Muchos están indignados en Marbella por el cariz que están tomando los acontecimientos y por el rumbo de la famosa "Operación Malaya", que parece estar orientada a culpar a los empresarios de la terrible corrupción reinante en el municipio, cuando los auténticos culpables han sido los políticos, tanto los corruptos que han impuesto los maletines como norma habitual para relacionarse con el sector público como los que tenían la obligación de velar por la pulcritud democrática desde la Junta de Andalucía, y no lo han hecho.
La carta que publicó el promotor inmobiliario José Ávila Rojas en "El Mundo", el viernes 18 de agosto, es una prueba patente de la indignación que sienten los empresarios, muchos de los cvuales se sienten injustamente perseguidos por la Justicia, cuando lo único que han hecho es firmar convenios con un ayuntamiento corrompido y, en el peor de los casos, pagar el peaje que le han impuesto desde una política corrupta.
Tras explicar que lleva trabajando desde los catorce años y que en esos largos años ha construido más de 100.000 viviendas en muchos países, José Ávila Rojas, uno de los inculpados en la "Operación Malaya", afirma que lo que él y otros han hecho en Marbella es someterse a las reglas que le imponían desde el Ayuntamiento y que desconocía la posibilidad de que un ayuntamiento pudiera otorgar licencias de obra sin valor, indicando que lo que ha fallado en Marbella es la fiabilidad de la política."Nunca me había ocurrido algo así". dice.
El escrito finaliza reiterando que el urbanismo es potestad de la Administración y que son las administraciones públicas las que fijan los parámetros y sistemas, alineaciones, volúmenes, etc", coincidiendo así con una opinión que es prácticamente unánime en el empresariado andaluz: En Marbella, lo que ha fallado es la política y los políticos, pero se quiere inculpar a los empresarios para disimular la gravedad de la corrupción.
Tomás Olivo, dueño del centro comercial "La Cañada", uno de los inculpados, acaba de ver como sus cargos han sido archivados, después de que el juez ha comprobado que sus movimientos empresariales fueron todos legales. Pero su imagen está dañada porque la prensa le ha perseguido y hostigado como si fuera un delincuente ¿Quién va a restituirle el prestigio dañado? Como él hay otros muchos inculpados por haber firmado "convenios" con las autoridades municipales corruptas o, en el peor de los casos, por haber cometido el "delito" de pagar a los políticos el peaje que, como autoridades constitucionales y democráticas, exigían.
Los políticos son los que han violado su deber de respetar las leyes democráticas, corrompiendo la administración y a sus interlocutores, al mismo tiempo que atilizaban el poder democrático para enriquecerse. Si los políticos españoles culpables de corrupción fueran tratados por la justicia con el mismo rigor con el que son tratados los empresarios, las cárceles se llenarían en pocas semanas. No nos cabe duda porque Marbella no es una isla corrupta sino sólo una isla del archipielago de la corrupción, y ni siquiera la isla mayor.
La carta que publicó el promotor inmobiliario José Ávila Rojas en "El Mundo", el viernes 18 de agosto, es una prueba patente de la indignación que sienten los empresarios, muchos de los cvuales se sienten injustamente perseguidos por la Justicia, cuando lo único que han hecho es firmar convenios con un ayuntamiento corrompido y, en el peor de los casos, pagar el peaje que le han impuesto desde una política corrupta.
Tras explicar que lleva trabajando desde los catorce años y que en esos largos años ha construido más de 100.000 viviendas en muchos países, José Ávila Rojas, uno de los inculpados en la "Operación Malaya", afirma que lo que él y otros han hecho en Marbella es someterse a las reglas que le imponían desde el Ayuntamiento y que desconocía la posibilidad de que un ayuntamiento pudiera otorgar licencias de obra sin valor, indicando que lo que ha fallado en Marbella es la fiabilidad de la política."Nunca me había ocurrido algo así". dice.
El escrito finaliza reiterando que el urbanismo es potestad de la Administración y que son las administraciones públicas las que fijan los parámetros y sistemas, alineaciones, volúmenes, etc", coincidiendo así con una opinión que es prácticamente unánime en el empresariado andaluz: En Marbella, lo que ha fallado es la política y los políticos, pero se quiere inculpar a los empresarios para disimular la gravedad de la corrupción.
Tomás Olivo, dueño del centro comercial "La Cañada", uno de los inculpados, acaba de ver como sus cargos han sido archivados, después de que el juez ha comprobado que sus movimientos empresariales fueron todos legales. Pero su imagen está dañada porque la prensa le ha perseguido y hostigado como si fuera un delincuente ¿Quién va a restituirle el prestigio dañado? Como él hay otros muchos inculpados por haber firmado "convenios" con las autoridades municipales corruptas o, en el peor de los casos, por haber cometido el "delito" de pagar a los políticos el peaje que, como autoridades constitucionales y democráticas, exigían.
Los políticos son los que han violado su deber de respetar las leyes democráticas, corrompiendo la administración y a sus interlocutores, al mismo tiempo que atilizaban el poder democrático para enriquecerse. Si los políticos españoles culpables de corrupción fueran tratados por la justicia con el mismo rigor con el que son tratados los empresarios, las cárceles se llenarían en pocas semanas. No nos cabe duda porque Marbella no es una isla corrupta sino sólo una isla del archipielago de la corrupción, y ni siquiera la isla mayor.