabilitados para cargos públicos aquellos que mintieron a los ciudadanos, los que se endeudaron irresponsablemente, los despilfarradores, los que contratan empresas sin pagarles, arruinándolas, y los que se niegan a adelgazar un Estado tan grueso y desproporcionado que pesa como una losa de plomo sobre la economía española, la arruina e impide despegar a la sociedad.
En la cárcel deberían estar también los que incumplieron sus funciones de vigilancia desde el Banco de España y otros organismos reguladores, permitiendo así que la economía española se hiciera corrupta y mafiosa. También aquellos que subieron injustamente los impuestos y dilapidaron el dinero de la hucha de las pensiones.
Si a la larguísima lista de merecedores de prisión se agregaran los que incumplieron la Constitución, los que, por su alta representación institucional y política, tenían el deber de ser ejemplares y fueron todo lo contrario, ejemplos de corrupción y vicio, aquellos que, desde los partidos políticos, violaron el mandato de practicar la democracia interna, sin olvidar a los que, de manera reiterada y vergonzosa, anteponen sus intereses al interés general, no habría en España ni en toda Europa cárceles suficientes para albergar a la populosa y abigarrada tribu delictiva española.
¿Por qué la sociedad no se dota de defensas que impidan mentir a sus dirigentes, delinquir y abusar del poder? Lo correcto sería inspirarse en la democracia vigente en la Atenas Clásica, donde los cargos públicos que mentían a la Asamblea o violaban las leyes eran condenados al ostracismo, a la cárcel, al exilio o a morir. Introducir una legislación que permita castigar a los que dinamiten la democracia y la decencia es mas urgente en España que cualquier otra reforma. Hacerlo significaría derrotar a la corrupción y al mal gobierno, los dos peores enemigos de los sufridos y maltratados españoles.
La larga fila de políticos encarcelados estaría encabezada por los que saquearon las cajas de ahorro, seguidos por los que ampararon la inmensa y sucia estafa de las participaciones preferentes, detrás de los cuales irían los que mintieron con ánimo de engañar, capitaneados por Zapatero y Solbes, por camuflar y ocultar datos económicos para ganar las elecciones generales de 2008, los que se enriquecieron ilegalmente con el urbanismo, los que no pueden explicar sus ricos patrimonios, los que concedieron subvenciones y contratos a cambio de comisiones, los que cobraron sobres en negro de sus partidos, los que compraron votos para mantenerse en el poder, los que siembran la división y el odio desde sus estrados políticos, los que utilizaron el dinero para combatir el desempleo en EREs mafiosos que beneficiaban a sus amigos, los que propiciaron, desde la izquierda, un sindicalismo corrupto y experto en facturas falsas, comilonas y comisiones, los que, como Izquierda Unida, renuncian a ideas y principios hasta poder gobernar con el socialismo en Andalucía, con al derecha en Extremadura y con el nacionalismo mas feroz y radical en el País Vasco y Cataluña, los que protegen a los asesinos, los que ocultan bienes ilícitos en paraísos fiscales, los miles de defraudadores a la Hacienda pública, los que colocaron a dedo a sus amigos en el Estado, marginando a otros con mas derechos y miles de canallas y delincuentes que se provecharon del poder para medrar, anteponiendo una y otra vez sus propios intereses al bien común.
No es seguro que pisaran la cárcel pero por lo menos deberían quedar eternamente inhabilitados para cargos públicos aquellos que mintieron a los ciudadanos, los que se endeudaron irresponsablemente, los despilfarradores, los que contratan empresas sin pagarles, arruinándolas, y los que se niegan a adelgazar un Estado tan grueso y desproporcionado que pesa como una losa de plomo sobre la economía española, la arruina e impide despegar a la sociedad.
En la cárcel deberían estar también los que incumplieron sus funciones de vigilancia desde el Banco de España y otros organismos reguladores, permitiendo así que la economía española se hiciera corrupta y mafiosa. También aquellos que subieron injustamente los impuestos y dilapidaron el dinero de la hucha de las pensiones.
Si a la larguísima lista de merecedores de prisión se agregaran los que incumplieron la Constitución, los que, por su alta representación institucional y política, tenían el deber de ser ejemplares y fueron todo lo contrario, ejemplos de corrupción y vicio, aquellos que, desde los partidos políticos, violaron el mandato de practicar la democracia interna, sin olvidar a los que, de manera reiterada y vergonzosa, anteponen sus intereses al interés general, no habría en España ni en toda Europa cárceles suficientes para albergar a la populosa y abigarrada tribu delictiva española.
¿Por qué la sociedad no se dota de defensas que impidan mentir a sus dirigentes, delinquir y abusar del poder? Lo correcto sería inspirarse en la democracia vigente en la Atenas Clásica, donde los cargos públicos que mentían a la Asamblea o violaban las leyes eran condenados al ostracismo, a la cárcel, al exilio o a morir. Introducir una legislación que permita castigar a los que dinamiten la democracia y la decencia es mas urgente en España que cualquier otra reforma. Hacerlo significaría derrotar a la corrupción y al mal gobierno, los dos peores enemigos de los sufridos y maltratados españoles.