Los funcionarios españoles acaban de obtener más privilegios, esta vez un permiso de paternidad de diez días para el padre y el derecho a no permanecer en el puesto de trabajo a partir de las 18.00 horas. Son privilegios comprendidos en el Plan Integral de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la Administración General del Estado, presentados por el ministro Jordi Sevilla (aunque tendrá que aprobarlos el Congreso), pero la jugada podría resultar un error político porque los ciudadanos se han vuelto más exigentes y sospechan que esos privilegios podrían ser contrarios a la Constitución.
¿Es lícito que el Estado, que es subsidiario y está al servicio del ciudadano, beneficie a una parte de la sociedad, precisamente a los que trabajan para él, sin extender esos beneficios al resto del cuerpo social? ¿No atenta esa medida, directamente, contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución? ¿No sería más lógico extender esos privilegios al resto de los trabajadores españoles y que lo haga el gobierno, que tiene poder para aprobar la correspomdiente ley en el Parlamento?
Antes, cuando el ciudadano vivía atemorizado ante el Estado e ignorando sus derechos, estas cosas podían hacerse y, de hecho, se hicieron con frecuencia, con independencia de que fueran o no justas o lícitas, pero hoy ya no es tan fácil. De hecho, cualquier experto en derecho político o laboral diría que la medida aprobada por Caldera si no atenta contra la Constitución representa al menos una bofetada política al principio de igualdad consagrado en las democracias.
¿Es lícito que el Estado, que es subsidiario y está al servicio del ciudadano, beneficie a una parte de la sociedad, precisamente a los que trabajan para él, sin extender esos beneficios al resto del cuerpo social? ¿No atenta esa medida, directamente, contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución?.
Antes, cuando el ciudadano vivía atemorizado ante el Estado e ignorando sus derechos, estas cosas podían hacerse y, de hecho, se hicieron con frecuencia, con independencia de que fueran o no justas o lícitas, pero hoy ya no es tan fácil. De hecho, cualquier experto en derecho político o laboral diría que la medida aprobada por Caldera si no atenta contra la Constitución representa al menos una bofetada política al principio de igualdad consagrado en las democracias.
¿Es lícito que el Estado, que es subsidiario y está al servicio del ciudadano, beneficie a una parte de la sociedad, precisamente a los que trabajan para él, sin extender esos beneficios al resto del cuerpo social? ¿No atenta esa medida, directamente, contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución? ¿No sería más lógico extender esos privilegios al resto de los trabajadores españoles y que lo haga el gobierno, que tiene poder para aprobar la correspomdiente ley en el Parlamento?
Antes, cuando el ciudadano vivía atemorizado ante el Estado e ignorando sus derechos, estas cosas podían hacerse y, de hecho, se hicieron con frecuencia, con independencia de que fueran o no justas o lícitas, pero hoy ya no es tan fácil. De hecho, cualquier experto en derecho político o laboral diría que la medida aprobada por Caldera si no atenta contra la Constitución representa al menos una bofetada política al principio de igualdad consagrado en las democracias.
¿Es lícito que el Estado, que es subsidiario y está al servicio del ciudadano, beneficie a una parte de la sociedad, precisamente a los que trabajan para él, sin extender esos beneficios al resto del cuerpo social? ¿No atenta esa medida, directamente, contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución?.
Antes, cuando el ciudadano vivía atemorizado ante el Estado e ignorando sus derechos, estas cosas podían hacerse y, de hecho, se hicieron con frecuencia, con independencia de que fueran o no justas o lícitas, pero hoy ya no es tan fácil. De hecho, cualquier experto en derecho político o laboral diría que la medida aprobada por Caldera si no atenta contra la Constitución representa al menos una bofetada política al principio de igualdad consagrado en las democracias.